La ofensiva por la descontaminación de Santiago de Chile puso su acento este año en medidas para desalentar el uso del automóvil particular y promover el transporte público.
Vías segregadas, exclusivas y reversibles para los buses, incorporación de nuevas tecnologías y extensión de las restricciones a la circulación a los vehículos que utilizan gasolina sin plomo se cuentan entre las iniciativas gubernamentales que algunos consideran arbitrarias y otros insuficientes.
El gobierno de Ricardo Lagos presentó a fines de marzo el nuevo elenco de regulaciones del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de esta capital de más de cinco millones de habitantes, que compite en América Latina con México y Sao Paulo en cuanto a índices de degrdación del aire.
Desde los años 80 se han cubierto sucesivas etapas en una batalla contra los contaminantes que la población tiende a considerar perdida cada invierno, cuando episodios críticos determinan el aumento de las afecciones respiratorias y masifican la concurrencia a centros de asistencia.
Con los años se acentuó la restricción a la circulación de automotores, se retiraron buses y automóviles antiguos y se incorporó la gasolina sin plomo.
Consecuentemente, se obligó a renovar el parque de vehículos, para ampliar el uso de la gasolina sin plomo, que contamina sólo 20 por ciento en comparación con el combustible convencional, y fueron modificados los topes para decretar episodios de alerta, preemergencia y emergencia ambiental.
En la medida en que se eliminaron o morigeraron otras fuentes de emisión de sustancias nocivas y de que el parque automotor siguió creciendo, se llegó al balance actual, en el cual se considera que 1,6 millones de automóviles particulares y de alquiler son responsables de 53 por ciento de la contaminación de Santiago.
Las decisiones anunciadas en marzo consistieron en destinar varios ejes viales exclusivamente al transporte público en los horarios de mayor circulación, así como crear vías para los buses en la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida de Santiago.
De ese modo se redujo 20 por ciento el tiempo promedio de viajes de los usuarios y se obligó a dejar el automóvil en casa, según las autoridades.
Con base en una consulta popular y voluntaria realizada en mayo de 2000, y luego de una larga batalla legal que aún no termina, el gobierno decidió extender la restricción de tránsito de vehículos a los automóviles adaptados a la gasolina sin plomo en los episodios de preemergencia y emergencia ambiental, aunque no en los de alerta, que son los más frecuentes y menos críticas.
A comienzos de este mes, 19 senadores derechistas presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional para que anule esta última medida, calificándola de anticonstitucional, arbitraria, atentatoria contra el derecho de propiedad e ineficaz.
Para los ambientalistas, en cambio, el trato a los vehículos impulsados por gasolina sin plomo es aún benévolo, porque son fuente de contaminación tanto como los convencionales en lo que respecta al polvo en suspensión, que se levanta en calles no asfaltadas, y contaminan más en lo que respecta al ozono de superficie. (FIN/IPS/ggr/ff/en/01
