El gobierno de Colombia prorrogó por 54 días la vigencia de la zona desmilitarizada creada para las negociaciones con las insurgentes FARC, que hoy cumplen dos años y están suspendidas por los guerrilleros.
El gobierno también anunció un acuerdo para canjear prisioneros. Esa decisión, al igual que el mantenimiento de sus tropas fuera de los 42.000 kilómetros cuadrados en el sudeste a los que se denomina «zona de distensión», fue recibida con beneplácito por la comunidad internacional.
Las medidas fueron interpretadas como señales tendientes a la reanudación de las negociaciones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), congeladas desde mediados de noviembre.
Al prorrogar la desmilitarización hasta el 31 de enero, el gobierno anunció una serie de medidas para que en esa región se cumpla con el objetivo que le dio origen: la realización de negociaciones con las FARC en condiciones adecuadas de seguridad y proteger los derechos de sus habitantes.
El estatal alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, dijo que desde ahora se controlará el acceso al área, en especial de extranjeros, y se analizarán denuncias de ciudadanos sobre violaciones a sus derechos y el ingreso de materiales que puedan ser utilizados en la producción de drogas.
Gómez afirmó que la prórroga muestra la intención del gobierno de Andrés Pastrana de, ante todo, «lograr el descongelamiento de las negociaciones» decretado por las FARC de manera unilateral, y avanzar en la negociación de acuerdos humanitario sobre canje de prisioneros, que no se han detenido.
El grupo guerrillero, que participa en estas negociaciones a través de su máximo líder, Manuel Marulanda, entregaría al menos 10 policías y soldados prisioneros con problemas de salud, a cambio de la entrega de 10 guerrilleros presos en similar situación.
El funcionario dijo que este acuerdo humanitario en el que se avanza de manera acelerada podría ser el inicio para un pacto más amplio como lo han propuesto organismos internacionales.
El funcionario reiteró que el gobierno considera que la zona de distensión tiene como único objetivo realizar la negociación con las FARC.
La decisión fue tomada al filo de la medianoche del miércoles tras una serie de consultas del presidente Pastrana con varios sectores de la sociedad y representantes de países patrocinantes del proceso de paz, que exhortaron a las FARC a descongela el diálogo y a volver a la mesa de negociaciones.
Atendiendo «las recomendaciones de la comunidad internacional, las fuerzas políticas, organizaciones sociales, la iglesia y sectores de la opinión pública, el gobierno creyó conveniente darle una nueva oportunidad a la salida política del conflicto armado», dijo Pastrana.
Tras una reunión con Pastrana, la embajadora de Estados Unidos, Anne Patterson, reiteró que su país respalda sin condiciones la salida negociada para el conflicto, y que para ello destinó recursos al Plan Colombia, una estrategia global del gobierno para erradicar el narcotráfico y negociar la paz.
Pero el Plan Colombia, al que Estados Unidos destinará 1.300 millones de dólares, es criticado por organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales por su componente militar y los efectos que tendrá la erradicación de cultivos en el ambiente y en la seguridad de las personas.
«Apoyamos totalmente al presidente en su proceso de paz y ojalá que las FARC vuelvan a la mesa de negociación tan pronto como sea posible», dijo la embajadora Patterson.
Daniel Parfait, embajador francés y representante de la Unión Europea (UE), dijo que ese bloque respalda con determinación el proceso de paz colombiano porque «no hay otra opción «, pero advirtió que el respeto del derecho internacional humanitario en las zonas en conflicto es un asunto prioritario.
Según Parfait, llegar a un acuerdo humanitario para proteger a la población civil de la guerra «sería un paso muy importante porque hay mucho sufrimiento en el país».
La necesidad de de un acuerdo humanitario fue reiterada el lunes por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en una entrevista que sostuvo en Bogotá con Pastrana.
El embajador de Canadá, Guillermo Richinsky, dijo que la búsqueda de la paz «toma tiempo, requiere paciencia y tiene altibajos», pero sostuvo que se trata de un proceso inexorable y que «el mundo está con el pueblo colombiano».
Richinsky afirmó que las decisiones que se deben tomar para sacar el proceso de paz adelante «no son fáciles» , pero son indispensables para que la buena voluntad expresada por las partes se concrete «en acuerdos reales que beneficien a todos los colombianos».
Así mismo, el delegado de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Egeland, expresó su apoyo a la prórroga de la zona de distensión y a que «las partes vuelvan a la mesa de negociaciones».
La región desmilitarizada que cubre 42.000 kilómetros de cinco municipios del sudeste colombiano ha sido seis veces prorrogada desde su creación el 7 de diciembre de 1998.
Entre los principales críticos a los acuerdos entre Pastrana y la guerrilla que le dieron origen figuran los organismos de seguridad, que acusan a las FARC de utilizar la zona para fortalecerse militarmente, negociar con el narcotráfico y violar los derechos humanos de sus habitantes.
La prórroga es un paso positivo, que muestra el interés del gobierno de mantener abierto el diálogo con el grupo insurgente, dijo a IPS Fernando Giraldo, profesor de Ciencias Políticas de la privada Universidad Javeriana.
Giraldo sostuvo que el regreso de las tropas a la zona habría significado «un incremento significativo del conflicto, porque conduciría inevitablemente a una radicalización de posiciones, particularmente por el lado de las FARC».
Pero el experto advirtió que la parálisis del diálogo conduce «a que algunos sectores de la sociedad empiecen a tener un sentimiento de falta de resultados concretos y a presionar al gobierno», incluso alentados por la presión de grupos de derecha que apoyan una solución militar del conflicto.
Las FARC y el gobierno instalaron la mesa de diálogo el 7 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán, principal poblado de la zona de distensión, pero sólo hasta el 24 de octubre se iniciaron oficialmente las negociaciones, congeladas unitaleralmente por las FARC en varias oportunidades.
El último congelamiento ocurrió a mediados de noviembre, cuando las FARC protestaron por el diálogo que sostuvo el ministro del Interior, Humberto de la Calle, con el líder de la organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño.
Según las FARC, el gobierno da un tratamiento político a los paramilitares, a los que responsabilizan por 80 por ciento de las masacres contra campesinos cometidas este año. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/00
