Organizaciones gitanas españolas reclaman que se reconozca el casamiento por su rito tradicional, para lo cual cuentan con el apoyo del parlamento de Aragón, aunque difieren entre sí sobre sus características.
«El rito nupcial de los gitanos llegó a Europa cuando este continente sólo se estaba configurando como sociedad», dijo a IPS Manuel Martínez Ramírez, presidente de Presencia Gitana, una organización no gubernamental multiétnica, que defiende los intereses de esa comunidad desde su fundación, en 1972.
El parlamento de Aragón -una de las 17 comunidades autónomas de España- aprobó el jueves una propuesta de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que, si es refrendada por el parlamento español, igualaría el valor legal del casamiento gitano con el católico, el islámico, el judío.
Otra asociación gitana, Kamira, propugna que el rito sea aprobado en su forma más tradicional, que exige que la «a juntadora» (una mujer mayor) rompa el himen de la novia con un pañuelo y que después lo exhiba ante una asamblea de hombres como prueba de la virginidad.
Un portavoz de Kamira sostiene que si se eliminase esa parte del rito «se acabaría con el pueblo gitano».
Martínez Ramírez, por el contrario, señaló que ese ritual no es público ni de cumplimiento obligado. «Sólo se puede practicar con quienes expresamente lo aceptan», pues «no hay religión, cultura ni rito que pueda primar sobre el derecho ciudadano a su propio cuerpo».
Pero también recordó que el casamiento gitano llegó a España hace unos 575 años y desde entonces «ata de manera absoluta a los contrayentes», al contrario que al resto de los españoles, que sólo durante la República (1936-39) tuvieron casamientos civiles y en la actualidad desde que se aprobó la Constitución, en 1978.
La iniciativa aragonesa es una prueba de sensibilidad por quienes luchan por sus derechos, señaló Martínez Ramírez, quien recordó que cuando se elaboró la Constitución sólo el Partido Andalucista (de la región de Andalucía) recibió a Presencia Gitana, y el parlamento ni siquiera trató el tema.
Por otro lado, el abogado Fernando Mariño, presidente de la Asociación Española pro Derechos Humanos, dijo a IPS que lo fundamental es favorecer el establecimiento del vínculo entre personas que desean vivir juntos, contraer matrimonio, establecer una familia.
«La forma es secundaria, hay que garantizar la mayor libertad de formas y una de ellas es reconocer su derecho de acuerdo a la tradición centenaria», afirmó.
Sin embargo, también Mariño objeta el rito de «a juntaora». Para el humanista, quien es también profesor de derecho internacional en la Universidad Carlos III, toda legislación debe tener en cuenta el orden público.
«Y el orden público establece la igualdad entre la mujer y el hombre, y rechaza cualquier trato degradante. Y ese aspecto del rito es degradante para la mujer», puntualizó el jurista. (FIN/IPS/td/ag/cr/00
