La Organización Mundial del Comercio (OMC) decidió establecer un tribunal especial para dirimir un litigio de carácter ambiental entre la Unión Europea (UE) y Chile, que gira en torno a la captura del pez espada.
La UE, que había planteado inicialmente el caso como un conflicto de puros intereses comerciales, intentó sin éxito un acuerdo de último momento que recoge algunos de los argumentos conservacionistas esgrimidos por Chile y respaldados por instituciones ecologistas.
El Organo de Solución de Diferencias de la OMC dispuso en forma automática el martes la constitución de un tribunal especial (panel) para resolver el conflicto.
Durante la sesión, Australia, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, India, Islandia y Noruega hicieron reserva de sus derechos como terceras partes, que les garantiza la posibilidad de defender sus intereses y de recurrir las medidas que se adopten.
El bloque europeo objeta una disposición chilena de 1991 que veda el ingreso a los puertos de ese país sudamericano de los barcos que capturan pez espada.
La resolución de Santiago responde a fines proteccionistas, pues los cardúmenes de esa variedad oceánica disminuyen de manera alarmante, según estimaciones de entidades ambientalistas.
La UE entabló el pleito para defender a una flotilla de seis pesqueros de bandera española que capturan esa especie migratoria en aguas del océano Pacífico.
La reglamentación chilena prohíbe las operaciones de descarga, almacenaje, transporte e importación de las capturas de pez espada, aunque hayan sido efectuadas en aguas territoriales.
La UE dice que la decisión chilena impide a las embarcaciones de pesca con banderas de países de ese bloque, que operan en el sudeste del Pacífico, la descarga de peces espada en los puertos chilenos y también el depósito y el transbordo a otras naves.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, denunció ante la OMC que la política chilena causa pérdidas de competitividad y perjudica a la industria comunitaria. Las compañías pesqueras españolas que operan en esas aguas procuran colocar sus capturas de pez espada fresco en el mercado de Estados Unidos.
El gobierno chileno de Ricardo Lagos fundamenta su posición en la depredación del pez espada que se perpetra en aguas internacionales. Dentro de las 200 millas de jurisdicción económica chilena existen severas disposiciones para evitar esos abusos.
Chile pretende que más allá de las 200 millas la pesca de esa especie se efectúe de manera responsable, transparente y regulada.
Las organizaciones ambientalistas internacionales salieron en defensa de la posición chilena. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reprochó a la Comisión Europea por haber cedido a las presiones de España», pese a los perjuicios ambientales.
El bloque europeo otorga privilegios a sus intereses económicos en perjuicio de la supervivencia de una especie amenazada, dijeron dirigentes ecologistas.
Los comisarios europeos Pascual Lamy, de Comercio, y Franz Fischler, de Agricultura y Pesca, en respuesta a las presiones ambientalistas, intentaron concertar un acuerdo con Chile que evitara la constitución del grupo especial.
Lamy y Fischler, en una carta dirigida al viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, declararon que la UE prefería una solución que contemple el requisito de la pesca sustentable.
El negociador comercial chileno, Alejandro Jara, aceptó que esa propuesta había sido recibida en Santiago y que su gobierno envió una respuesta. Ahora esperamos la reacción de la UE, dijo.
Jara estimó que en la propuesta europea hay espacio para un acuerdo, pues, según dijo, las dos partes comparten los mismos objetivos de preservar el pez espada con una mínima distorsión del comercio y con el propósito de lograr el desarrollo sustentable de los recursos.
Los procedimientos de la OMC determinan que el grupo especial debe constituirse dentro de los 30 días siguientes de la decisión de su establecimiento.
Ese tribunal dispone de un plazo de seis meses para entregar su informe al Organo de Solución de Diferencias. (FIN/IPS/pc/dm/ip en/00
