Estados Unidos y México negocian un acuerdo para regularizar la situación de millones de inmigrantes mexicanos indocumentados en territorio estadounidense, pero Washington se enfrenta a una fuerte oposición interna.
El secretario de Estado Colin Powell y el procurador general John Ashcroft, por parte de Estados Unidos, se reunieron el jueves en Washington con sus pares de México, el canciller Jorge Castañeda y el secretario de Gobernación Santiago Creel, para analizar el problema.
Sus conversaciones sentaron las bases para una reunión en Washington el próximo mes entre el presidente estadounidense George W. Bush y el de México, Vicente Fox.
«Queremos estar seguros de enfocar con humanidad la solución del problema de la inmigración», dijo Powell a la prensa tras su reunión en el Departamento de Estado con Castañeda y Creel.
«Queremos asegurarnos de que la inmigración a Estados Unidos procedente de México es segura, legal, ordenada y digna», agregó.
Aún quedan por acordar las modificaciones a las leyes de inmigración, pero los cambios a adoptarse respetarán «el papel de enorme valor que desempeñan los inmigrantes mexicanos en ayudarnos a construir nuestra nación», dijo Powell.
El secretario de Estado afirmó que el gobierno se asegurará de que los cambios no perjudiquen a los trabajadores estadounidenses.
Castañeda agregó que las medidas tomarán en cuenta «los derechos y los beneficios que necesitan los mexicanos, todos los mexicanos».
Entre las propuestas en discusión se cuentan permitir a los mexicanos que ya están en Estados Unidos, y a aquellos que quieran ingresar, trabajar legalmente y en forma temporal. Hasta el momento no se han manejado cifras, señalaron funcionarios.
Hay en Estados Unidos entre siete millones y nueve millones de inmigrantes indocumentados de toda procedencia, y tres millones de ellos son mexicanos, según se calcula.
Los emigrados son una fuente de remesas para México, así como un importante bloque político. La campaña electoral de Fox incluyó discursos y gestos destinados a la población mexicana de los estados de California y Texas.
Para Estados Unidos, los mexicanos son una necesaria mano de obra. El gobierno calcula que en 2008 habrán 154 millones de trabajadores estadounidenses para 161 millones de empleos.
Funcionarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a los empresarios, se reunieron con Castañeda y Creel esta semana y expresaron su apoyo al estatuto jurídico temporal para los trabajadores mexicanos.
La principal organización sindical de Estados Unidos, la AFL- CIO, ya no se opone a los trabajadores inmigrantes como antaño, porque ahora recurre a ellos con el fin de aumentar el número de sus afiliados.
Por su parte, Bush también quiere ganarse los votos de la creciente comunidad hispana, de la cual más de 60 por ciento son mexicanos.
El último censo demográfico muestra que la población hispana creció 58 por ciento en la década de 1990, a 35 millones de habitantes.
Los hispanos ahora compiten con los negros no hispanos como primera minoría en este país. Bush recibió 35 por ciento del voto hispano en las elecciones presidenciales del año pasado.
No obstante, las negociaciones actuales irritaron a los inmigrantes de otros países, que no se beneficiarían con el acuerdo entre Estados Unidos y México y seguirían bajo amenaza de deportación.
Así mismo, los sindicatos critican los permisos de trabajo temporales propuestos por Washington, y señalan que la medida fomentará abusos padecidos en planes similares pasados, como salarios bajos y restricciones a los derechos laborales.
Los sindicatos, los defensores de derechos humanos y grupos religiosos abogan por mayores cambios en las leyes de inmigración. Representantes de estos sectores viajarán a América Central la semana próxima para reunirse con funcionarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Funcionarios del sindicato ya han mantenido conversaciones con Fox y otros representantes del gobierno mexicano.
Estos sectores planifican actividades en 26 ciudades este mes para buscar el apoyo popular a sus propuestas, como otorgar a todos los trabajadores indocumentados y sus familias la residencia permanente, que los inmigrantes tengan los mismos derechos laborales que los demás, y que las nuevas leyes sancionen a las empresas que contratan a obreros indocumentados.
Sin embargo, grupos contra la inmigración y numerosos legisladores del Congreso se oponen a todo cambio que no sea permitir a un número limitado de mexicanos permanecer en forma temporal en el país con fines de trabajo.
Otorgar la residencia a todos los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos «es muy mala política porque recompensa la ilegalidad», declaró el senador Phil Gramm, del gobernante Partido Republicano.
Otros republicanos son contrarios a modificar las leyes de inmigración a menos que se renueve el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). James Ziglar, director del INS, participó en las negociaciones con los representantes mexicanos este jueves.
Podrían pasar meses antes de que se resuelvan todas las diferencias.
No obstante, Fox dijo en julio que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos contribuyen con la economía estadounidense y «no deberían esconderse como criminales».
También expresó su preocupación por la cantidad de mexicanos que mueren en el intento de cruzar la frontera y que padecen maltrato al llegar a su destino.
Bush se refirió a esas inquietudes la semana pasada. «Hay ciudadanos trabajadores que están dispuestos a caminar 600 kilómetros por el desierto con un calor sofocante para hallar trabajo. Nuestro país debe tratar a esa gente con respeto y ayudarlos cuando están mal», señaló. (FIN/IPS/tra-en/aa/aq/lb ip/01
