El presidente de Perú, Alberto Fujimori, tiene que superar la crisis económica y negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de una difícil situación política, agravada con el retorno al país del ex jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos.
El Ministro de Economía, Carlos Boloña, comenzó a exponer esta semana ante la Comisión de Presupuesto del Congreso los recortes fiscales propuestos para el próximo año y no ha podido evitar las críticas por el impacto recesivo de su plan.
«El recorte del gasto público no puede ser tan drástico como el que propone Boloña, porque acentuará la recesión», advirtió Alvaro Quijandría, gerente de la empresa de asosoría financiera Apoyo Consultoría.
Similar criterio expresó el ex presidente del Banco Central de Reserva, Jorge Chávez, quien criticó además la reasignación de los ingresos tributarios y de aduanas. «Es casi como raspar el arroz quemado del fondo de la olla, no se podrá conseguir mucho en esos organismos», afirmó.
Boloña está obligado a conseguir mil millones de dólares para financiar el déficit fiscal previsible, pero los recortes en su plan no reducirían el gasto en más de 350 millones de dólares y los organismos multilaterales de crédito no están muy conformes con la situación.
El ministro destacó que el recorte es necesario para que el gobierno pueda pagar a los contratistas y proveedores, quienes no han cobrado nada en los últimos cuatro meses.
«Tenemos que ajustar al Estado para no perjudicar más al sector privado», dijo Boloña.
El ministro admitió que será necesario no sólo reducir servicios y obras, sino también recurrir al despido masivo de empleados públicos, como ocurrió en los primeros años del gobierno de Fujimori, cuando se redujo en 60 por ciento el número de funcionarios.
«Yo dejé 900.000 personas y ahora tenemos 1.150.000. Tendremos que racionalizar», advirtió.
«En medio de una crisis institucional que llega al nivel del desgobierno, forzado a renunciar antes de completar su mandato de cinco años, Fujimori está obligado a encontrar en las próximas semanas planes económicos de transición para evitar un colapso total», señaló el economista Raúl Saldías.
Fujimori, quien debe abandonar la Presidencia el 28 de julio, cuatro años antes del plazo para el que fue reelegido, tiene hoy el nivel más bajo de popularidad en sus 10 años de gobierno, -más de 30 por ciento-, carece de mayoría parlamentaria y su respaldo actual entre los actores económicos es de casi cero.
Su imagen de político enérgico se vio seriamente afectada por la impotencia demostrada ante los mandos militares, que muestran escaso interés en capturar a dos prófugos que desestabilizan al régimen: Montesinos y el comandante Ollanta Humala, quien se alzó en armas en un centro minero en la sierra sur.
El impacto del fracaso en la captura de Montesinos debilita al mandatario en el corto plazo, pero la singular rebelión izquierdista de Humala, quien deambula en la sierra sur y recluta rápidamente adeptos entre los jóvenes desempleados de la zona, es tal vez una amenaza más grave en términos económicos.
El modelo económico de Fujimori «se basó en la captación de inversiones extranjeras mediante condiciones ventajosas (…) así como estabilidad tributaria y política, lo que no puede garantizar con un horizonte de rebelión popular armada con apoyo de oficiales jóvenes del ejército», indicó Saldías.
«El recuerdo del régimen militar izquierdista del general Juan Velasco Alvarado, quien estatizó el petroleo, la minería, la pesca y casi toda la producción exportable, debe de estar asustando a los inversionistas», concluyó.
El economista Alejandro Indacochea, director del Centro de Competitividad de la Universidad Católica, consideró que «muy poco se puede hacer en el campo económico si no se resuelve el caótico problema político».
«Y no podemos confiar en el oxígeno de las inversiones extranjeras mientras las calificadoras de riesgo evalúen casi en rojo a Perú», añadió.
El gobierno de Fujimori apostó hace 10 años a que los megaproyectos mineros generaran un inmediato flujo de caja y que revirtieran la situación a partir de 1997, apuntó Indacochea, «pero buena parte de esos proyectos se postergaron y ahora, con los acontecimientos políticos, están en compás de espera».
El experto dijo que en los últimos tres años el plan económico perdió dinamismo, y cuando había que relanzarlo con reformas de segunda generación y visión de largo plazo, ocurrieron la crisis asiática, el fenómeno de El Niño y la costosa la campaña electoral que realizó Fujimori para lograr su reelección.
Indacochea estimó necesario que, con motivo de la campaña para los comicios de abril de 2001, los candidatos no comprometan la situación económica con discursos cargados de promesas populistas para atraer votos.
«Sin embargo, creo que si los empresarios se ponen de acuerdo para demandarla, una concertación económica entre los candidatos es más fácil que la concertación política entre ellos, porque supongo que ningún candidato querrá recibir el 28 de julio del 2001 un país en colapso», afirmó. (FIN/IPS/al/ag/ip if/00
