El escándalo en Guatemala por la adulteración del texto de una ley puede terminar con la carrera política de Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso y ex dictador, dijeron analistas a IPS.
Las consecuencias serían una crisis de gobernabilidad y un grave deterioro de la credibilidad internacional del presidente Alfonso Portillo, añadieron.
El general retirado Ríos Montt, líder del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), puede ser despojado en las próximas semanas de su inmunidad parlamentaria, para ser juzgado como responsable de un cambio al parecer fraudulento en el monto de impuestos.
El Congreso aprobó el 27 de junio impuestos de 20 por ciento a la distribución de bebidas alcohólicas destiladas y cervezas, de 10 por ciento a la distribución de vinos y de 1 por ciento a la distribución de gaseosas sin alcohol.
Cuando la ley se publicó el 1 de agosto en el diario oficial, su texto indicó que los impuestos serían de 10 por ciento para bebidas destiladas y cervezas, 4,18 por ciento para vinos y 0,20 por ciento para gaseosas.
Ríos Montt, señalado como responsable de cientos de muertes y violaciones de los derechos humanos durante su gobierno (1982- 1983), alegó que el cambio se vinculaba con otra norma aprobada por el Congreso en la misma sesión.
Sin embargo, legisladores de la oposición aseguraron que esa otra norma nunca se aprobó. No ha sido posible comprobar quién dice la verdad, porque las grabaciones de audio y vídeo de la sesión parlamentaria correspondiente aparecieron destruidas.
El diario Prensa Libre conmovió a la opinión pública el 16 de agosto, cuando aseguró que uno de sus periodistas había realizado una grabación de audio la sesión completa, y que la cinta demostraba que Ríos Montt mentía.
Es probable que el ex dictador no imaginara la enorme controversia que se iba a desatar con este episodio, dijo a IPS Carmen Ortiz, una experta en ciencias políticas guatemalteca de la organización no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
"Que este escándalo trascendiera es algo que el general no esperaba, pues siempre se ha movido en la máxima impunidad", apuntó también Celia Medrano, coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica.
Medrano destacó que es difícil que una persona que ha violado los derechos humanos trabaje con transparencia dentro del sistema democrático.
La activista citó a Param Cumaraswami, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas acerca de la independencia de jueces y abogados, quien señaló este mes en Ginebra la inconveniencia de que responsables de violaciones de los derechos humanos ocupen cargos públicos.
Otros activistas por los derechos humanos enfatizaron la "peligrosidad" de que Ríos Montt presida el parlamento, y afirmaron que el ex dictador es "el poder detrás del trono" en el gobierno de Portillo.
"Tememos es que este personaje militar traiga de vuelta al país las prácticas de brutalidad y violaciones a los derechos humanos de los años 80", dijo a IPS Factor Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Guatemala.
La ciudadanía guatemalteca se sentiría desamparada por completo y decepcionada por un grupo de parlamentarios corruptos si se comprueba que el texto de la ley fue alterado en forma fraudulenta, comentó Ortiz.
En varias encuestas de opinión, 75 por ciento de los consultados dijeron que Ríos Montt debía abandonar la presidencia del Congreso, y más de 80 por ciento consideró que debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
La Corte ya autorizó el trámite de una denuncia contra Ríos Montt y todos los miembros de la Junta Directiva del Congreso. (FIN/IPS/nms/mp/ip/00)
