El militar argentino Jorge Olivera regresó hoy a esta capital tras ser puesto en libertad por la justicia italiana, que lo había detenido en agosto a pedido de Francia por acusaciones de delitos contra la humanidad durante la dictadura impuesta en Argentina entre 1976-1983.
Olivera, mayor retirado del Ejército y abogado, es requerido por la justicia francesa por su presunta participación en el secuestro y torturas contra la modelo francoargentina Marie Anne Erize, en 1976.
La Cámara de Apelaciones de Roma dictaminó el martes que los delitos que se le imputan a Olivera prescribieron en Italia, por lo tanto no se puede proceder a su extradición, resolvió decretar su libertad sin restricciones.
Abogados argentinos, activistas de organizaciones humanitarias y sobrevivientes de la represión dictatorial se manifestaron consternados por la decisión de la justicia italiana.
Olivera, detenido el 6 de agosto en el aeropuerto de Roma, se constituyó en el primer caso de un argentino acusado de delitos contra los derechos humanos en ser llevado ante un tribunal en el exterior.
Dos semanas después, el oficial retirado de la Armada argentina Miguel Cavallo fue detenido en México, en momentos en que se aprestaba a viajar a Buenos Aires para eludir el requirimiento del juez español Baltasar Garzón, quien lo acusa de secuestros, torturas y desaparición de personas en los años 70.
Olivera y Cavallo están amparados en este país por leyes de amnistía dictadas en los años 80. Estas normas hicieron que 48 militares reclamados por la justicia española por delitos cometidos durante la dictadura tomaran la precaución de no salir de Argentina.
Atrincherado en su casa, Olivera envió a un custodio a informar que está "cansado y asustado" y a negar la participación en el secuestro de Erize, quien tenía 24 años en ese entonces.
También desestimó el testimonio de un ex guerrillero sobre que se había vanagloriado de haber violado a la joven modelo.
El militar retirado, que desde hace una década se dedica a la abogacía, fue recibido en la puerta de su domicilio por familiares directos, pero repudiado por vecinos, quienes solicitaron y consiguieron que el consejo vecinal lo declara "persona no grata".
El fallo de la justicia italiana fue rechazado por la abogada de la familia de Erize, la francesa Sophie Thonon, quien recordó que ese país y Francia firmaron un convenio de extradición en 1976, según el cual no se puede rechazar un pedido de extradición argumentando la prescripción del delito en el Estado requerido.
Thonon y abogados de otros 14 ciudadanos franceses desaparecidos en Argentina durante la dictadura advirtieron que la Cámara de Apelaciones de Roma no debía pronunciarse sobre el tema de fondo por el que se requería a Olivera.
Cuestionaron, además, que ese tribunal aceptara como prueba de inocencia una partida de nacimiento de Erize con una nota al margen en la que se deja constancia de la presunción de su fallecimiento.
Estos documentos fueron entregados a los familiares de personas desaparecidas en Argentina que aceptaron percibir indemnizaciones del Estado o para avanzar en trámites de sucesión.
"¿Cómo puede la justicia aceptar como prueba de inocencia una presunción de muerte presentada por su asesino?", preguntó este miércoles Miguel Bonasso, periodista del diario Página 12 y que fue dirigente izquierdista en los años 70.
Por su parte, la presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, consideró que la presentación que hizo Olivera demuestra porqué ese grupo siempre se opuso a las reparaciones del Estado que obligaban a reconocer que los desaparecidos habían fallecido, pese a no aparecer su cuerpo.
En el caso de Erize, la presunción carece de validez para otro trámite que no sea el de sucesión o reparación monetaria. El argumento se sustenta en que el nombre de la joven continúa en los padrones electorales y suele ser convocada para integrar el cuerpo de autoridades de las mesas de votación.
La presunción de fallecimiento está fechada el 11 de noviembre de 1976, casi un mes después del secuestro, por lo cual la justicia italiana consideró cumplida la prescripción dado que habían transcurrido más de 15 años de cometido el delito.
Sin embargo, el fallo no contempla que para Francia el delito de desaparición es imprescriptible y que el cuerpo de la víctima nunca apareció, explicaron los abogados.
Los representantes de la familia Erize señalaron que el tribunal romano, en forma insólita, consideró que "la muerte de la ciudadana francesa no sólo no puede ser adjudicada al extraditado sino que no resulta ocurrida durante el secuestro o como consecuencia de tal acción delictiva".
El abogado argentino Horacio Méndez Carreras dijo a IPS que la detención de Olivera era un caso "emblemático", que sentaba una importante jurisprudencia, y calificó de "totalmente irregular" su puesta en libertad repentina en Roma.
En tanto, Thonon consideró que la justicia italiana "violó flagrantemente el convenio de extradición", y comentó que en Italia se estudia interponer una querella por prevaricación, ya que el país requerido no puede opinar sobre la prescripción del delito.
Carlos Slepoy, el abogado argentino que impulsa el juicio de militares argentinos en España, señaló que la nueva doctrina en el mundo sobre desaparición forzada de personas señala que el delito no cesa y solo puede empezar a computarse la prescripción cuando aparece la víctima viva o muerta.
Slepoy comentó que un grupo de abogados italianos va a impugnar la resolución de la Cámara de Apelaciones de Roma.
Sin embargo, indicó que "las posibilidades reales de que esto tenga resultados concretos son muy lejanas, porque Olivera ya se fue a refugiar al único santuario seguro que tiene en el mundo: Argentina".
También advirtió que la justicia francesa puede, de todos modos, juzgar "en ausencia" al ex mayor, como ya lo hizo con el ex capitán Alfredo Astiz, condenado en Francia por el secuestro y desaparición de dos religiosas de esa nacionalidad.
Astiz no puede salir del país sin ser detenido por la Policía Internacional (Interpol). (FIN/IPS/mv/dm/hd/00
