Tras dos años de discusiones, es inminente la publicación por parte de la Comisión Mundial de Represas (WCD) de un informe que podría decidir el futuro de este tipo de construcciones.
El documento cuenta con el respaldo unánime de los 12 comisarios de la WCD, que representan al Estado, la sociedad civil y las empresas privadas.
El informe "está basado en la tarea de otros en el pasado, y espera guiar el futuro de las decisiones adoptadas para nuestro recurso más preciado, el agua", dijo el sudafricano Kader Asmal, titular del WCD y actual ministro de Educación de su país.
Durante décadas, las represas han sido acusadas de poner en peligro el ambiente y devastar la vida de millones de habitantes pobres, especialmente en Africa, América Latina y Asia, que perdieron sus medios de sustento o fueron obligados a reubicarse.
Muchos gobiernos e instituciones financieras, sin embargo, argumentan que los proyectos hidroeléctricos generan electricidad, controlan las inundaciones y proporcionan la necesaria irrigación a los cultivos.
Con el fin de evaluar las consecuencias, buenas y malas, de las represas en el mundo, la WCD se valió de casos de estudio, audiencias públicas, investigaciones y consultas desde su creación en 1998.
Los casos de estudio fueron compilados sobre represas específicas en Brasil, Estados Unidos, Noruega, Pakistán, Tailandia, Turquía y Zambia. La comisión prestó especial atención al impacto de proyectos en China e India, dos países que construyen gran cantidad de represas.
Si bien la comisión no tiene autoridad para recomendar ninguna medida en relación a las grandes represas, el informe podría llevar a significativos cambios de política por parte de gobiernos y entidades financieras, como el Banco Mundial y las agencias oficiales de exportación (ECA).
"Esperamos que la WCD recomiende un proceso para adoptar decisiones que exija la conformidad de la gente afectada por hechos que le perturban la existencia", apuntó Aviva Imhof, de la Red Internacional de Ríos, un grupo ecologista de Estados Unidos.
La WCD se creó gracias a la presión de comunidades de todo el mundo afectadas por las represas que se reunieron en la ciudad brasileña de Curitiba en marzo de 1997 para compartir sus experiencias respecto a la pérdida de tierras, bosques y pesca, así como su exclusión en los procesos de decisión.
Para Liane Greeff, del Grupo Sudafricano de Control Ambiental, el informe del WCD es una necesidad.
"Esperamos con la respiración contenida descubrir si la comisión tiene o no el coraje y la visión de cuestionar el erróneo paradigma desarrollista y de frenar la era de las grandes represas, conduciéndonos a un futuro que ponga a la gente en el centro del proceso de desarrollo", manifestó.
Los opositores de las represas en todo el mundo siguen organizando manifestaciones contra los proyectos hidroeléctricos. Ambientalistas y abogados humanitarios condenan el dictamen de la Corte Suprema de India que permitió reanudar las obras de la represa Sardar Sarovar, en el río Narmada.
Sardar Sarovar, que en un principio tuvo el apoyo del Banco Mundial, es parte del proyecto de desarrollo del valle del Narmada, que abarca la construcción de cientos de grandes represas y un extenso sistema de irrigación.
Los activistas disidentes, entre ellos la premiada escritora Arundhati Roy, dijeron que el proyecto y su infraestructura asociada amenaza con desplazar casi medio millón de personas, en su mayoría campesinos pobres e indígenas.
Decenas de miles de hectáreas de tierra fértil, bosques, templos antiguos y necrópolis sagradas tambien quedarán sumergidas por el agua.
Sin embargo, el gobierno aduce que el agua de la represa regará más de 1,8 millones de hectáreas, la mayor parte en el estado de Gujarat y Rajastán, y aliviará la sed de las áreas devastadas por la sequía en Kutch y Saurashtra, en Gujarat.
La organización Movimiento para Salvar el Narmada (NBA) realiza manifestaciones desde hace más de una década con el fin de salvar los hogares de los habitantes y sus medios de subsistencia de la inundación provocada por el embalse de la represa.
"El veredicto ha dado (a la gente afectada por la represa) más determinación. Para ellos es una cuestión de vida o muerte", declaró Medha Patkar, el líder del movimiento NBA.
Grupos ambientalistas y de derechos humanos confían que las recomendaciones del WCD se puedan usar para presionar a las entidades financieras a dejar de apoyar a aquellos proyectos de represas considerados destructivos.
Varias instituciones de este tipo, como los bancos de Exportación e Importación de Estados Unidos y Japón, Garantía Hermes, de Alemania, COFACE, de Francia y SACE, de Italia, han sido acusadas de respaldar los proyectos hidroeléctricos más controvertidos, incluso la represa de Tres Gargantas, en China, y la de Illisú, en Turquía.
Agencias alemanas, suizas y canadienses financian la represa china de Tres Gargantas, que estará concluida entre el 2009 y 2013. El proyecto podría crear un gigantescvo embalse en el medio del río Yangtze, el más extenso del país, desalojando a más de un millón de personas.
El agua subirá en la mayor parte de la zona de Tres Gargantas e inundará permanentemente 32.000 hectáreas de tierra cultivable, 13 ciudades, 140 pueblos, 1.352 aldeas, 657 fábricas y cientos de reliquias arqueológicas, algunas con 6.000 años de antigüedad.
Siete agencias de exportación consideran extender su respaldo al proyecto Illisú de 1.000 millones de dólares, la que sería la mayor represa de Turquía.
El proyecto prevé una represa en el río Tigris, cerca de la frontera con Iraq y Siria, que desplezará a decenas de miles de kurdos que se oponen a la obra, e inundará algunos sitios arqueológicos admirados por la gente.
Daniel Bradlow, profesor de derecho y director del programa de estudios de la Facultad de Derecho de Washington, que actuó como consultor para la WCD, dijo que la comisión sugirió normas y pautas que no solamente serán aplicadas a las represas sino a cualquier tipo de proyecto de infraestructura. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/ego/aq/en-dv/00
