Más de 80 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 33 países exigieron a los países ricos que combatan la corrupción en los proyectos que financian en el Sur en desarrollo.
Las ONG entregarán una carta con sus planteos al secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cuando este jueves y viernes se reúnan en París las agencias de crédito a la exportación pertenecientes a los países ricos que integran ese grupo.
Las agencias de crédito son instituciones públicas que financian grandes proyectos de infraestructura en los países en desarrollo. Pero a diferencia de los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, éstas reciben poca atención internacional.
La corrupción es uno de los puntos a discutir esta semana en París por el Grupo de Créditos a la Exportación de la OCDE. Desde febrero está vigente una convención de la organización que penaliza la práctica de sobornar a funcionarios extranjeros, pero las ONG sostienen que no se aplica.
«Hasta el momento las agencias no llegaron a un acuerdo internacional para impedir la corrupción en sus contratos», señaló Peter Bosshard, del grupo Declaración de Berna.
Las ONG pretenden que los exportadores que soliciten el crédito o la garantía estatal certifiquen por escrito que no darán pagos ilegales. También desean que los gobiernos investiguen todo pago ilegal.
Así mismo, piden a los gobiernos acreedores que no presionen a los estados prestatarios para que dejen de investigar irregularidades.
Entre las ONG se encuentran Like Minded Environmental Activists Group, de Bangladesh, Global Village, de Camerún, Halifax Initiative Coalition, de Canadá, Amigos de la Tierra Estonia, Instituto Social, de India, y Bioforum, de Indonesia.
«La corrupción distorsiona la selección de proyectos y sectores enteros del ámbito de la inversión. Es una causa importante de endeudamiento y de injusticia social», según el memorándum que enviarán las ONG al secretario general de la OCDE, Donald Johnston.
La corrupción también genera recargos en los costos de los proyectos, calculados entre 20 y 100 por ciento del total por el Banco Asiático de Desarrollo. También desvía fondos destinados a los sectores sociales a otros como la defensa, según las ONG.
Indonesia es un ejemplo de país que recibe presión política para no revelar el «pasado sucio» de estas agencias durante el régimen autoritario de Alí Suharto.
Según Bosshard, las agencias «recurren a tácticas de presión colectiva contra el nuevo gobierno (de Indonesia), que intenta superar el legado de la corrupción».
Bosshard es el autor del estudio «Corrupción con garantía pública: Proyectos corruptos de plantas de energía y la responsabilidad de las agencias de crédito a la exportación en Indonesia». El documento sostiene que la corrupción está presente en varios proyectos indonesios financiados por la suiza Export Risk Guarantee, entre otras.
Indonesia aún no comenzó a investigar las acusaciones de corrupción que surgieron en el sector energético cuando concluyó el régimen de Suharto, en mayo de 1998.
Una investigación descubrió irregularidades en la central de energía Paiton, en octubre. El ente estatal de electricidad, PLN, inició una acción judicial contra el consorcio de compañías de Estados Unidos, Japón e Indonesia que operan la central.
Pero «evidentemente bajo presión», según Bosshard, el presidente Abdurrahman Wahid recomendó al PLN en diciembre retirar la demanda. También ordenó la destitución del jefe de la planta y del principal negociador de la misma.
Indonesia recibió 29.000 millones de dólares de las agencias de crédito durante las tres décadas del régimen de Suharto, en tercer lugar después de Rusia y China.
A fines de 1997, la suiza Export Risk Guarantee había concedido 1.000 millones de dólares al país. La mayor parte de ese dinero se destinó a tres centrales de energía termal.
Un comunicado interno del Banco Mundial señaló en 1997 que entre 20 y 30 por ciento del presupuesto de Indonesia y de los proyectos del Banco en el país se diluían en sobornos.
La construcción de centrales de energía en Indonesia «era una de las mejores opciones para ganar dinero» entonces, comentó el año pasado la edición asiática del diario Wall Street Journal.
Los países industrializados, «ansiosos por obtener su tajada, concedían seguros contra riesgo como si fueran golosinas», agregó el diario.
Cuando el Banco Asiático de Desarrollo se negó a financiar la planta de Paiton, el Banco de Exportaciones e Importaciones y la Overseas Private Investment Corporation, ambas de Estados Unidos, tomaron su lugar en abril de 1995.
El representante de OPIC, Timothy Harwood, negó que su agencia esté involucrada en actos de corrupción.
«Si las agencias de créditos a la exportación no están preparadas para adoptar políticas claras y obligatorias para combatir la corrupción, la retórica sobre el buen gobierno de sus países será vacía e hipócrita», según Francesco Martone, de la ONG italiana Crocevia. (FIN/IPS/tra-en/gm/mu/aq/if/00
