Las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) declararon hoy congeladas la negociación de paz, con críticas a la supuesta debilidad del Estado para combatir a los paramilitares de derecha.
Los rebeldes realizaron el anuncio al comisionado presidencial para la Paz, Camilo Gómez, en El Caguán, dentro de la zona del sudeste de Colombia de la que se retiró el ejército para facilitar el diálogo de paz.
La reunión había sido convocada para considerar un cese del fuego y de hostilidades contra la población civil.
Hasta que el presidente Andrés Pastrana «no le aclare al país y al mundo su posición oficial frente al 'terrorismo paramilitar' y desarrollen políticas para liquidarlo, los actuales diálogos deben ser congelados», sostuvo el portavoz de las FARC, Andrés París, en una declaración escrita.
París afirmó que la entrevista el día 6 entre el ministro del Interior, Humberto de la Calle, y el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, constituyó «un reconocimiento de interlocución política del gobierno a los paramilitares de extrema derecha».
De la Calle había asegurado que la reunión fue «estrictamente de carácter humanitario», pues tenía la finalidad de lograr la liberación de seis legisladores del opositor Partido Liberal secuestrados por las AUC y no suponía una negociación política.
Castaño había puesto como condición para liberar a los seis legisladores el envío de una comisión de alto nivel «para discutir el proceso de paz».
Algunos analistas consideran que la reunión entre De la Calle y el jefe de las AUC logró poner en jaque la institucionalidad del país y las negociaciones con la guerrilla.
Las FARC afirmaron que el gobierno «ha mostrado debilidad a consecuencia de los resultados de las elecciones locales del 29 de octubre, en las que se registró un debilitamiento de los partidos tradicionales» Liberal, de oposición, y Conservador, al que pertenece el presidente Pastrana.
El gobierno procuraría en sus contactos con los paramilitares fortalecerse favoreciendo «a sectores que están en contra del proceso de paz».
El Partido Liberal alcanzó 15 de las 30 gobernaciones y 13 alcaldías de capitales departamentales, mientras el Conservador no obtuvo ninguna gobernación y conquistó apenas dos alcaldías de capitales.
Además, perdió bastiones tradicionales, como la gobernación de Antioquia (noroeste) y la alcaldía de su capital, Medellín.
Afirmar que las gestiones por la libertad de los congresistas constituyen una negociación con los paramilitares «es una tergiversación de la realidad», dijo este martes el procurador general, Jaime Bernal.
Así mismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Basilio Villamizar, se declaró sorprendido ante la declaración de los rebeldes y exhortó a redoblar esfuerzos para evitar una nueva frustración en el proceso de paz.
La declaración fue aprovechada también por sectores que critican la negociación con la guerrilla, como los disidentes del Partido Conservador que lidera el senador Enrique Gómez y los liberales conducidos por el diputado José Vives.
Según Gómez y Vives sostienen que, de congelarse las negociaciones, el gobierno debería recuperar el control de la zona que desmilitarizó aceptando condiciones de los rebeldes para alentar el diálogo de paz y desarrollar un radical enfrentamiento militar.
La «zona de distensión» fue creada por Pastrana a pedido de las FARC el 7 de noviembre de 1998, tres meses después de haber iniciado su gobierno, en cinco municipios del sudeste que cubren 42.000 kilómetros cuadrados, para desarrollar las negociaciones que se instalaron formalmente el 7 de enero de 1999.
Una semana después de la instalación de las negociaciones, las AUC desataron una escalada de masacres que dejaron un centenar de muertos, por las que las FARC se levantaron de la mesa hasta que el gobierno presentara «una verdadera política de Estado para enfrentar a estos grupos armados»,
Sólo el 24 de octubre de 1999, después de superadas algunas diferencias, el diálogo se reanudó y se acordó una agenda de 12 puntos a negociar, de los cuales apenas se comenzó a discutir los asuntos económicos.
Los 8.000 paramilitares que operan en todo el territorio colombiano con respaldo de hacendados y comerciantes procuran un reconocimiento como interlocutores por parte del gobierno, a pesar de que organizaciones no gubernamentales los acusan de 80 por ciento de las masacres de civiles.
Los grupos paramilitares que libran su propia guerra con las FARC en el sur de Colombia, fueron creados a mediados de los años 80 por hacendados y comerciantes con apoyo del ejército.
En 1989, el gobierno los declaró ilegales por sus violaciones de derechos humanos, asesinatos a sindicalistas y activistas sociales y vínculos con el narcotráfico. (FIN/IPS/yf/mj/ip/00
