Amnistía Internacional ignora al criticar la situación de los derechos humanos en Colombia los avances logrados en la lucha contra los paramilitares de derecha, los mayores agentes de la violencia, advirtió el gobierno.
El ministro del Interior, Armando Estada, declaró que no le sorprende que en su informe mundial del miércoles, Amnistía Internacional haya adjudicado a los paramilitares las mayores violaciones de derechos humanos en Colombia.
Pero Estada lamentó que la organización humanitaria radcada en Londres que «se desconozcan los avances logrados por las Fuerzas militares» en el combate contra esos grupos organizados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
«Nosotros (el gobierno) sabemos que los paramilitares son los mayores generadores de violencia en el país», dijo. «Hay un claro compromiso del gobierno, de la Fiscalía y de los organismos de seguridad» de acabar con la actividad de las AUC, agregó.
El ministro destacó que las autoridades investigan cuentas bancarias que comprometen a hacendados con el financiamiento de las AUC y han capturado a los presuntos responsables del asesinato en abril de 40 campesinos e indígenas en la zona de Alto Naya (sudeste).
La supuesta renuncia del jefe paramilitar Carlos Castaño se debería, en opinión de algunos analistas, a los golpes recibidos en los últimos días por las AUC, que están compuestas de 10.000 hombres.
Castaño informó su renuncia en la página de internet de las AUC y se declaró «respetuoso de las instituciones del Estado». Pero la autenticidad del mensaje, que es investigada por los servicios de seguridad, aún no ha sido comprobada.
El jefe paramilitar está acusado de varias masacres y de la autoría intelectual del asesinato del humorista Jaime Garzón, en 2000, y de los precandidatos presidenciales de izquierda Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, en 1990.
Los campesinos y los niños son los grupos de la población colombiana que más sufrieron el año pasado la violación de derechos, según el informe divulgado el miércoles por Amnistía en Londres y Washington para conmemorar los 40 años de su fundación.
Así mismo, el grupo humanitario expresó su preocupación por la constante colaboración entre agentes del Estado y paramilitares, pero destacó los progresos de la investigación judicial de esos casos.
El comandante del ejército, general Néstor Ramírez, atribuyó la denuncia de colaboración de militares con las AUC a «la guerra y jurídica y política que libran contra las Fuerzas Armadas» organizaciones «interesadas en desprestigiar y minimizar las acciones exitosas» de los servicios de seguridad.
El informe indica también la responsabilidad de guerrilleros de izquierda y de los paramilitares en cerca de 300 desapariciones y 1.500 secuestros en 2000.
Según el documento, las Fuerzas Armadas, sus supuestos aliados paramilitares y la guerrilla son responsables de la mayor parte de los cerca de 30.000 asesinatos políticos cometidos en Colombia en los últimos 10 años.
Héctor García, analista de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que el informe muestra que «hay una tendencia al deterioro de la situación de derechos humanos», que ya había sido señalada también en foros internacionales.
Ana Bernal, directora de la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), integrada por 30 organizaciones no gubernamentales, atribuyó la crítica situación que vive el país en materia de derechos humanos a la falta de políticas específicas del gobierno para proteger a los ciudadanos.
Bernal urgió a los grupos armados y al gobierno a alcanzar un acuerdo humanitario «que proteja a los civiles de los ataques indiscriminados» de los que son víctimas.
La crisis de derechos humanos de Colombia ha sido criticada este año en informes internacionales por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y por la organización Human Rigths Watch, de Nueva York. (FIN/IPS/yf/ff/hd/01
