Cuba y Estados Unidos se sentaron otra vez a la mesa de negociaciones para revisar el cumplimiento de sus acuerdos en materia de migración, cuya letra se tambalea con cada cubano que intenta ingresar clandestinamente a territorio estadounidense.
Las reuniones permitieron «debates francos y muy positivos», dijo el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, William Brownfield, al definir las conversaciones mantenidas esta semana en La Habana con Ricardo Alarcón, presidente del parlamento cubano.
Alarcón coincidió en que la segunda ronda, de las dos anuales programadas para revisar el cumplimiento de los convenios suscritos entre los dos países, transcurrió en un «ambiente respetuoso, que dio pie para el intercambio franco y serio» sobre los distintos problemas que gravitan sobre el tema.
Los acuerdos entre ambos países, firmados en 1994 y 1995, fueron concebidos para facilitar la emigración de cubanos hacia Estados Unidos de manera legal y ordenada.
Sin embargo, el diálogo entre ambos funcionarios concluyó sin otra novedad que la de seguir encerrado en el círculo vicioso de acusaciones mutuas y demandas insatisfechas de uno y otro gobierno.
Brownfield y Alarcón recibieron a la prensa por separado, al finalizar la reunión el lunes por la tarde.
Los convenios no han logrado detener el trasiego de personas indocumentadas a través del estrecho de Florida, aún a riesgo de perder sus vidas.
En la interpretación de las causas de ese fenómeno radica justamente una de las mayores contradicciones entre las dos naciones, que se acusan mutuamente de incentivar la emigración clandestina.
Washington sostiene que las autoridades cubanas imponen «barreras» migratorias que dificultan la salida legal. Entre otras, Brownfield mencionó las regulaciones para el personal médico y el alto costo (600 dólares) de los trámites de viaje, que además se cobran en dólares y no en moneda cubana.
Esas disposiciones, que fueron defendidas por Alarcón como normales y legítimas en cualquier país, pueden demorar hasta cinco años el permiso de salida de un médico.
«Si dichas barreras no se levantan, el efecto será fomentar salidas no ordenadas ni seguras», dijo Brownfield en las conversaciones.
En cambio, para el gobierno de Fidel Castro, la principal acusada es la llamada ley estadounidense de Ajuste Cubano, cuya modificación permitió conceder en forma automática la residencia a los inmigrantes cubanos al año de haber entrado a ese país, sin importar la manera como lo hayan hecho.
La Habana tilda habitualmente de «asesina» a esa legislación, a la que culpa de caldo de cultivo del tráfico de inmigrantes, negocio en el cual las tarifas alcanzan hasta 8.000 dólares por cada persona indocumentada que transporte.
Brownfield insistió en que esa legislación se aplica de la misma forma desde hace 29 años y continuará existiendo en tanto no sea cambiada por el Congreso.
Tampoco hubo acuerdo en cuanto a la demanda estadounidense de abrir un cuarta lotería de visas, programa migratorio especial surgido tras los acuerdos, para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Washington en esa materia.
Los acuerdos comprometen a Estados Unidos a conceder un mínimo de 20.000 visas anuales para inmigrantes cubanos y La Habana considera que no hace falta un nuevo sorteo para continuar cumpliendo con esa obligación.
Desde 1995, 133.800 ciudadanos de la isla emigraron de manera legal, «sin tener que pagar a un criminal», comentó Brownfield.
La cifra de interesados es muchísima mayor, si se tiene en cuenta el número de personas que hicieron llegar sus datos para probar suerte en el «bombo», nombre con que popularmente se bautizó en la isla a la lotería de visados.
Según fuentes oficiales estadounidenses, en el primer sorteo se registraron 130.000 solicitudes, en el segundo (marzo de 1996), 438.000, mientras en el tercero, en junio de 1998, la cifra ascendió a 541.100.
Washington manifestó su deseo de ampliar el seguimiento de la situación de los indocumentados interceptados en alta mar y repatriados a Cuba, que dio seguridades de que nadie ha sido objeto de represalia por su intento de salir furtivamente del país.
No obstante el estancamiento en que parecen haber concluido las conversaciones, que se realizan de manera alterna en La Habana y Nueva York, ambas delegaciones defendieron la validez de los acuerdos.
El punto clave es que los dos gobiernos tienen el objetivo conjunto de tratar de producir una emigración desde Cuba hacia Estados Unidos «ordenada, legal y salva», dijo el jefe de la delegación estadounidense.
«Algunas cosas se han logrado», dijo Alarcón, quien destacó que para miles de personas los acuerdos han representado «el reencuentro familiar» y la solución de un problema «vital» para quien deseaba emigrar.
Los contactos de Nueva York debieron realizarse en junio, pero se aplazaron hasta septiembre por el caso del niño Elián González, retenido en Estados Unidos contra la voluntad de su padre.
El menor había salido de la isla junto a su madre, Elizabeth Brotons, en una balsa furtiva que naufragó en alta mar, en diciembre de 1999, con sus 14 pasajeros a bordo.
Al naufragio sobrevivieron sólo tres personas, entre ellos el pequeño Elián, cuyo padre pudo traerlo de vuelta a Cuba el 28 de junio, luego de una tenaz batalla judicial contra familiares residentes en ese país que se oponían al regreso del niño a la isla. (FIN/IPS/pg/dm/ip/00
