El juez Juan Guzmán, quien instruye en Chile un proceso criminal contra el ex dictador Augusto Pinochet, anunció hoy que el próximo miércoles 27 le hará el interrogatorio judicial que la Corte Suprema de Justicia le exige como diligencia previa a su eventual encausamiento.
El magistrado dispuso al mismo tiempo que el 22 de enero se le practiquen al ex gobernante de 85 años los exámenes médicos, tanto físicos como mentales, que determinarán si es imputable penalmente o si debe ser exonerado del posible juicio por demencia senil u otra anomalía siquiátrica.
Guzmán dio así rápido cumplimiento al fallo de cuatro votos contra uno con que la sala penal de la Corte Suprema acogió este miércoles un recurso de amparo a favor del ex dictador, lo que anuló la orden de arresto y procesamiento de Pinochet emitida por el juez a comienzos de este mes.
El dictamen fue calificado por organizaciones de derechos humanos como un «triunfo pírrico» del general retirado, ya que el máximo tribunal fijó a la vez un plazo perentorio de 20 días para que el juez procediera a tomar a Pinochet la declaración indagatoria o interrogatorio judicial.
Según el tribunal, la declaración anterior que Pinochet emitió por escrito en 1999, mientras estaba bajo arresto domiciliario en Londres, en respuesta a un interrogatorio que Guzmán le envió por vía diplomática, no constituía propiamente un interrogatorio judicial, motivo por el cual anuló el auto de procesamiento.
El 8 de agosto, la propia Corte Suprema despojó de sus fueros legislativos como senador vitalicio a Pinochet, dando así luz verde para su posible procesamiento al juez Guzmán, quien el 1 de este mes lo acusó formalmente por su responsabilidad en los crímenes del caso conocido como «caravana de la muerte» en 1973.
En su fallo de este miércoles, el tribunal especificó que los exámenes médicos que deben realizarse a Pinochet por resolución de la Corte de Apelaciones son independientes de la declaración indagatoria y, por tanto, no constituyen un requisito para ésta.
En una aplicación cabal de ese dictamen, Guzmán fijó para el 22 de enero los análisis que se le practicarán en el Hospital Militar de Santiago al veterano general retirado, a cargo de profesonales del Servicio Médico Legal y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
A los exámenes se incorporarán, a petición de las partes, dos peritos adjuntos, designados por los abogados querellantes en el caso de la «caravana de la muerte» y el equipo de defensores de Pinochet.
La «caravana» fue una misión especial que Pinochet, como comandante del Ejército, designó tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 para supervisar los juicios que tribunales militares hicieron a prisioneros políticos izquierdistas en varias ciudades del norte y sur de Chile.
Guzmán determinó que existen antecedentes concretos para atribuir a Pinochet responsabilidad como mandante y coautor intelectual de la desaparición de 18 presos, caratulada como secuestro, y del homicidio de otros 58.
Mientras el magistrado anunciaba este jueves sus resoluciones, Pinochet abandonaba el Hospital Militar, donde fue internado algunas horas debido a una descompensación de su presión arterial.
El ex dictador, quien sufre de problemas circulatorios, diabetes y cardiopatías, además de dolencias lumbares y en las rodillas, es controlado permanentemente por sus médicos y sus visitas al Hospital Militar son cada vez más frecuentes.
Las organizaciones de derechos humanos y los abogados acusadores sostienen que las dolencias de Pinochet son propias de un anciano de 85 años, pero que no constituyen un impedimento para que sea juzgado.
El equipo de defensores del ex dictador, encabezado por Pablo Rodríguez, argumenta, en cambio, que el estado de salud y la avanzada edad de Pinochet le impedirían soportar un juicio y que, por tanto, se atropellaría su derecho a un debido proceso si el juez Guzmán insiste en llevarlo al banquillo de los acusados.
Según Rodríguez, este argumento está respaldado por la Constitución y convenios internacionales de derechos humanos, mientras los querellantes sostienen que, de acuerdo a la ley chilena, el único factor que salvaría a Pinochet de un juicio es que se le declare inimputable por demencia senil.
La defensa del ex gobernante considera vejatoria la posibilidad de que se le diagnostique demencia senil u otra anomalía psiquiátrica y litigó ante la Corte de Apelaciones para que no se le hicieran análisis mentales. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/00
