El presidente de Chile, Ricardo Lagos, acogió hoy parcialmente el pedido de las Fuerzas Armadas de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para analizar el sometimiento a proceso del ex dictador Augusto Pinochet, acusado por un juez de crímenes contra los derechos humanos.
Lagos anunció que reunirá al Cosena, del cual forman parte los comandantes del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía de carabineros, sólo cuando se complete la tramitación en los tribunales de un recurso de apelación al auto de procesamiento, presentado por la defensa del anciano general de 85 años.
El mandatario sostuvo que de esta forma resguardará el principio constitucional de la independencia del Poder Judicial, impidiendo que la reunión del Cosena sea vista como una presión a los tribunales, y que al mismo tiempo cumplirá con su deber de escuchar a todos los sectores, incluyendo a las Fuerzas Armadas.
Una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago considerará probablemente este jueves el recurso de la defensa de Pinochet presentó contra la decisión del juez Juan Guzmán.
Guzmán ordenó el viernes el arresto preventivo del ex dictador (1973-1990) para procesarlo por su responsabilidad en 18 secuestros y 57 homicidios. Todas las víctimas eran prisioneros políticos y los hechos ocurrieron en 1973.
El martes, la Corte de Apelaciones acogió un «recurso de no innovar» de los defensores del desaforado senador vitalicio, con la consiguiente suspensión de la orden de detención y juzgamiento hasta que los tribunales se pronuncien acerca de la apelación al auto con que Guzmán declaró reo de la justicia a Pinochet.
El caso se resolverá en definitiva en la Corte Suprema de Justicia, ya que si la Corte de Apelaciones revoca la decisión de Guzmán, los abogados querellantes presentarán recursos ante el máximo tribunal. Lo mismo hará la defensa de Pinochet si la determinación del magistrado es confirmada en esta primera instancia.
Con estos antecedentes, la reunión del Cosena anunciada por Lagos tendría lugar, por lo menos, en una semana, y lo más probable es que esta pugna en los tribunales se prolongue por más tiempo, reproduciendo el escenario de los 503 días en que el ex dictador estuvo detenido en Londres, entre octubre de 1998 y marzo de este año.
Lagos regresó el martes de una gira de una semana por Estados Unidos y México. Al caer la noche se reunió por dos horas con los comandantes Ricardo Izurieta, del ejército, Jorge Arancibia, de la armada, y Patricio Ríos, de la fuerza aérea, y con el jefe del Cuerpo de Carabineros, Manuel Ugarte.
Los jefes militares llegaron a la entrevista con el pedido preciso de convocar al Cosena, un organismo creado por la dictadura que, además de los altos mandos, comprende a los presidentes de la República, del Senado y de la Corte Suprema, y al Contralor General de la República.
El argumento de los mandos castrenses fue que el enjuiciamiento de Pinochet atañe a la seguridad nacional, pues crea preocupación en las Fuerzas Armadas y contradice «gestos» que éstas hicieron el presente año a favor de la reconciliación nacional y por la búsqueda de soluciones a problemas de derechos humanos.
El planteamiento militar coincidió con una campaña de parlamentarios de la oposición derechista que piden la remoción del juez Guzmán, acusándolo de politizar el juicio a Pinochet y de dar pie a una venganza de sectores de izquierda contra el ex dictador.
La campaña alcanza también a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, la abogada Clara Szczaranski, quien se hizo parte en los cargos contra el ex dictador por los crímenes atribuidos a la «caravana de la muerte», una misión militar que Pinochet designó luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Guzmán envió una carta de apoyo y solidaridad a Szczaranski, lo cual no sólo incentivó las críticas derechistas, sino que le significó este miércoles una censura por escrito de la Corte Suprema de Justicia.
Los últimos acontecimientos en torno del caso Pinochet tienen también como marco la exigencia de políticos derechistas y de oficiales retirados de dar «una salida política» al proceso judicial contra el ex dictador y a los demás casos pendientes de derechos humanos, como lo reiteró este miércoles el diputado Pablo Longueira, presidente de la Unión Demócrata Independiente.
Tal idea estaba también implícita en la demanda de los mandos militares de convocator al Cosena. Por su parte, el gobierno y los partidos oficialistas insisten en que la situación del ex gobernante es un asunto judicial.
Lagos señaló este miércoles que, por definición constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional «no puede interferir en la acción de ninguno de los poderes del Estado» y que «no puede abordar temas que competen exclusivamente al Poder Judicial».
El mandatario reiteró el planteamiento de la gobernante Concertación por la Democracia, en el sentido de que el Cosena es una institución «no adecuada» para el estado de derecho, pero cuya existencia debe ser respetada mientras conste en el ordenamiento constitucional.
En tono calmado y a ratos coloquial, el presidente reconoció que existe inquietud en las Fuerzas Armadas por la situación procesal de Pinochet y que su deber como gobernante es escuchar a todos los sectores, incluyendo a los militares.
Con ese argumento, Lagos justificó la convocatoria al Cosena, diferida para el momento en que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo definitivo sobre la decisión de Guzmán de procesar al ex dictador. (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/00
