El asesinato de 10 personas, entre ellas siete policías, desmintió la afirmación del gobierno de México de que hay "fundamentalmente paz social" en el meridional estado de Chiapas.
Las autoridades tienen ahora un pretexto más para incrementar la presencia militar, provocar violencia y presionar a la guerrilla zapatista, dijo este martes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, luego de lamentar los asesinatos.
En el municipio rural del Bosque, siete policias fueron emboscados y acribillados el lunes con armas de alto poder por personas que cubrían sus rostros con lodo, a la usanza de las guerrillas, dijo el procurador del estado de Chiapas, Eduardo Montoya.
El procurador calificó la operación de cobardía, y prometió que se hará todo lo necesario para aclarar el crimen.
Campesinos que apoyan al insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mantienen en el Bosque disputas de tierras con simpatizantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que, según los seguidores de la guerrilla, son apoyados por el ejército.
Más de 20 personas murieron en la zona del Bosque en diversos hechos violentos desde marzo de 1997 a la fecha. La mayoría de los asesinatos permanecen en la impunidad.
En las zonas rurales de Chiapas se presentan cada mes hechos violentos, que, según las autoridades, tienen origen en venganzas, problemas políticos, conflictos de tierras y disputas religiosas.
Diversas organizaciones humanitarias locales coinciden en atribuir la violencia al gobierno, que impulsa una "guerra de baja intensidad", y también al ejército y la policía, que toleran en Chiapas la presencia de unos 12 grupos paramilitares.
Pero para el gobierno, la realidad es otra. En mayo, el presidente Ernesto Zedillo declaró que en Chiapas "hay fundamentalmente paz social", afirmó que los hechos violentos son sólo "casos aislados" y que la ley, a diferencia del pasado, ahora sí se cumple en el estado.
Tras los últimos crímenes, y como en ocasiones anteriores, la procuraduría general y el gobierno anunciaron que movilizarán más policías y militares al estado sureño para investigar y detener a los responsables.
Habría ya más de 30.000 policías y militares en Chiapas, donde el EZLN se presentó en enero de 1994 y después de dos semanas de combate estableció una tregua con el gobierno, que, aunque tambaleante, se mantiene hasta la fecha.
"Hemos estado alertando a la opinión pública sobre una posible estrategia gubernamental que busque crear un clima de violencia y desestabilización antes de las elecciones (presidenciales del 2 de julio)", manifestó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
El Centro, presidido por el ex obispo de Chiapas Samuel Ruiz, denunció que los operativos para aclarar crímenes casi siempre "acaban siendo dirigidos en contra de comunidades zapatistas", y pidió que ahora se respete los derechos humanos de toda la población.
Los otros tres crímenes reportados este lunes se registraron en el municipio de Ocozocuatla, a unos 30 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.
Según indicó la policía, tres personas fueron encontradas a la vera de un camino con signos de haber sido ejecutadas con disparos desde distancia.
"No puede pasarse por alto el hecho de que estos trágicos sucesos se den (…) en víspera de las elecciones federales", dijo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
El 2 de julio los mexicanos elegirán a su nuevo presidente entre seis candidatos.
El del PRI, Francisco Labastida, y el del opositor Partido Acción Nacional, Vicente Fox, encabezan las encuestas.
Labastida ofrece, como Zedillo, atender en forma "integral" el problema de la pobreza en Chiapas y pedir al EZLN que regrese al diálogo, mientras Fox promete mantener un diálogo abierto con los rebeldes, sacar al PRI del conflicto y reposicionar al ejército en la zona.
En una suerte de diálogo de sordos, el gobierno de Zedillo y su partido, el PRI, repiten periódicamente que en Chiapas existe paz y que la guerrilla es la única responsable de que no avancen los diálogos de paz. Pero la oposición y el EZLN insisten en que es el gobierno el que engaña y mantiene la tensión en la zona.
Chiapas tuvo desde 1994 cinco gobernadores y recibió importantes apoyos financieros del gobierno. Sin embargo, hoy sigue siendo una de las regiones más pobres y conflictivas del país. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/00
