Unos tres millones de discapacitados de Venezuela aguardan con expectativa la promulgación de una ley que rompe barreras arquitectónicas y les garantizará el derecho a estudiar y trabajar, un singular avance en la lucha contra la discriminación.
La iniciativa fue presentada ante la Asamblea Nacional (parlamento) por el Consejo Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas (Conapi), creado en 1993 en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
El proyecto de ley, elaborado en colaboración con organizaciones de personas con capacidades diferentes, recoge los fundamentos de los derechos humanos contemplados en la Constitución.
«Era una deuda que teníamos desde hace siglos», dijo a IPS el presidente del Conapi, Lenín Molina, un profesor universitario con discapacidades motrices y extensa trayectoria en organizaciones no gubernamentales que asumió el cargo en diciembre de 1999.
Molina fue convocado por el presidente Hugo Chávez para impulsar la política de atención integral al discapacitado, en el marco del proceso de transformaciones institucionales iniciado por su gobierno tras asumir en febrero de 1999 y que denominara «revolución social bolivariana».
El proyecto contempla ayudas económicas para la adquisición de sillas de ruedas, regletas para ciegos y audífonos para sordos, así como la eliminación de barreras arquitectónicas en las calles y edificios para permitir el libre acceso de los discapacitados.
Uno de los artículos, por ejemplo, indica que en un mínimo de dos años, a partir de que entre en vigor la ley, las calles, edificios y el transporte público de pasajeros deberán contar con rampas de acceso.
Quienes no cumplan la normativa serán sancionados con multas, cuya aplicación será responsabilidad del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat).
También se prevé la atención médica gratuita, suministro de medicamentos y condiciones favorables para la adquisición de viviendas y vehículos para todos aquellos con discapacidades diferentes.
Además, se formaliza el uso del «animal de servicio», en referencia a los perros guía que acompañan a los ciegos, para que puedan circular sin dificultades, ya que deben ser considerados como «ayudantes» y no como mascotas.
Molina, quien además se desempeña como profesor en la Universidad Central de Venezuela, incluyó en el texto del proyecto de ley la necesidad de crear centros informáticos especiales para estudiantes universitarios con discapacidad.
En la actualidad hay unos 200 discapacitados que estudian derecho, periodismo y diplomacia, entre otras carreras, que afrontan dificultades para investigar y capacitarse debido a que no existen salas acondicionadas al respecto.
El novedoso plan universitario será realizado conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha dado el visto bueno y espera la aprobación de la ley para comenzar las tareas.
El presidente del Conapi anunció que se está tramitando la adquisición de sillas de ruedas, audífonos, bastones y regletas a menor precio y con impuestos de importación rebajados, para ofrecerlos a los discapacitados pobres.
«Si yo no tuviera una silla de ruedas, no podría andar por las calles, ni hacer las actividades que encaro en la actualidad», apuntó Molina.
Una silla de ruedas simple cuesta hoy unos 250 dólares, mientras que las más sofisticadas superan los 3.000 dólares, explicó a modo de ejemplo.
La dotación de los equipos es una de las prioridades del gobierno, y para ello ha destinado 20 por ciento del presupuesto de la dependencia oficial, añadió.
El presupuesto asignado al Conapi este año es de 834.000 dólares, 53 por ciento más que los recursos recibidos tres años atrás, un incremento justificado por Chávez en su intención de priorizar la atención a los discapacitados, agregó Molina.
Otro aspecto destacado del proyecto a estudio del parlamento es el que refiere a la «la obligación de las empresas de cubrir con personas discapacitadas al menos dos por ciento de su plantilla», comentó Herbert Corona, Defensor del Pueblo Especial para personas con discapacidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que tres millones de los 24 millones de venezolanos presentan distintos tipos de discapacidad, mientras que el total de América Latina asciende a unos 84 millones.
Sin embargo, Molina advierte que la OMS toma en consideración un concepto amplio de discapacitado, que incluye también a diabéticos, enfermos renales, con incontinencia urinaria e hipertensos.
El directivo del Conapi informó que, como en Venezuela no existen cifras exactas, se ha comenzado a realizar una encuesta para determinar con mayor exactitud la cantidad de personas con discapacidades diferentes.
En la cartilla del censo de población realizado en octubre se incluyó la pregunta sobre si algún miembro de la familia usaba silla de ruedas, un aspecto objetado por Molina por entender que sólo permitirá registrar un tipo de discapacitado.
La futura ley de atención integral al discapacitado forma parte de la lucha por la reinserción en la sociedad y a tener una «vida normal» de los venezolanos con discapacidades diferentes.
Molina vincula esa lucha por los derechos de los discapacitados con el proceso «revolucionario» que se desarrolla en el país desde la llegada de Chávez al gobierno.
«Todo discapacitado es un revolucionario, pues está en lucha permanente por sus derechos. Nuestro lema es: el vencedor nunca anda apurado, el vencedor no camina con temor, sino con seguridad porque ya ganó, ya venció, va a paso firme. Lento, pero seguro», puntualizó. (FIN/IPS/mp/dm/hd/01
