América Latina y el Caribe deben destinar más recursos, ampliar su legislación y mejorar la coordinación de planes sociales para combatir con eficacia la explotación sexual infantil, según delegados de gobiernos y grupos civiles reunidos en la capital uruguaya.
Los representantes latinoamericanos finalizaron este viernes el Congreso Gubernamental Regional sobre Explotación Sexual Infantil, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Interamericano del Niño (IIN).
El documento final de esta reunión de tres días será presentado en el Congreso Mundial sobre Explotación Sexual y Comercial de Niños y Niñas, previsto para diciembre en Yokohama, Japón.
Los países y organizaciones se comprometieron además a promover la creación de bases de datos comunes, «que permitan el análisis de la información acumulada en la región y la evaluación y seguimiento del fenómeno, así como de las políticas sociales contra la explotación sexual infantil y el tráfico de niños».
También pusieron énfasis en solicitar la colaboración de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para poner en práctica esas políticas en favor de niños y niñas.
En materia de prevención, los asistentes al Congreso subrayaron la importancia de desarrollar estrategias de educación primaria y secundaria con perspectivas de género, «que aseguren el acceso equitativo y la cobertura universal para todos los niños, niñas y adolescentes».
Por otra parte, acordaron «promover acciones que modifiquen los patrones sociales de conducta, incluyendo programas de educación para alcanzar la eliminación de los prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas basadas en la idea de la superioridad o inferioridad de cualquiera de los géneros».
La reunión de consulta de Montevideo fue una de las seis programadas en preparación del encuentro mundial.
El primer encuentro regional se realizó en octubre en Bangkok y convocó a representantes de Asia oriental y del Pacífico, el segundo fue ese mismo mes en Rabat y reunió a delgados de Africa y Medio Oriente, mientras que a comienzos de este noviembre se concretó el de Asia meridional en Dhaka.
Para completar el cronograma, Budapest congregará a fines de este mes a delegados de Europa y Asia central, en tanto la nororiental ciudad estadounidense de Filadelfia será sede en diciembre de la reunión regional de América del Norte.
Pero estos encuentros también tienen el propósito de evaluar los avances logrados desde el congreso mundial anterior, que reunió a representantes de 122 países y activistas en agosto de 1996 en Estocolmo.
En la cita realizada en Uruguay se presentaron estudios de situación y experiencias sobre la infancia de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, así como un informe del IIN pedido por la OEA.
También presentaron su visión del problema delegados de las organizaciones no gubernamentales Focal Point on Sexual Explotation of Children, con sede en Ginebra, Defensa de los Niños Internacional, radicada en Costa Rica, y ECPAT International.
En las conclusiones se reconoce que los países latinoamericanos realizaron en los últimos cinco años «esfuerzos importantes» para combatir el problema, pero advierte que sólo algunos desarrollaron los programas nacionales acordados en Estocolmo y que, además, no fueron aplicados de manera adecuada.
Los países firmantes de la declaración de Estocolmo se habían comprometido a destinar más dinero, promover la cooperación entre todos los sectores, a penalizar todas las formas de explotación sexual infantil, crear una nueva legislación de protección a la infancia y recuperar e integrar a las víctimas.
Además, se habían fijado las metas de desarrollar en 2000 una agenda y planes de acción locales contra la explotación sexual comercial de niños y niñas, y establecer bases de datos sobre la incidencia del problema.
Sin embargo, los representantes latinoamericanos admitieron que muchos de estos objetivos no se alcanzaron por falta de recursos financieros, y que los estudios sobre el problema «no profundizaron en la motivación de los explotadores sexuales y en las formas de desalentar la demanda».
El Congreso destacó que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe adecuaron sus leyes a la Convención de los Derechos del Niño, pero subrayó que «urge continuar adecuando las legislaciones nacionales a los nuevos tratados internacionales de derechos humanos».
«En particular los códigos penales y de procedimiento penal para proteger a los niñas y niños de la explotación sexual comercial y no comercial y sancionar a los explotadores», señala el documento.
«Es imprescindible una mejor y más amplia cooperación regional e internacional entre los países para combatir el problema de forma eficaz, debiendo incluirse a los organismos nacionales que trabajen en la temática», añade.
Por último, los representantes instaron a poner énfasis en la despenalización de los niños, niñas y adolescentes víctimas, en la persecución penal de los explotadores y en los métodos «para impedir el ciclo de impunidad».
El Congreso creó un grupo de trabajo que hará el seguimiento de los compromisos y convocó a una nueva reunión para 2004, con el fin de evaluar los resultados. (FIN/IPS/rp/dm/hd/01
