La Oficina del representante de Comercio exterior de Estados Unidos fue acusada este viernes ante un tribunal de distrito por negarse a entregar documentos sobre la posición oficial en las negociaciones de libre comercio con Chile.
Organizaciones ambientalistas de Estados Unidos y Chile solicitaron los documentos para examinar el impacto sobre los ecosistemas del acuerdo de libre comercio que discuten ambos países.
La acusación contra el representante de Comercio, Robert Zoellick, se amparó en la Ley de Libertad de Información, y sostuvo que los documentos solicitados debían haber sido entregados antes del 25 de julio.
La Oficina del representante de Comercio, encargada de las negociaciones, no hizo declaraciones este viernes, ya que la mayoría de sus integrantes se encuentran en Qatar, en la cuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio.
La demanda fue presentada por las organizaciones Earthjustice, de California, el Centro Internacional por las Leyes Ambientales, Amigos de la Tierra y Ciudadano Público.
En el pasado, la Oficina del representante de Comercio argumentó que las negociaciones de libre comercio están excluidas de la Ley de Libertad de Información, porque la norma no les obliga a entregar datos sobre comunicaciones internas entre organismos gubernamentales.
Los demandantes alegaron que los documentos solicitados no están contemplados por esta excepción, dado que el representante de Comercio ya los había entregado a un gobierno extranjero.
Si los ciudadanos desconocen los detalles de las negociaciones hasta que finalicen, no podrán dar su opinión sobre tratados que afectarán directamente su vida y salud, advirtió Martin Wagner, director de programas internacionales de Earthjustice.
Las consecuencias ambientales de los acuerdos comerciales pueden ser funestas, y en general, las decisiones se toman a puertas cerradas, sin supervisión ni participación del público, señaló Wagner.
Los activistas temen que el acuerdo bilateral con Chile incluya disposiciones de protección de la inversión como las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que vincula a Canadá, Estados Unidos y México.
Esas disposiciones permiten a las empresas demandar a países cuyas leyes ambientales y de salud pública inhiban el comercio. En muchos casos, aseguraron los activistas, las compañías han utilizado ese capítulo del TLCAN como arma estratégica contra la seguridad ambiental y pública.
«El público debe saber si los negociadores pretenden dar a los inversores extranjeros el derecho a pasar por encima de las medidas de protección ambiental», dijo David Waskow, coordinador de comercio y políticas de inversión de la organización Amigos de la Tierra.
La preocupación ante esas disposiciones del TLCAN aumentó cuando tres jueces dictaminaron el año pasado que México violó las normas y lo obligaron a pagar 16 millones de dólares a la compañía estadounidense de tratamiento de desechos Metalclad.
A comienzos de los años 80, Metalclad recibió la aprobación del gobierno mexicano para la construcción de una planta de desechos para procesar hasta 360.000 toneladas de materiales tóxicos por año.
Un estudio sobre el impacto ambiental del proyecto reveló que el sitio de las obras se hallaba sobre un curso subterráneo de agua. Las autoridades locales mexicanas declararon la zona reserva ecológica y negaron a Metalclad permiso para llevar a cabo el proyecto.
Pero el tribunal del TLCAN equiparó la medida a la expropiación de las ganancias de la compañía estadounidense. El gobierno de México pagó la multa el mes pasado.
Este tipo de casos condujo a las organizaciones ecologistas a oponerse a la solicitud del presidente George W. Bush al Congreso de la facultad de la «vía rápida» para negociar nuevos acuerdos comerciales.
En marzo, defensores del ambiente demandaron al representante de Comercio por negarse a hacer públicos documentos entregados a otros países sobre las negociaciones para conformar el Area de Libre de Comercio de las Américas (ALCA), que buscan integrar a los 34 países del hemisferio en una zona común de comercio e inversión.
Al igual que en las negociaciones comerciales con Chile, las conversaciones de ALCA se mantuvieron en secreto y los activistas se preguntan si las autoridades comerciales de Estados Unidos piensan incluir la norma de protección de inversiones también en este caso. (FIN/IPS/tra-en/dk/lp-ff/en if/01
