La inmigración irregular en Europa sólo se puede frenar con el desarrollo económico y social de Africa, que debe ser apoyado con firmeza por los gobiernos europeos, afirman líderes políticos de los partidos mayoritarios de España.
José Manuel Soria, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y los presidentes de las comunidades autónomas Jordi Pujol, de Cataluña, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Extremadura, coincidieron en la necesidad de que España y otros países de la región inviertan más en el continente africano.
Rodríguez Ibarra, también secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) extremeño, dijo a IPS que la crisis económica y social que afrontan los africanos en su tierra los empuja a llegar a Europa como sea, sin importarles si pierden la vida en el intento.
En igual sentido se expresaron Soria, quien además es presidente del centroderechista Partido Popular (PP) en las islas Canarias, un archipiélago ubicado frente a la costa noroccidental de Africa, y Pujol, líder del nacionalismo catalán.
Extremadura, región de gran produccción agropecuaria limítrofe con Portugal, y Cataluña, en el noreste español, demandan mano de obra para tareas rurales, mientras que en Canarias ha aumentado la presencia de inmigrantes, la mayoría de los cuales arriba en frágiles embarcaciones, sin visas ni documentos de identidad.
Se estima que 80 por ciento de los inmigrantes indocumentados que llegó a España hasta fines de 1999 procedía de Marruecos.
Muchos lo hicieron cruzando la frontera por las ciudades de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en la costa norte de Africa, y otros en "pateras", frágiles embarcaciones con las que cruzan el mar Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar.
Esa corriente migratoria ha cambiado este año y ahora 80 por ciento de los que arriban a territorio español lo hace a través de las islas Canarias.
Para ello influyó la instalación de dos alambrados de tres metros y medio de altura en la frontera de Ceuta y Melilla, con vigilancia electrónica y policial, además de un acuerdo con Marruecos por el cual los ciudadanos de ese país que lleguen a España sin documentación pueden ser repatriados de inmediato.
Fuentes policiales españolas dijeron que la nueva situación ha hecho que organizaciones delictivas que lucren con el traslado irregular de inmigrantes se dediquen ahora a atraer a africanos subsaharianos (no marroquíes) para llevarlos a las costas canarias, donde son abandonados a su suerte.
Marruecos no los acepta de regreso por no ser ciudadanos de ese país y España carece de acuerdos de repatriación con sus naciones de origen, por lo cual se quedan en Canarias.
El gobierno español, presidido por José María Aznar, del PP, ha manifestado su intención de promover la distribución por todo el país de los inmigrantes irregulares llegados a Canarias.
Pero también piensa impulsar una reforma de la ley de Extranjería, para entornar más la puerta de entrada a Europa por sus fronteras. Pero eso no lograría evitar la llegada irregular, como la que se está produciendo en las islas Canarias.
Por eso, Pujol cita al premio Goncourt, Tahar Ben Jelloun, al declarar el martes en el diario El Mundo que la mejor ley de Extranjería, la más antirracista, sería que España y otros países europeos invirtieran más en Africa para ayudar a crear más empleos allí.
En términos similares se expresaron el miércoles Soria, en el Club Internacional de Prensa, y Rodríguez Ibarra, para IPS, al señalar que el subdesarrollo de Africa desespera y empuja a sus habitantes hacia Europa, perdiendo en muchos casos la vida en el intento.
Los tres políticos coinciden también en la necesidad que tiene España de recibir inmigrantes para trabajar en labores en las que escasea mano de obra local, como en la construcción, la agricultura y la ganadería.
Los líderes políticos entienden que este país debe asegurar a los inmigrantes una vivienda digna, asistencia sanitaria, escolaridad para sus hijos y el pleno goce de los derechos ciudadanos, incluyendo los de expresión y los sindicales.
Por otro lado, las organizaciones humanitarias y no gubernamentales de ayuda a los inmigrantes alertan contra los brotes racistas y reclaman que no se modifique la ley de Extranjería.
Por su pare, las dos centrales sindicales mayoritarias, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, exigen que se respete a los inmigrantes y que se combata su contratación clandestina, violando así sus derechos laborales. (FIN/IPS/td/dm/hd/00
