Italia anulará los títulos que mantiene como acreedor de 23 de los países más pobres del mundo, por un valor de más de 4.000 millones de dólares.
La decisión beneficiará a los países que cumplieron con los requisitos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que deberán presentar proyectos de desarrollo para implementarlos con el dinero de cuyo pago se librarán.
Esos proyectos deberán concentrarse, especialmente, en los sectores de la agricultura, la salud, la educación y la infraestructura.
Además, los 23 países se comprometieron a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, a renunciar a la guerra como medio de resolución de conflictos, y a procurar la reducción de la pobreza y el bienestar y el pleno desarrollo de sus habitantes.
La iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres altamente endeudados fue impulsada en 1996 por la cumbre del Grupo de los Siete países más poderosos (G-7) celebrada en Lyon, Francia.
La cumbre del Grupo de los Ocho (G-8, integrado por los países del G-7 y Rusia) celebrada en Colonia, Alemania, acordó promover la anulación de 90 por ciento de la deuda de las naciones pobres altamente endeudadas que cumplan con los requisitos.
Los países más pobres altamente endeudados identificados por el Banco Mundial y el FMI son 38, de los cuales 32 pertenecen a Africa subsahariana, cuatro a América Latina y dos a Asia.
Bolivia, Honduras y Nicaragua son los países latinoamericanos que se beneficiarán con la anulación de su deuda con Italia.
Los restantes son Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.
El FMI y el Banco Mundial prevén que a fines del 2001 o inicios del 2002 Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Laos y Togo se incorporarán a la lista de países que gozarán del programa.
Diez países quedaron fuera del plan porque el FMI y el Banco Mundial los considera «países afectados por conflictos» o porque no han cumplido con los requisitos exigidos.
Estas naciones son Angola, Birmania, Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República del Congo, Liberia, Sierra Leona, Somalia y Sudán.
Italia propuso ir más allá de los acuerdos alcanzados en Colonia por el G-8 (integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón), al anunciar que anularía totalmente la deuda externa de los países incluidos en el programa del FMI y el Banco Mundial.
El consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano Francesco Azzarello señaló en una conferencia sobre la deuda externa celebrada en Roma el martes y miércoles que su país alentará a todos los acreedores bilaterales de la comunidad internacional a seguir su ejemplo.
De esta manera, se favorecerá la liberación de recursos financieros, lo que les permitirá a esos países iniciar rápidamente y de manera más incisiva, un desarrollo autónomo y sustentable enmarcada en la dinámica económica y financiera internacional.
Italia acaba de anular la deuda que tenía Bolivia, de 63 millones de dólares, y de Senegal, por 5,7 millones de dólares.
El vicecanciller italiano Mario Baccini viajó a Perú para analizar la deuda de ese país, de 127,6 millones de dólares, fondos que Lima destinará ahora a obras sociales y a generar nuevos empleos.
La organización no gubernamental italiana Sdebitarse, que presiona por la anulación de la deuda externa de los países en desarrollo, aseguró haber recogido más de 20 millones de firmas procedentes de 160 países en respaldo de su reclamo.
El coordinador de esta campaña, Luca De Fraia, manifestó que «la crisis internacional que se inició con el ataque a Nueva York y Washington (el 11 de septiembre) es un grave golpe para los países endeudados».
Según Sdebitarse, la historia de la deuda externa se remonta a la crisis petrolera de 1973, que cuadruplicó los precios internacionales del petróleo. Eso colmó la caja de las multinacionales petroleras y de los países exportadores de crudo.
Esos recursos fueron depositados en bancos estadounidenses y europeos, que, para invertir ese dinero, ofrecieron préstamos a los países en desarrollo a tasas de interés que, al principio, eran muy convenientes, según el análisis de la organización no gubernamental italiana.
La segunda crisis petrolera de 1979 originó un nuevo aumento en los precios del crudo y desató una ola inflacionaria en todo el mundo.
Además, cayeron los precios de las materias primas, principal fuente de divisas de los países en desarrollo, y aumentaron las tasas de interés, lo que obligó a los países deudores a contraer nuevas deudas para pagar las anteriores.
En agosto de 1982 se manifestó la primera crisis de la deuda, cuando México se declaró insolvente y suspendió sus pagos.
La mayor parte de los fondos prestados se destinó a la construcción de infraestructuras e instalaciones inútiles, no funcionales e incluso perjudiciales para las poblaciones locales, sostuvo De Fraia. Mientras, los países no podían producir los ingresos necesarios para pagar su deuda.
Casi un tercio de los préstamos se destinó a la compra de armas y cerca de 30 por ciento, a sobornos que a menudo terminaron en los bolsillos de dictadores militares, calculó Sdebitarsi.
Fueron escasos los fondos destinados a gastos sociales, y el pago de la deuda se transformó en un drenaje de los recursos de los países en desarrollo.
Antonio Onorati, activista de una organización no gubernamental italiana dedicada a los problemas alimentarios del mundo en desarrollo, aseguró que los países pobres ya han pagado con creces sus deudas. (FIN/IPS/jp/mj/dv/01
