Las leyes de protección de patentes farmacéuticas de los países en desarrollo pueden responder a las políticas sanitarias nacionales y atender a las necesidades de los pobres sin violar obligaciones internacionales, dictaminó un estudio especializado.
El trabajo, preparado por el experto Carlos Correa, de la Universidad de Buenos Aires, aconseja a los países en desarrollo que se amparen en resquicios de la legislación internacional para proteger el acceso de su población a medicamentos eficaces y baratos.
La investigación gira en torno al discutido Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) adoptado en 1994 como parte del proceso de apertura de mercados acordado en la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales comerciales.
El ADPIC, una de las columnas que sostiene a la Organización Mundial del Comercio (OMC), obliga a todos los estados, incluidos los países en desarrollo, a dictar nuevas normas sobre propiedad intelectual.
Una disposición importante es que los países están constreñidos a reconocer la protección de las patentes para los productos farmacéuticos.
El hecho de que las medicinas puedan ser patentadas significa que el acceso a esas drogas y su precio dependan de una decisión del propietario de la patente, que en general es una compañia transnacional farmacéutica.
Las evidencias recogidas en los países que ya han adoptado la protección de las patentes demuestran que esa legislación conduce a precios más altos de los que regirían si existiera competencia, dijo Correa la semana pasada al presentar su estudio.
El libro de Correa, titulado «Incorporación de los intereses de salud pública a la legislación sobre patentes de los países en desarrollo», fue publicado por el Centro Sur, instituto intergubernamental de investigación creada por varios países en desarrollo, que tiene sede en Ginebra.
Muchos estados todavía no han podido aplicar el ADPIC debido a sus complejidades jurídicas, que obligan a reformar leyes y establecer disposiciones administrativas.
A pesar de eso, es previsible que con la nueva legislación los países en desarrollo afrontarán problemas cada vez mayores para asegurar el acceso a las medicinas, en especial a las nuevas drogas, advirtió el autor del estudio.
El libro, financiado por la Fundación Rockefeller, reconoce otras investigaciones previas sobre la materia, como un trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que admitió el derecho de los países a adoptar medidas para asegurar el acceso a las drogas a precios razonables.
La OMS mencionó medidas como la licencia obligatoria, que consiste en la autorización judicial o administrativa para que un tercero use la invención patentada sin consentimiento del propietario, pero siempre que exista una razón de interés público.
Entre los motivos de interés general que justifican la licencia obligatoria figuran la falta de explotación de la patente, la salud pública, los estados de urgencia y la defensa nacional.
Estados Unidos ha iniciado una acción legal contra Brasil ante el Organo de Solución de Diferencias de la OMC, para que elimine de la legislación brasileña la autorización de otorgar licencias obligatorias cuando una patente no se explota en el país.
Correa, un jurista que asesora a numerosos países en desarrollo en materia de propiedad intelectual, opinó que el ADPIC permite las licencias obligatorias, como contempla la legislación de Brasil.
El grupo especial (panel) de la OMC que juzga la demanda estadounidense debe entenderlo así porque se desprende del texto del tratado, estimó Correa.
El libro del Centro Sur pretende que los países en desarrollo conozcan que el texto del ADPIC deja un margen de maniobra para proteger el acceso a los medicamentos, que constituye un problema serio, estimó Correa.
Varios países en desarrollo, como Sudáfrica y otras naciones africanas, afrontan ese problema debido en particular a la epidemia de sida, ejemplificó.
Por tal razón, esos países necesitan dictar legislaciones que les permitan establecer metas de salud pública, insistió.
Pero los países en desarrollo no se enfrentan solamente con la obligación de cumplir con el ADPIC, sino que también, como en el caso de Sudáfrica, reciben presiones de algunas naciones industrializadas para que establezcan protecciones suplementarias a las patentes. (FIN/IPS/pc/mj/if/00
