Fuertes demandas sociales surgidas en Perú, tras una década de gobierno autoritario y de severa crisis económica, añadieron tensión al proceso electoral que finalizará con la segunda vuelta presidencial del próximo domingo.
La mortalidad infantil de Perú es una de las más altas de América Latina. Cuarenta y dos niños fallecen antes de cumplir un año por cada 1.000 nacidos vivos, una proporción sólo superada por Bolivia, con 64 por 1.000, y por Guatemala, con 45 por 1.000.
Además, sólo 77 por ciento de la población tiene acceso a agua potable, situación que en las zonas rurales se reduce a 51 por ciento, y 76 por ciento cuenta con instalaciones sanitarias, mientras que en el campo apenas 40 por ciento.
Informes del Banco Mundial señalan que el gasto por persona en servicios de salud de Perú fue de 141 dólares en 1999, muy lejos de los 792 dólares que destinó Argentina, de los 529 dólares de Uruguay y de los 359 dólares de Brasil.
En el marco de esa crisis económica y social, las promesas del centrista Alejandro Toledo, de Perú Posible, y del ex presidente Alan García (1985-1990), candidato del socialdemócrata Partido Aprista Peruano, acentúan las expectativas de una población angustiada por el impacto de la recesión económica.
Alberto Fujimori, refugiado en Japón desde que en noviembre fuera destituido de la presidencia por el Congreso, puso en práctica con mano dura desde 1990 un ortodoxo plan económico neoliberal, que agravó los seculares problemas sociales de este país de 25 millones de habitantes, siete millones de los cuales viven en Lima.
Fujimori, con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, impuso, entre otras reformas, la apertura del mercado interno a partir de una fuerte reducción arancelaria, con el consiguiente impacto en la industria manufacturera local, y puso al borde del colapso al sector agropecuario.
Distintos analistas sostienen que los principales efectos de su gestión fueron el crecimiento del desempleo y del subempleo, que hoy alcanza a 51 por ciento de la población económicamente activa, y el reforzamiento del centralismo.
«Si a los militares y diplomáticos cesados por la dictadura de Fujimori les están devolviendo sus cargos, también nosotros, los despedidos de las empresas públicas que fueron privatizadas, tenemos derecho a que nos devuelvan nuestros empleos», reclama Ricardo Salcedo, ex trabajador telefónico.
Salcedo es uno de los 120.000 funcionarios de empresas estatales despedidos durante el gobierno de Fujimori para que la oferta al sector privado fuera más atractiva.
Los dirigentes del comité organizador de la llamada Asociación de Despedidos de la Administración Publica por la Dictadura, no han conseguido hasta ahora ser recibidos por autoridades de los ministerios de Trabajo y de la Presidencia (interior).
Joaquín Gutiérrez, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CTGP), admitió que los despedidos «tienen derecho, los apoyamos, pero no conseguirán nada».
«Las privatizaciones son irreversibles y no se podrá obligar a las firmas privadas a recontratar al personal despedido», aseguró.
Para el antropólogo Carlos Ivan Degregori, ex director del Instituto de Estudios Peruanos, «la frustración masiva que parece gestarse podría acentuar el clima de efervescencia social, de movilizaciones sin salida ni perspectivas políticas, que pueden llevarnos a una situación de gran tensión».
Degregori criticó a Toledo y García, quienes, «con un país en la cuerda floja, se la pasan discutiendo sobre sexo, mentiras y pecados personales.
«Hacen promesas excesivas, que les serán reclamadas apenas cualquiera de ellos llegue al poder. Lo importante será al día siguiente», explicó.
La reducción efectiva del desempleo figura en primer lugar entre las demandas sociales insastifechas aludidas en los discursos de los dos candidatos a disputar la Presidencia este domingo.
A ello le siguen la necesidad de extender los servicios de salud, hacer efectiva la gratuidad de la educación y la rebaja de las tarifas de los servicios públicos, hoy en manos de privados.
Por su parte, la analista Imelda Vega destaca que «la forma en que cayó la dictadura de Fujimori permitió algunos avances sociales».
«Entre los más importantes, figuran la posibilidad de mejorar las relaciones entre los militares y los civiles y el retorno masivo de los jóvenes a las actividades políticas», detalló.
Otro de los aspectos sociales relevante en el proceso electoral es el protagonismo de los asuntos étnicos, en un país con casi un tercio de la población es indígena y casi dos tercios es mestiza.
En los 180 años de existencia republicana de Perú, sus gobernantes fueron de predominante ascendencia europea.
Sin embargo, esta vez uno de los dos candidatos es descendiente de indígenas. Se trata de Toledo, quien encabeza las encuestas para las elecciones del domingo.
Toledo, aunque en el último tramo de la campaña abandonó los distintivos indígenas, entre ellos la «mascaipacha» (especie de tiara de los Incas), para ganar al electorado urbano, sigue haciéndose llamar Pachacutec, como el más renombrado emperador Inca. (FIN/IPS/al/dm/ip/01
