Indígenas de Colombia acusaron hoy al gobierno de «falta de voluntad» para garantizar la seguridad de sus dirigentes, tras anunciar la creación de un grupo humanitario para buscar a Kimy Pernía, líder del pueblo embera- katío secuestrado por presuntos paramilitares de derecha.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló que el secuestro de Pernía, el 2 de este mes, es otro eslabón de la cadena de violencia que sufren las comunidades indígenas, «atrapadas en una guerra que les es ajena».
De nada han servido hasta ahora los pedidos de carácter humanitario, «las medidas cautelares, los acuerdos firmados con el gobierno ni las presiones internacionales para prevenir los ataques perpetrados por paramilitares, guerrilleros izquierdistas y en algunas ocasiones organismos de seguridad», dijo la ONIC.
Pernía, uno de los más conocidos líderes de la comunidad embera- katío, ubicada en la parte sur del río Sinú, en el septentrional departamento de Córdoba, fue secuestrado por presuntos miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Este dirigente indígena encabezó las protestas contra la construcción de la central hidroeléctrica de Urrá, desde comienzos de la década del 80, y denunció al gobierno colombiano ante Suecia y Canadá, pues empresas de esos dos países participaron en la obra que comenzó a operar en 1999.
En el marco de esa lucha, lideró en 1999 la ocupación de la sede del Ministerio de Medio Ambiente, en reclamo de acuerdos incumplidos por el gobierno para compensar a la comunidad embera- katío por los daños ambientales y culturales ocasionados por la construcción de la central de Urrá.
Pernía también ha combatido el saqueo de recursos naturales en su territorio, además de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protección especial para su comunidad frente a los ataques de los grupos armados.
Según la ONIC, las AUC le están cobrando a Pernía «la lucha por la dignidad de su pueblo».
En tanto, el comandante de la policía de Córdoba, Henry Caicedo, dijo que Pernía «fue secuestrado al parecer por paramilitares presuntamente por problemas personales relacionados con el narcotráfico».
La comunidad embera-katío ha sufrido este año el asesinato de tres de sus dirigentes y la masacre de otros siete indígenas por parte de grupos paramilitares y de guerrilleros, dijo a IPS Juan Houghton, asesor de la ONIC para los derechos humano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado, solicitó al Estado colombiano «la adopción de medidas urgentes para establecer el paradero de Pernía, y demás miembros de la comunidad secuestrados».
Además, 38 legisladores canadienses escribieron al presidente colombiano Andrés Pastrana, solicitándole que tome todas las decisiones necesarias «que aseguren el regreso sano y salvo» del líder indígena».
También pidieron por la rápida liberación de Pernía el juez español Baltasar Garzón, conocido por perseguir penalmente al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu, desde Guatemala.
Garzón visitó el viernes las reservas de La María, en Piendamó y Toribío, de la comunidad indígenas paez, ubicada en el departamento del Cauca, en el sur del país.
El juez español llegó al resguardo para encontrarse con más de 3.000 indígenas de Cauca y de la vecina región de Nariño, quienes le narraron las masacres y los actos de barbarie de que han sido víctimas.
El «Estado colombiano debe proteger y reconocer, no sólo los derechos individuales, sino los derechos colectivos e históricos de los pueblos indígenas», dijo Garzón a IPS.
Agregó que, por ser «una colectividad más desprotegida, por su propia cultura, son más acreedores de esa protección, y esencialmente no debe tratar de sustituirse su identidad mediante imposiciones de otro orden».
Garzón, quien desde 1993 forma parte de la Fundación Iberoamericana de ayuda a los pueblos indígenas, se comprometió a ser el portavoz oficial de esas comunidades ante organismos internacionales para que los crímenes no queden impunes.
«No concibo un país donde víctimas de la guerra denuncian, pero nunca encuentran culpables», afirmó el juez español al referirse a la situación de vulnerabilidad que afronta la población civil colombiana a causa del conflicto armado interno.
Así mismo, una fuente de un grupo humanitario que pidió no ser identificada por seguridad aseguró a IPS que los atropellos, abusos y la violencia contra los pueblos indígenas son cometidos, no sólo por los paramilitares y las guerrillas, sino también por la fuerza pública, los promotores de proyectos y explotadores de recursos naturales.
En la región del Naya, en el departamento de Cauca, fueron torturadas y asesinadas en abril más de 50 personas (indígenas y negros) por grupos paramilitares.
Houghton detalló a IPS que el gobernador de Cauca, Floro Tunubalá, primer indígena que logra ser elegido en ese cargo, ha sido declarado «objetivo militar», mientras que en el norte, Víctor Loperena, de la comunidad de los kogi, fue golpeado cuando se negó a transportar alimentos del ejército en el carro del cabildo».
A ello se agrega el desplazamiento forzoso de indígenas de la zona del Putumayo, sur de Colombia, de la septentrional Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serranía de Perijá, en el Chocó, en el noroeste, y de la región central de Caldas.
Otra manifestación de hostigamiento contra las comunidades es el establecimiento de retenes por parte de paramilitares, que impiden la libre movilidad de la población indígena en la zona donde fue construida la represa de Urrá, añadió Houghton.
Los Cabildos Mayores (autoridad indígena) de Río Verde y Río Sinú también denunciaron que se sienten amenazados por «la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ha retornado al resguardo, por los paramilitares que se encuentran en los límites de este, y por el ejército que realiza operativos en la zona». (FIN/IPS/yf/dm/hd/01
