Unas 350.000 personas están sitiadas en el sur de Colombia a causa de los combates que libran la guerrilla izquierdista y paramilitares de derecha, advirtieron los servicios de seguridad e inteligencia del Estado.
La guerra del sur es, para algunos analistas, un anticipo de las consecuencias que tendrá el llamado Plan Colombia, preparado por el presidente Andrés Pastrana y apoyado por Estados Unidos, cuya implementación comenzará en diciembre, con la erradicación de cultivos ilícitos de coca y amapola.
Los alimentos escasean en el departamento de Putumayo, donde se enfrentan las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), informaron los mismos servicios.
Cerca de 17.000 personas huyeron al vecino Ecuador, cuyas autoridades ordenaran el cierre del puente internacional de San Miguel, según el informe.
Las FARC bloquean hace 52 días las vías de acceso a Putumayo y también el tránsito interno de vehículos y personas en el departamento, para dificultar el desplazamiento de los paramilitares.
Por su parte, las AUC intentan consolidar su dominio en la región cocalera del llamado «bajo Putumayo».
En Putumayo «se vive una situación bastante anunciada, en función de todos los antecedentes que presenta la región», dijo a IPS la investigadora independiente Ligia Galvis.
Las FARC y las AUC, dos actores de la guerra civil, «están asegurando posiciones estratégicas para lo que va a venir (el Plan Colombia), señaló Galvis. Los costos los paga la sociedad civil, agregó.
El costo previsto del Plan Colombia, propuesto por el presidente Andrés Pastrana y reivindicado por Bogotá como una estrategia de desarrollo y combate al narcotráfico, es de 7.500 millones de dólares, 1.300 de ellos aportados por Estados Unidos.
El departamento de Putumayo, de 24.000 kilómetros de superficie, es una de las regiones más vulnerables a la violencia causada por los enfrentamientos políticos y la actividad del narcotráfico.
El informe de las agencias estatales de seguridad indica que están paralizadas todas las actividades en las localidades de Bajo Putumayo, como Puerto Asís y Orito. Los insurgentes amenazan de muerte a los pobladores y les prohibieron recibir los alimentos que envía el gobierno por vía aérea.
Los organismos afirmaron también que en las AUC amenaza, en las localidades que controla, a quienes identifique como «presuntos colaboradores de la guerrilla», y que «bloquean las vías» de transporte.
«Los enfrentamientos armados con la insurgencia en los que los civiles quedan entre dos fuegos son frecuentes», agrega el informe.
Organizaciones de civiles programan para esta semana una marcha hacia Bogotá, con el fin de pedirle al gobierno soluciones a la crisis humanitaria que viven.
El comandante Mario Montoya, a cargo de las operaciones militares en el sur, dijo este lunes que el fin de semana se desarrolló una ofensiva contra campamentos en los que las FARC almacenaban víveres y municiones, con un saldo de 20 guerrilleros muertos.
Además, se espera que las actuales medidas de presión de la guerrilla sean tratadas en la reunión que sostendrán este martes el comisionado presidencial para la paz, Camilo Gómez, con la cúpula de las FARC en San Vicente del Caguán, sede de las negociaciones que el gobierno lleva a cabo con el grupo rebelde.
En el departamento sureño de Nariño, el Ejército de Liberación Nacional (agrupación guerrillera más importante después de las FARC), bloquearon la vía que une a Pasto, la capital, con el puerto de Tumaco, en el Pacífico colombiano.
El gobernador de Nariño informó que el bloqueo vial, que cumplió este lunes una semana, mantiene desabastecidos de alimentos a varios municipios de la costa sobre el océano Pacífico y ha impedido la movilización de cerca de 2.000 personas por esa vía.
El ELN está dedicada a una ofensiva bélica, con ataques a poblados y secuestros de civiles, para presionar por la retirada del ejército de una zona del norte de Colombia en que se celebraría una convención nacional para definir con delegados de la sociedad civil su agenda para una negociación de paz.
La Defensoría del Pueblo solicitó este lunes a las FARC que levanten sus medidas como «un acto humanitario» y al ELN que suspenda el bloqueo vial en el sur , como «un gesto de paz para que no se siga afectando a la población civil».
Según el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, los habitantes del sur de Colombia viven «una situación crítica y dramática», que requiere una salida humanitaria inmediata.
En opinión de Cifuentes, los grupos armados «atentan contra los mínimos derechos de la población», a la que están convirtiendo «en un objeto de manipulación para arreglar sus problemas políticos y tácticos». (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/00
