Grupos de derechos humanos de América Central criticaron la actitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España en el caso de ocho ex militares y políticos guatemaltecos acusados de delitos de contra los derechos humanos.
Celia Medrano, coordinadora de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), dijo que la Fiscalía se está convirtiendo en cómplice al solicitar a un tribunal español que no enjuicie a ocho acusados guatemaltecos por considerar que ese juzgado carece de competencia en el caso.
La dirigente indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, mantiene en Madrid una querella contra ex militares y políticos guatemaltecos por genocidio, torturas, asesinato, terrorismo y detención ilegal, cometidos presuntamente contra el pueblo maya entre 1962 y 1996.
Pero el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Pedro Rubira, solicitó a fines de la semana pasada que se desestime el juicio contra los imputados, al alegar el «principio de cosa juzgada» y sostener que los crímenes denunciados se dieron en un período de guerra interna en Guatemala.
El juez español Guillermo Ruiz Polanco admitió en marzo, pese a oposición de la Fiscalía, el trámite de la querella de Menchú.
Entre los acusados se encuentran los militares retirados Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso de Guatemala, y Oscar Humberto Mejías, quienes llegaron al poder en 1982 y 1986, respectivamente, tras sendos golpes de Estado.
Los restantes implicados son el general Fernando Romeo Lucas, presidente entre 1978 y 1982, Angel Aníbal Guevara, Donaldo Alvarez, German Chupina, Pedro García y Benedicto Lucar.
Pero el fiscal Rubira dijo que no hay constancia de que las acusaciones de Menchú hayan sido presentadas previamente a la justicia guatemalteca, puesto que se considera confirmada «la voluntad de la república de Guatemala de resolver los horrores de su pasado».
El fiscal alegó que no se puede juzgar a los querellados porque se incurriría en un problema de retroactividad de la ley y afirmó que en el documento presentado por Menchú no hay prueba alguna para corroborar las acusaciones de genocidio.
Los acusados «son responsables de graves violaciones a los derechos humanos y tenemos plena confianza de que se va a seguir adelante con el proceso en su contra», dijo a IPS el activista guatemalteco Mario Polanco.
Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), indicó que personas como Menchú han debido recurrir a la justicia de otros países puesto que en Guatemala los juicios en los que están implicados militares marchan muy lento o se encuentran paralizados.
«Hay que ser realistas y sabemos que es muy difícil que estos acusados guatemaltecos sean procesados pero por lo menos esperamos una orden de captura en su contra», expresó el activista.
Polanco detalló que si se giran estas órdenes internacionales de captura sería un paso muy significativo en contra de la impunidad, pues los acusados no podrían salir de su país y «Guatemala se convertiría en una gran cárcel para ellos».
La próxima semana continuarán las deliberaciones en España para determinar si se juzgan esos crímenes de Guatemala. (FIN/IPS/nms/ag/hd/00
