La presión aumentó en Colombia al acercarse fin de año para sacar a los niños del conflicto armado, mientras el rumbo de la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y las organizaciones guerrilleras permanece en la incertidumbre.
En Colombia, un país de 40 millones de habitantes, hay tres millones de niños y niñas afectados por el conflicto armado, de los cuales este año 58 fueron víctimas de las minas antipersonales, que gráficamente se denominan «quiebrapatas».
Esas armas de guerra, de las que se estima hay 100.000 ocultas en los campos del 10 por ciento de los 150 municipios del país, estallan cada 20 minutos en promedio a los pies de algún jornalero, que muchas veces es un menor.
En tanto, se encuentra congelada la negociación del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor organización guerrillera del país, y aún no se ha concretado con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda fuerza insurgente.
«La construcción de la paz que se está tratando de negociar no puede ser en un campo minado», dijo Juan Manuel Urrutia, director del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Las declaraciones de Urrutia coincidieron con la divulgación del informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la situación de los menores en Colombia y reforzaron la campaña de navideña que un canal de televisión impulsa para llamar la atención sobre los niños de la guerra.
«Deyson tiene 12 años, una mina quiebrapatas acabó con sus sueños. Deyson necesita una pierna, un brazo y su rehabilitación será su mejor regalo de Navidad», es el mensaje que recurrentemente aparece en la pantalla de televisión con imágenes del niño, sorprendentemente sonriente.
Las prótesis y el tratamiento del pequeño mutilado cuestan unos 25.000 dólares, y los televidentes ya han aportado más de la mitad mediante donaciones en una cuenta bancaria.
El día 21, el mensaje concluyó con un apremiante «faltan 14 millones y cuatro días para la navidad».
Pero la recuperación psicoafectiva de Deyson es incalculable, como la del 17,5 por ciento de los menores del país que la requieren, según un estudio del programa «Paz y derechos humanos» de Unicef.
El organismo internacional reiteró su «llamado para que no se utilice a los niños como soldados o mensajeros y de ninguna manera se les utilice en ningún tipo de conflicto. El futuro de los niños se basa en las oportunidades que puedan tener para ser unos adultos sanos el día de mañana».
El pedido de Unicef cobra más sentido si se tiene en cuenta que los grupos al margen de la ley tendrían en sus filas unos 6.000 niños reclutados.
El capítulo colombiano de la organización internacional Save The Children reveló que 10 por ciento de los miembros de las organizaciones guerrilleras y más de un millón de los desplazados son niños, la mayoría menores de cinco años.
Menores eran la mitad de los 368 integrantes de la «Columna Arturo Ruiz» de las FARC, a la que unos 2.000 soldados de la Segunda División y de la Fuerza de Despliegue Rápido del ejército enfrontó el 26 de noviembre en el departamento de Santander.
De acuerdo con la versión oficial, la localización de la columna insurgente fue posible gracias a la información de un niño desertor que se entregó a las autoridades tras 12 horas de caminata.
En los primeros combates murieron 11 guerrilleros y otros seis fueron capturados. En los días posteriores cayeron otros 26 insurgentes y se presionó la entrega de otros 67.
Las edades y procedencia de los pequeños guerrilleros entregados o capturados por el ejército generó gran polémica y podría significarle un alto costo político a las FARC, que no se han pronunciado sobre el hecho.
Muchos de los guerrilleros tienen edades que oscilan entre los 14 y 17 años, y proceden de municipios ubicados en la zona de distensión que el gobierno prorrogó hasta el 31 de enero para propiciar una reactivación del diálogo con la mayor organización guerrillera.
Como parte de la presión nacional e internacional para firmar pactos humanitarios y contener la progresiva degradación del conflicto colombiano, Carel De Rooy, representante de Unicef para Colombia y Venezuela, convocó a un acuerdo global.
«La intención es buscar nuevas fórmulas integrales para proteger a los niños de todo tipo de violencia, pero en especial de la guerra, con elementos jurídicos de educación, resocialización, alimentación y estabilidad», afirmó.
De acuerdo con cifras gubernamentales, en este año los ataques de guerrilleros y grupos paramilitares de derecha a poblaciones causaron la muerte a 71 adultos y 12 niños, y dejaron 103 heridos, entre ellos 22 menores.
Los secuestros, que en total fueron 3.000 este año, también aumentaron para los menores: 244, frente a 196 registrados en 1999.
Entre los factores que favorecen el reclutamiento de niños en Colombia figuran «la intimidación y la indefensión, aunadas a la ignorancia, la falta de educación y la miseria de estos menores y sus familias», afirma el documento «Juguetes de la guerra» del no gubernamental Centro de Análisis Sociopolítico.
La crisis de derechos humanos en Colombia recae particularmente sobre los niños y las niñas, lo que llevó a que el constitucionalista Fernando Cepeda recordara algo tan obvio como olvidado en el país: «los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás ciudadanos». (FIN/IPS/mig/ag/hd/00
