El gobierno de México discute la iniciativa de crear una comisión para exhumar el pasado de corrupción y guerra sucia atribuido al PRI, mientras se identifica por primera vez a 482 opositores detenidos y desaparecidos entre 1974 y 1984.
El gobierno de Vicente Fox cumplirá «su compromiso» de no dejar en la impunidad los crímenes cometidos en el pasado, aseguró el jueves la portavoz de la Presidencia, Martha Sahagún, pero admitió que aún no hay consenso sobre el caso entre las autoridades.
Fox, el primer presidente ajeno al PRI (Partido Revolucionario Institucional) en 71 años, declaró que no está seguro de la utilidad de crear una comisión de la verdad, por las implicaciones políticas que podría tener. Lo principal es ver al futuro, sostuvo.
El gobierno discutirá la propuesta antes de presentarla al Congreso legislativo, indicó Sahagún, tras reconocer que como candidato y en seguida de ganar las elecciones de 2000, Fox juró que no habría olvido para quienes delinquieron.
Mientras los integrantes del gobierno no se ponen de acuerdo y son criticados por analistas que creyeron que Fox revisaría sin cortapisas el pasado de corrupción del PRI, en otros frentes y de otras formas la guerra sucia del pasado comienza a emerger.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de carácter estatal, aunque independientes del gobierno, dio a conocer el miércoles la identidad de 482 personas desaparecidas y los lugares y las fechas en que fueron detenidos por policías o militares.
Además, la comisión dijo que posee un archivo de la Secretaría (ministerio) de Defensa con información sobre desapariciones.
El lunes, el académico Sergio Aguayo difundió avances de un libro en el que afirma que en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional hay entre 60 y 80 millones de tarjetas con información sobre interrogatorios a detenidos políticos, varios de los cuales desaparecieron.
El consejero nacional de seguridad Adolfo Aguilar, partidario de crear una comisión de la verdad, iniciativa a la que se opone el secretario de Gobernación (Interior), Santiado Creel, anunció un proyecto de ley para facilitar la apertura de los archivos de seguridad política, pero bajo ciertas condiciones de temporalidad y privacidad.
Los 71 años ininterrumpidos en que el gobierno estuvo controlado por el PRI han dado lugar a innumerables historias de corrupción, asesinatos, fraude electoral, autoritarismo y guerra sucia. El PRI es aún hoy es la principal fuerza política del Congreso, aunque no puede formar mayoría.
Las dictaduras impuestas en los años 70 y 80 en otros países de América Latina fueron claramente señaladas como responsables de desapariciones. Por entonces, los gobernantes civiles de México abrían las puertas para asilar a perseguidos políticos y guerrilleros extranjeros y negaban que persiguieran a militantes de izquierda.
Los gobiernos del PRI restaron importancia a la cuestión de los desaparecidos, arguyendo que era un mito. Pero organizaciones humanitarias locales e internacionales, políticos y familiares de las presuntas víctimas reclamaron siempre aclaraciones.
El asunto tomó relevancia en 1998, cuando Amnistía Internacional publicó un informe titulado «México: las desapariciones, un agujero negro en la protección de los derechos humanos», para denunciar varios casos.
La Federación Latinoamericana de Desaparecidos, un grupo creado en Costa Rica en 1981, aseguró en 1997 que entre 1995 y 1997, es decir, mucho después de la presunta guerra sucia, las fuerzas de seguridad de México hicieron desaparecer a decenas de opositores.
«El Estado tiene la obligación legal y moral de actuar ante los casos de personas desaparecidas», sobre todo ahora, cuando «las condiciones políticas del país se han abierto», advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
Sobernes señaló que la comisión tiene un programa sobre desaparecidos desde hace 10 años, pero ha estado «muerto». Otros miembros del mismo cuerpo aseguraron que la Comisión intentará esclarecer los casos de desaparecidos.
Por su presunta alianza con los gobiernos del PRI y la tardanza en reaccionar ante las desapariciones, la Comisión Nacional de Derechos humanos no tiene credibilidad, opinó Rosario Ibarra, portavoz de Elektra, un grupo que busca hace 20 años pistas sobre detenidos-desparecidos.
Debe crearse un organismo independiente, pues la justicia no puede esperar, sostuvo Ibarra, quien busca a su hijo desde 1975, cuando fue detenido por la policía. El gobierno y los legisladores tienen la palabra, expresó. (FIN/IPS/dc/01
