PERU: Militares reclaman amnistía a gobierno y oposición

Los próximos cambios en la cúpula del ejército de Perú y una eventual amnistía a los militares violadores de derechos humanos pasaron a primer plano en el debate sobre soluciones a la actual crisis política.

La crisis se originó en cuestionamientos de la oposición a las elecciones de mayo, en que el presidente Alberto Fujimori fue reelegido a un tercer periodo consecutivo causó una controversia constitucional. La situación se agravó el 16 de septiembre, cuando el mandatario renunció a completar el periodo.

La decisión de Fujimori fue resistida por los mandos militares, que no aceptaron la destitución del ex jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Vladimiro Montesinos, medida que acompañó la dimisión presidencial.

El pesado clima creado por las versiones de un inminente golpe militar a fines de septiembre se despejó luego de que la cúpula del ejército informó que acepta pasar a retiro el 31 de diciembre, pero a cambio de ciertas condiciones.

El defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, reiteró este jueves que el gobierno de Fujimori estaría condicionando el avance del diálogo con la oposición a la aprobación de una amnistía que impida el enjuiciamiento de militares y policías represores en el próximo periodo de gobierno.

«Este tema debe desarrollarse reservadamente, no en la mesa del diálogo que auspicia la OEA (entre el gobierno y la oposición), pero los militares deben precisar claramente qué tipo de protección legislativa solicitan y para quiénes, porque no se debe otorgar una amnistía en blanco», expresó Santistevan.

Pero, según el matutino opositor La República, la cúpula del ejército comenzó a negociar con líderes de la oposición para que no pongan obstáculos a un proyecto de amnistía a los militares que pudieran ser acusados de violaciones a los derechos humanos.

Estas negociaciones habrían sido la causa por la cual se postergó 15 días el fin de la actual legislatura. La intención sería dar tiempo para que el proyecto se incluya en las reformas constitucionales que deberían ratificarse luego, de todos modos, en una segunda legislatura.

Analistas consideran que existen indicios de que dos de los principales dirigentes opositores, los ex candidatos presidenciales Alejandro Toledo y Alberto Andrade, habrían aceptado en principio la propuesta.

Entre esos indicios figura el hecho de que Toledo y Andrade aceptaron, después de una prolongada oposición, a postergar la fecha del fin de la legislatura, con el fin manifiesto de propiciar una pronta salida de Fujimori «porque la situación economica es critica e ingobernable».

Antes, en la mesa de negociaciones de la OEA, habían coincidido en que Fujimori se retirara del poder el 28 de julio. Además, Toledo anuncio el miércoles que no habrá caza de brujas contra los militares, si bien dijo también que la amnistía no abarcaría casos de narcotráfico.

Toledo, candidato opositor más votado en las últimas elecciones, consideró que la «realidad política» indica que los militares «sí deben participar» en la mesa de diálogo que auspicia la OEA (Organización de Estados Americanos).

«Al parecer, Toledo y Andrade solicitan a cambio que los mandos militares fuercen a dimitir en el plazo más corto a Fujimori, para dar paso a un gobierno transitorio que presida las elecciones anticipadas que se efectuarán en abril del próximo año», opinó el analista Flavio Solorzano.

«Pero no todos los opositores respaldan a Toledo y Andrade, pues algunos de ellos, como el congresista Fernando Olivera, se oponen a cualquier medida de impunidad», dijo Solorzano, integrante de la organización no gubernamental Población y Desarrollo.

La semana anterior, el canciller Fernando de Trazegnies confirmó la intención de la mayoría oficialista en el Congreso legislativo de proponer una amnistía general en beneficio de los militares.

Según Trazegnies, la medida no abarcaría los delitos comunes como el enriquecimiento ilícito y el supuesto apoyo al narcotráfico y al contrabando de armas. Dirigentes de la oposición anunciaron que promoverían juicios por estos delitos contra militares luego del cambio de gobierno.

«Los militares creen que la oposición más radical iniciará contra ellos una cacería de brujas con propósitos políticos», dijo Trazegnies.

En un comunicado, el ejército confirmó que el 31 de diciembre de este año pasarán a retiro 13 generales considerados clave en el esquema de poder montado por el depuesto Montesinos, hoy exiliado en Panamá.

Estos generales tienen el control de las regiones militares y el mando de las tropas del ejército y, según versiones de diversas fuentes políticas, amenazaron con un golpe de Estado en rechazo a la destitución de Montesinos.

Fujimori destituyó a Montesinos de después que un parlamentario opositor difundió una grabación en vídeo que muestra el jefe del SIN pagando un soborno al congresista Alberto Kouri para que se pasara a la bancada oficialista.

El escándalo desatado por la exhibción del víedo en televisión el 14 de septiembre sacudió a un régimen político que se encontraba ya en condición muy vulnerable ante la opinión pública y la comunidad internacional por las irregularidades detectadas en las elecciones de mayo.

Ante la presión de la OEA, Fujimori se comprometió en agosto a realizar reformas democratizadoras, y aceptó dialogar con la oposición en una mesa presidida por el ex canciller de República Dominicana, Eduardo La Torre.

En este marco se produjo la difusión del vídeo. Según versiones confirmadas por la hija del presidente, Keiko Fujimori, Montesinos se rehusó a dimitir y propuso un golpe de Estado para sacar de circulación a los opositores y, como esa propuesta fue rechazada por el mandatario, amenazó con derrocarlo.

«Fujimori no se encontraba en condiciones de destituir al jefe del SIN porque éste estaba respaldado por los altos mandos del ejército, de modo que debió renunciar él mismo, en un inesperado gesto político, para arrastrar en su salida a Montesinos», señaló el analista Jorge Soldevilla.

El 16 de septiembre, Fujimori anunció, simultáneamente con la destitución de Montesinos y la disolución del SIN, que acortaría su mandato a un año y que convocaría a elecciones en abril para entregar el mando el mando el 28 de julio de 2001 a quien gane los comicios. (FIN/IPS/al/mj/ip hd/00