El aumento de la condena máxima de cárcel en El Salvador de 35 a 75 años es de hecho la implantación de la pena de prisión perpetua y no contribuirá a reducir la delincuencia, advirtieron hoy activistas de derechos humanos.
«El aumento de penas ha sido demasiado», dijo a IPS Alma Benítez, fiscal de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica.
Al igual que Benítez, decenas de activistas de derechos humanos manifestaron su malestar por la reforma de la legislación penal salvadoreña aprobada el miércoles.
«Es una cadena perpetua disfrazada, pues la esperanza de vida de los salvadoreños es de 49 años y una persona condenada no tendría posibilidad de reintegrarse a la sociedad», añadió Benítez.
La activista consideró que la reforma del código penal viola de manera soslayada la Constitución, que prohíbe la pena de muerte y la cadena perpetua.
Las nuevas penas, impulsadas y aprobadas en el congreso por el gobernante Alianza Republicana Nacional (Arena) y el Partido de la Conciliación Nacional (PCN), ambos de derecha, establecen un castigo de hasta 45 años de prisión para condenados por secuestro.
Diez por ciento de esa pena deberá cumplirse en confinamiento especial, es decir, sin visitas íntimas, contacto físico con familiares, derecho a ver televisión ni a deambular por el recinto carcelario.
«Esto, en términos de derechos humanos, tiene nombre: se llama tortura», dijo Benítez.
La experta sostuvo que la actual ola de violencia desencadenó una reacción precipitada de algunos partidos políticos que en el pasado no atacaron la pobreza, a la que consideró la verdadera raíz de la criminalidad.
La privada Universidad Centroamericana José Simeón Cañas determinó que la mitad de los 6,1 millones de habitantes de El Salvador viven en condiciones de pobreza, lo que arroja como saldo que cerca de tres millones de salvadoreños son pobres.
El Congreso legislativo salvadoreño aprobó 31 reformas al código penal, el código procesal y la legislación penitenciaria, la más polémica de las cuales es la elevación de la pena máxima.
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice Alamani, sostuvo que esta reforma es un insulto al ser humano y anunció la interposición de recursos para anularla.
El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se opuso al aumento de las penas y consideró que las reformas violan el sentimiento de los acuerdos de paz que pusieron fin en 1992 a 12 años de guerra civil que costó 75.000 vidas.
El diputado Walter Durán, del FMLN, recordó que El Salvador es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos p- conocida como Pacto de San José—, que establece como finalidad de las penas de prisión la resocialización de los reclusos. Eso obliga a la fijación de penas breves, señaló.
Estae debate se registra en momentos en que la instauración de la pena de muerte a través de una reforma constitucional es objeto de una fuerte polémica, desatada luego de la muerte de Gerardo Villeda, de nueve años, asesinado a sangre fría por sus secuestradores cuando se vieron cercados por la policía.
«El aumento de las penas es un avance en la lucha contra el crimen organizado, y es una respuesta al clamor popular contra los delincuentes, violadores y secuestradores», dijo a IPS el vicepresidente del Congreso legislativo, Julio Gamero, de Arena.
Según Gamero, más que una pena perpetua disfrazada, el aumento de las penas constituye una herramienta útil para la policía y para los encargados de impartir justicia.
«En primer lugar están los derechos humanos de los trabajadores honrados de El Salvador que se ven amenazados por el crimen, y en segundo plano están los derechos humanos de los delincuentes», añadió.
El legislador oficialista sostuvo que las reformas de la legislación penal promueven, además, un buen clima para los negocios, pues transmiten a los inversionistas internacionales una señal clara sobre el interés de las autoridades en mejorar la seguridad pública. (FIN/IPS/nms/mj/hd ip/01
