El gobierno de Chile lanzó un millonario plan de inversiones sociales en La Legua, una barriada popular del sur de la capital considerada hasta ahora uno de los focos más activos del narcotráfico en el país.
Los 24.400 habitantes de La Legua esperan que esta intervención social los libre de los delincuentes y de todo estigma y les permita recuperar su dignidad.
«Decir que eres de La Legua es como decir 'soy narco' o delincuente. Nadie te va a dar trabajo y, si estudias, todos tus compañeros te van a mirar con sospecha», dijo a IPS Ramiro Urzúa, de 28 años.
Urzúa, un mecánico de automóviles que lleva seis meses desempleado, es uno de los casos prototípicos de La Legua, donde la tasa de desocupación se calcula en torno a 16 por ciento de la población económicamente activa, frente a un promedio nacional de 10,2 por ciento.
El plan social, anunciado el 7 de este mes, contempla una inversión del orden de 1,5 millones de dólares y comprende una serie de obras de infraestructura, además de la ejecución de programas educativos, deportivos y de capacitación.
El propósito del programa, según el ministro del Interior, José Miguel Insulza, es sumar los esfuerzos del gobierno, del municipio, de entidades empresariales, comunitarias y religiosas y contar con el apoyo de unas 50 organizaciones no gubernamentales.
La «población», como se llama en Chile a los barrios surgidos en la periferia de las urbes, comenzó a nacer paulatinamente hace unos 50 años y hoy cuenta con tres sectores: La Legua Vieja, La Legua Nueva y La Legua Emergencia.
Precisamente, La Legua Emergencia, construida hace 10 años para instalar a habitantes de campamentos (viviendas precarias) erradicados de otros puntos de Santiago, es la que se ha convertido en un centro del narcotráfico.
Con una nomenclatura inspirada en la situación colombiana, se comenzó a hablar a mediados de la década anterior del «cartel de La Legua», como una de las más poderosas organizaciones delictivas de Chile.
Las crónicas policiales se llenaron de informes sobre narcotraficantes, que en medio de la estrechez de las callejuelas del sector Emergencia, circulaban en lujosos automóviles último modelo y llenaban sus casas de costosos electrodomésticos.
Así, se empezó a gestar un enclave de «economía de la droga», en que los vecinos más modestos pasaron a ser dependientes y colaboradores de los prósperos «narcos», empujados por la marginalidad social y el desempleo.
Una promotora de ventas de una compañía telefónica contó a IPS que en una visita a La Legua pudo observar dentro de las casas a niños pequeños preparando «papelillos» de cocaína y de pasta base del alcaloide para los distribuidores.
«Algunos niños incluso fumaban pasta base mientras trabajaban, y lo que más me llamó la atención es que lo hacían con total naturalidad, sin que mi presencia les importara a ellos ni a sus padres», agregó Norma, quien pidió ser identificada sólo con su nombre de pila.
La Legua volvió a ocupar las primeras páginas de la prensa policial el 23 de septiembre, cuando una disputa entre bandas rivales de narcotraficantes culminó con el asesinato de José Ortega Lara.
En sus funerales, su tía, María Lara Sandoval, juró vengarse de los homicidas de su sobrino y ante las cámaras de la televisión se proclamó como «la reina de la pasta base».
La mujer fue capturada por la policía tres días después y el 29 de octubre el juez a cargo de la investigación del crimen, Claudio Pavez, dispuso un vasto operativo policial en La Legua Emergencia, cuyas casas fueron allanadas durante tres días.
El objetivo de la diligencia era descubrir túneles de comunicación y para ocultar armas, que habrían construido allí las bandas de «narcos».
El alcalde del municipio de San Joaquín, Ramón Farías, a cuya jurisdicción pertenece La Legua, insistió en esa oportunidad que el problema del narcotráfico no era de solución policial sino fundamentalmente social.
La acción combinada de efectivos uniformados de Carabineros (policía) y agentes civiles de la Policía de Investigaciones trajo a la memoria los allanamientos nocturnos masivos que se practicaron en la década de los años 80 en La Legua y otras poblaciones, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
A diferencia de esos episodios, en esta ocasión no hubo maltratos de los habitantes ni arrestos masivos de sospechosos, sino que se respetaron los derechos de las personas, señaló Farías.
Carmen Fuentes, de 40 años, recordó que en la época de la dictadura tenían que aprovisionarse de baldes con agua, limones y sal para contrarrestar los gases lacrimógenos que lanzaban indiscriminadamente los carabineros y militares durante los allanamientos.
El gobierno de Ricardo Lagos, mientras se multiplicaban las protestas por estos últimos allanamientos, dio los detalles finales del plan social, recogiendo en gran parte las demandas del alcalde Farías, quien había propuesto iniciativas que demandaban una inversión del orden de 1,8 millones de dólares.
Farías, un ex actor de teatro y militante del cogobernante Partido Por la Democracia, se declaró satisfecho por la suma de 1,5 millones de dólares otorgada finalmente por las autoridades.
Lo fundamental, ahora, es sumar al plan el aporte solidario del conjunto de los chilenos y de organización de los propios «pobladores».
Tres universidades y una escuela de música ya anunciaron su decisión de otorgar becas y dar otras facilidades de acceso a sus aulas a los jóvenes de La Legua. Los vecinos del sector más cuestionado crearon a su vez la Red OLE: Red de Organizaciones de La Legua Emergencia.
El viceministro del Interior, Jorge Correa, señaló que los narcotraficantes se están trasladando desde La Legua hacia los barrios residenciales de Santiago, gracias a la persecución policial y judicial y al plan de inversiones sociales.
La duda es si efectivamente los planes de empleo, educación y capacitación lograrán contrarrestar entre los habitantes el atractivo del dinero fácil de la droga.
«Nosotros no les estamos ofreciendo nada a los narcotraficantes. Les estamos diciendo 'váyanse, no los queremos aquí'. Lo que se está ofreciendo es para la gente honrada y los jóvenes», dijo el alcalde Farías al diario El Mercurio. (FIN/IPS/ggr/dm/dv ip/01
