Los paramilitares que actúan hace cinco años en el estado meridional de Chiapas, en México, vuelven a mostrar su fuerza en vísperas del juramento presidencial de Vicente Fox.
Veinte heridos dejó este domingo una incursión policial en una comunidad indígena donde se esconderían armas y supuestos paramilitares dedicados a combatir a simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Enterados del operativo policial con horas de anticipación, según dijeron algunos testigos, los pobladores de la comunidad «Los Chorros» se organizaron para impedir, a golpes de palos y algunos disparos, que los agentes cumplan con su cometido.
Los policías debieron retirarse ante la resistencia. En el operativo resultaron heridos varios policías, pero quienes llevaron la peor parte fueron los indígenas del lugar.
Las autoridades indicaron este lunes que regresarán con más personal para cumplir con el objetivo de detener la violencia desatada por grupos armados irregulares que se esconderían en Los Chorros, comunidad del municipio de Chenalhó, ayuntamiento gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Organizaciones humanitarias y políticos opositores aseguran que en Chiapas operan al menos 12 grupos paramilitares, impera la impunidad y se desarrolla desde el gobierno una guerra de «baja intensidad» contra la guerrilla. Zedillo niega todas las acusaciones.
Activistas humanitarios realizaron los últimos cinco años campañas internacionales de denuncia y lograron que Amnistía Internacional, Human Rights Watch-Americas y el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos introdujera reiterados reclamos a México por violaciones de derechos humanos en Chiapas.
El EZLN, según el cual los paramilitares reciben protección de las autoridades, mantienen a Zedillo como rehén político desde que asumió la Presidencia en diciembre de 1994, opinó el columnista del semanario Milenio Raymundo Riva Palacio.
La guerrilla, que se levantó en armas el 1 de enero de 1994, y los militares, que copan todas las regiones de Chiapas, se mantienen en una tensa tregua gracias a una ley de pacificación.
Pero el diálogo de paz está suspendido desde 1996, luego de que Zedillo se negó a aceptar un proyecto de ley de derechos y cultura indígena preparada por el Congreso legislativo sobre la base de los únicos acuerdos suscriptos entre el EZLN y el Poder Ejecutivo.
A pesar de que en Chiapas existen miles de militares y policías y el gobierno gastó los últimos años cuantiosas sumas en programas sociales, el estado se mantiene como uno de los más violentos y pobres de México.
Durante el gobierno de Zedillo, los policías y militares fueron cómplices de la violencia, protegieron a los paramilitares y permitieron toda clase de atropellos, sostiene el grupo humanitario Agustín Pro Juárez.
Fox, que asumirá el 1 de diciembre, pedirá al Congreso convertir en ley el proyecto sobre derecho y cultura indígena rechazado por Zedillo, y anunció que movería al ejercito de la zona de influencia de la guerrilla para demostrar su buena voluntad para negociar.
En las elecciones de agosto triunfó un candidato a gobernador de la oposición en Chiapas, a quien la dirigencia del EZLN conoce y respeta, y Fox inició una serie de esfuerzos para establecer canales de comunicación con los guerrilleros.
Pero hasta ahora, y a pesar de que el PRI perdió por primera vez la Presidencia en 71 años, uno los «sueños» del EZLN, el grupo armado no respondió ninguno de los llamados al diálogo.
La Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso anunció que ya reanudó sus tareas con el objetivo de reactivar la negociaciones de paz en Chiapas y buscar la solución a sus problemas.
A mediados de este año y luego de más de cinco de ser acusado de fomentar y tolerar a los paramilitares, el gobierno de Zedillo estableció una unidad especial de policía para combatirlos.
Pero la violencia continuó. Paramilitares del grupo Paz y Justicia quemaron en agosto viviendas y echaron a 30 familias de un poblado habitado por simpatizantes de la guerrilla, y este domingo demostraron en Los Chorros que están dispuestos a enfrentar a la policía.
La semana pasada, la Procuraduría General detuvo a una docena de miembros de Paz y Justicia, entre quienes figuraba un ex diputado del PRI por Chiapas.
El grupo paramilitar es acusado de participar en la matanza de 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, registrada a fines de 1997 en la comunidad de Acteal. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/00
