Dos centrales sindicales de Argentina convocaron hoy a un paro general para el día 23, en rechazo de la política económica y en respaldo de los cortes de ruta que ya se extienden por varios puntos del país en muestra de creciente malestar social.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) llaman a una huelga por 36 horas, en coincidencia con la visita al país de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La protesta se lanza en momentos en que el gobierno de Fernando de la Rúa intenta conseguir el apoyo del Congreso y de las provincias a una serie de medidas económicas que buscan destrabar créditos por más de 15.000 millones de dólares del FMI, de otros organismos multilaterales y de bancos privados.
La línea de préstamos, conocida como «blindaje financiero», sirve de garantía de que Argentina podrá hacer frente en 2001 a los vencimientos de deuda externa, que rondan los 15.000 millones de dólares.
Argentina no logró salir de la recesión desde que asumió el gobierno de la Alianza el 10 de diciembre y, pese a una serie de ajustes fiscales adoptados desde entonces, los inversionistas, banqueros y consumidores en general siguen desconfiando de las posibilidades del país.
Los pronósticos gubernamentales son poco optimistas, ya que estiman un crecimiento nulo de la economía para este año y de sólo 2,5 por ciento para 2001, mientras el desempleo no logra descender del 15,4 por ciento registrado en mayo y tiende a crecer.
Los sindicatos, con el paro general de la semana próxima, se colocan a la cabeza del malestar social, que ya se expresa en la interrupción del tránsito en varias carreteras nacionales, y se hace eco de una fuerte declaración crítica de la Iglesia Católica.
«Argentina se está acostumbrando a convivir con centenares de miles de excluidos», advierten los obispos en un documento divulgado el fin de semana, poco después de que el gobierno anunciara un nuevo ajuste fiscal.
«No debemos resignarnos a la tiranía del mercado, la tarea no puede reducirse a que las cuentas cierren para tranquilizar a los mercados (financieros), ni es suficiente hacer bien sólo los deberes hacia afuera», manifestaron.
En ese marco, el líder sindical Hugo Moyano explicó este lunes que la huelga es en rechazo de las medidas económicas anunciadas el viernes por entender que van a profundizar la crisis social y sólo sirven para satisfacer a los mercados y al FMI.
De la Rúa admitió el viernes que la desconfianza de los mercados y el fuerte endeudamiento externo «pueden llevar a una catástrofe», y para evitarla propuso nuevas medidas, como una rebaja de jubilaciones y la eliminación del sistema estatal de pensiones.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, también alertó sobre la grave crisis que atraviesa el país y reconoció que el gobierno debe cumplir con una serie de condiciones para que el FMI avale un crédito que le permitirá al país enfrentar sus compromisos financieros de 2001.
El gobierno, para cumplir rápidamente con esos requisitos, aprobará algunas de esas medidas por decreto, y otras que necesitan de mayor consenso se discutirán con los gobiernos provinciales en una reunión convocada de urgencia para las próximas horas.
Las nuevas medidas gubernamentales fueron calificadas de «insólitas» por el secretario general de la CTA, Víctor de Genaro,
El sindicalista agregó que expresan falta de respuesta a los reclamos sociales y sólo apuntan a incrementar el negocio financiero de los grupos de empresarios, banqueros y financistas que se enriquecieron durante el gobierno de Carlos Menem (1989- 1999).
Por su parte, Marta Maffei, líder del sindicato de maestros, afirmó que el gobierno utiliza los cargos públicos para adoptar medidas que ponen en juego el patrimonio de todos.
También criticó severamente la decisión de aumentar de 60 a 65 años la edad mínima permitida para que las mujeres se jubilen, lo cual afecta en especial a este sector.
Las centrales sindicales intentarán con la huelga del día 23 colocarse al frente de una protesta social espontánea, pero que resulta cada vez más frecuente y mejor organizada, como es la práctica de cortar rutas adoptadas por desocupados que piden fuentes laborales, subsidios y alimentos.
Un estudio del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría indicó que en los años 80 las protestas eran por aumentos salariales, luego llegó el turno de los asaltos masivos a los supermercados a raíz de la hiperinflación de fines del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), y desde mediados de los 90 son los cortes de rutas.
El director del centro, Rosendo Fraga, explicó que los cortes de tránsitos en los caminos «son una expresión típica del desempleo estructural», y alertó sobre el incremento de esta modalidad desde 1998, al pasar de un corte por semana a uno por día en lo que va de este año.
Las interrupciones sorpresivas del paso de vehículos en distintas localidades son acompañadas por la quema de neumáticos y la instalación de tiendas de campaña y ollas populares para alimentar las familias de los manifestantes.
En el marco de un protesta de este tipo, un obrero desocupado falleció el viernes en la localidad de Tartagal, en la norteña provincia de Salta.
La víctima, quien recibió en su cara el disparo de un policía que cumplía la orden de desalojo dispuesta por la justicia, había trabajado durante 10 años en una fábrica que cerró sus puertas luego de 10 meses de no pagar los salarios y que tampoco abonó las indemnizaciones correspondientes. (FIN/IPS/mv/dm/if ip/00
