El ombudsman y los organismos humanitarios tienen un papel fundamental en la protección de los migrantes contra la discriminación, destacaron hoy representantes de esas instituciones, en la jornada final de un foro en la capital de Dinamarca.
Aunque múltiples tratados apoyan los derechos de los migrantes, éstos son vulnerables al racismo y la xenofobia, y por eso requieren protección especial, advirtieron participantes en la Conferencia sobre el Trabajo y la Cooperación de los Defensores del Pueblo y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la Unión Europea, América Latina y el Caribe,
Jaime Juárez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, México, observó que la globalización ha liberalizado los flujos comerciales, pero no el movimiento de personas a través de las fronteras.
Por el contrario, «los gobiernos, muchas veces agobiados por sus propias crisis de desempleo, la imposibilidad de generar nuevas plazas y la incapacidad de proporcionar los servicios básicos a la velocidad y el número requeridos, han optado por el recurso más simple: la represión», dijo Juárez.
El cierre de fronteras, la persecución y la deportación son prácticas cotidianas de las autoridades migratorias, pero «nada de esto disuade a la gente de su desesperada lucha por huir de la miseria o el peligro», señaló el funcionario.
México es un gran productor de emigrantes, principalmente hacia Estados Unidos, destacó.
Cerca de 8,5 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y tres millones de ellos son indocumentados, y se calcula que 13 millones de estadounidenses son de origen mexicano. La suma de las dos cantidades equivale a 21 por ciento de la población de México.
En su calidad de país emisor y receptor, dado que es vía de tránsito de indocumentados centroamericanos, México ha sido un importante promotor de nuevas formas de cooperación internacional para combatir la discriminación y violaciones a los derechos humanos, limitar iniciativas unilaterales de los gobiernos y combatir el tráfico de migrantes.
Una de las prioridades de los organismos que integran el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos en ese país latinoamericano es la protección y defensa de las garantías fundamentales de los migrantes, destacó Juárez.
También se intenta proteger a los millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, dijo.
Pero «desgraciadamente, la función del ombudsman en México se ve limitada en gran medida al aspecto preventivo, labor que se realiza a través de los medios de comunicación o mediante las autoridades municipales de las regiones expulsora», lamentó.
Honduras, donde 70 por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza, es también un gran productor de emigrantes. Sólo después del devastador huracán Mitch de 1998, que dejó cerca de un millón y medio de damnificados, emigraron más de 100.000 hondureños a Estados Unidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras logró para esos emigrantes llegados a Estados Unidos el llamado Estatuto de Protección Temporal, una forma de legalización transitoria renovable, dijo a IPS el comisionado Leo Valladares, también presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman.
Las remesas de los emigrantes son la tercera fuente de ingresos de Honduras, después de las exportaciones de café y de productos agrícolas, comentó Valladares.
La Comisión teme que Estados Unidos procede a la deportación masiva de hondureños en el marco de las medidas de seguridad dispuestas tras los atentados del 11 de este mes en Nueva York y Washington, agregó.
Después de los mexicanos, los hondureños son el grupo de inmigrantes más afectados por las decisiones de deportación en Estados Unidos. Más de 5.000 son expulsados cada año.
Mientras, Venezuela es uno de los países latinoamericanos que recibe más inmigrantes, por ser un estado petrolero que ofrece posibilidades laborales para trabajadores no especializados, destacó a IPS Germán Mundaraín, defensor del pueblo venezolano.
Después de la segunda guerra mundial, Venezuela recibió una importante corriente migratoria de españoles, portugueses e italianos, pero actualmente la mayoría de los inmigrantes proceden de Ecuador, Bolivia y Perú.
El derecho más vulnerado de los inmigrantes es el «jus petendi», es decir, el derecho a ser escuchados por las autoridades, afirmó Mundaraín.
La comisión de trabajo sobre el papel del ombudsman en la protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los inmigrantes concluyó que los defensores del pueblo deben garantizar normas mínimas en su propio país y promover acuerdos internacionales para asegurarles sus derechos básicos.
Así mismo, la comisión destacó la importancia de la formación de redes regionales con otros ombudsman para mejorar el tratamiento a los migrantes y asegurar la eficacia de las denuncias contra la explotación de los inmigrantes indocumentados.
La conferencia de Copenhague, organizada por la cancillería y el Centro Danés para los Derechos Humanos, fue clausurada por su presidente, Jens Olsen, asesor legal del ombudsman de Dinamarca.
Olsen sugirió la creación de un fondo especial para aumentar la cooperación entre los defensores del pueblo y las instituciones de derechos humanos, y el seguimiento de los asuntos discutidos en la conferencia.
El término ombudsman, originado en el siglo XIX en Suecia, hace referencia a un funcionario público designado por el parlamento para escuchar, investigar y buscar soluciones justas a las quejas de ciudadanos particulares contra funcionarios y organismos estatales.
Las recomendaciones emitidas por el ombudsman no tienen carácter coercitivo. La gratuidad de sus servicios es una de sus principales características.
América Latina adoptó la institución del ombudsman en la década del 80, tras el fin de las dictaduras militares. (FIN/IPS/mlm/ff/hd/01
