El reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura de los indígenas de México, demandado por la guerrilla zapatista, será aprobado por el parlamento, pero con una serie de acotaciones y matices que podrían decepcionar al grupo armado.
El Senado derivó este jueves a la Cámara de Diputados las reformas constitucionales aprobadas por unanimidad la noche del miércoles. Es la primera vez en la historia de este país que la ley suprema está a punto de reconocer derechos especiales a las etnias nativas.
Se dio un paso histórico hacia la reconciliación con los 10 millones de indígenas de México y hacia la paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), coincidieron políticos de diferentes partidos, que dan por descontada la aprobación final de las reformas.
El presidente Vicente Fox felicitó este jueves a los legisladores por su trabajo y capacidad de concertación. «Este tipo de acciones permiten tener cohesión en la sociedad» y avanzar hacia la paz, dijo.
Sin embargo, algunos observadores piensan que este paso no satisfará por completo a la guerrilla, cuyo mando militar y político realizó en marzo una histórica marcha desde las selvas de Chiapas hasta a la capital para promover las reformas e incluso habló ante los diputados para promover las reformas.
Los zapatistas se dieron a conocer en México cuando se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 en el estado meridional de Chiapas, fronterizo con Guatemala, con la defensa de los derechos de los indígenas entre sus banderas fundamentales.
Los legisladores introdujeron a los textos originales del proyecto de reformas, que el EZLN respaldaba, límites a las reivindicaciones en materia de autonomía, territorio y uso de recursos naturales para los indígenas, aunque mantuvieron otros que reconocen sus diferencias culturales y derechos especiales.
Según el texto aprobado, la autonomía indígena no podrá romper la unidad nacional y se limitará a unidades municipalizadas. Reconoce formas de gobierno especiales, pero advierte que no podrán atentar contra la soberanía de los estados ni contra el gobierno. También deberán ser reguladas por los estados.
En cuando al uso de los recursos naturales y la tierra, los legisladores desecharon toda referencia al uso comunitario y apuntaron que los indígenas tendrán acceso preferente en formas de propiedad que no se opongan a otras normas, siempre que no sean áreas declaradas estratégicas.
«No se logró todo lo que queríamos, pero es lo máximo que se pudo en el juego político plural», declaró el senador Demetrio Sodi, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que apoyaba plenamente la reforma concebida por los zapatistas.
Se aprobó una reforma mutilada e incompleta, opinó, por parte, la antropóloga Magdalena Gómez. Mientras, el columnista del diario La Jornada Francisco López sostuvo que lo aprobado «es inaceptable para los pueblos indígenas porque no responde a sus necesidades y no contribuirá a la paz en Chiapas».
«No está todo lo que se quería, pero ya es importante lo que se hizo», señaló, por su parte, Xóchil Gálvez, jefa de la oficina del gobierno para los pueblos indígenas.
México es el país con mayor número de nativos en América Latina, región en la cual este grupo social que sufre los mayores niveles de pobreza.
En la época colonial (siglos XVI a XVIII), los españoles llegaron a reconocer la «humanidad» de los nativos mexicanos, pero se los definió como «rústicos», equivalentes a los menores de edad.
En el siglo XIX, durante las luchas por la independencia, se eliminó cualquier mención especial a los indígenas para promover la supuesta igualdad ciudadana. Tras la revolución agraria de 1910 (conocida como Revolución Mexicana), la Constitución no reconoció ningún derecho especial a los nativos.
El gobierno de Fox impulsó el último proyecto de reformas constitucionales sobre derechos indígenas, preparado en 1996 por una comisión multipartidaria del Congreso legislativo y que respaldaba el EZLN.
El diálogo de paz con la guerrilla se suspendió hace cinco años, luego de que el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) consideró que el proyecto otorgaba excesivos derechos de autonomía a las etnias nativas, opinión que no compartió el actual presidente.
Lo aprobado en el senado difiere del proyecto original, pues limita mucho la autonomía y la libre autodeterminación de los nativos, sostuvo el ex legislador del PRD Gilberto López.
La guerrilla, que en marzo estableció por primera vez en cinco años contacto con diputados y representantes del gobierno, sostuvo que sólo reanudará el diálogo de paz cuando las reformas sobre derechos y cultura indígena estén aprobadas, una perspectiva que se considera asegurada.
Pero la versión de las reformas aprobada por el Senado difiere de la que esperaban los zapatistas.
En cinco meses de gestión, el presidente Fox atendió todas las exigencias del EZLN para reanudar al diálogo, entre ellas la retirada del ejército de siete destacamentos en Chiapas, la liberación de presos zapatistas y la promoción de las reformas.
Para concretar los cambios constitucionales, la Cámara de Diptados deberá aprobarlos y remitirlos a los congresos locales de los 31 estados del país, 16 de los cuales tendrán que refrendarlos antes de que el presidente los conozca y publique.
El diputado Soldi afirmó que no se prevén mayores problemas y que el proceso habrá concluido dentro de un par de meses. (FIN/IPS/dc/mj/ip/01
