Una emboscada en que murieron tres indígenas mexicanos y otros tres sufrieron heridas, entre ellos una niña, agudizó la tensión en una zona de fuerte influencia zapatista en el sureño estado de Chiapas.
Cuatro civiles con el rostro cubierto y armados con escopetas calibre 16 y R15 interceptaron y dispararon el domingo contra un vehículo en el que viajaba un grupo de indígenas tzotziles en la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó.
Como consecuencia, perdieron la vida Carmen Gómez, de 33 años, José Luis Gómez, de 20, y Antonio López, de 18 años. Mariano Gómez, Julio López y la niña Magdalena Gómez, de seis años, sufrieron heridas de bala y fueron conducidos a una clínica de San Cristóbal de las Casas.
Esos acontecimientos "plantean como impostergable la demanda de que se desmantelen las organizaciones paramilitares en Chiapas", dijo este lunes a IPS Salvador Tinajero, abogado de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
En medio de la zozobra que ganó a los habitantes de las comunidades vecinas, la procuraduría de justicia de Chiapas dispuso una operación de búsqueda de los asesinos en que participan unos 300 policías.
El ejército movilizó con el mismo propósito a 200 efectivos más en la zona, considerada bastión del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), surgido el 1 de enero de 1994 para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas de México.
Las fuerzas zapatistas, que empuñaron las armas contra el ejército mexicano durante apenas 12 días, se encuentran sitiadas por decenas de miles de soldados en las cañadas de Los Altos de Chiapas.
El subcomandante Marcos, líder del EZLN, guarda silencio absoluto ante a la convoctoria al diálogo por parte del gobierno, acusado por los rebeldes de incumplir los Acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas y respeto a las culturas nativas que ambas partes firmaron hace tres años y medio.
A cinco kilómetros del sitio donde ocurrió el ataque, el obispo Felipe Arizmendi realizaba su primera visita pastoral a esa región desde que asumió, hace una semana, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que atiende esa región.
Arizmendi, un religioso considerado moderado, lamentó los hechos sangrientos y afirmó que la inestabilidad e inseguridad son más intensas en otras zonas del territorio nacional. "Se puede vivir con más tranquilidad en Chiapas que en la ciudad de México", acotó.
Este último capítulo luctuoso para los indígenas de Chiapas se registró tres semanas después de que la Procuraduría General (fiscalía) anunció la creación de un cuerpo especial encargado de investigar la acción de grupos armados irregulares en Chiapas.
Cuarenta agentes especiales fueron comisionados para aclarar crímenes cometidos por supuestos grupos civiles, detener a sus autores y prevenir nuevos ilícitos.
Organizaciones no gubernamentales sostienen que la política oficial de contrainsurgencia se sustenta en la actuación de bandas paramilitares, a las que responsabilizan de la muerte de cientos de indígenas en los últimos años.
El 22 de diciembre de 1997, paramilitares asesinaron a 45 indígenas en Acteal, municipio de Chenalhó, cuya policía mostró entonces indiferencia ante las reiteradas denuncias sobre la presencia de grupos civiles armados.
Los hechos de Tzanembolom "midieron la nula capacidad preventiva, no sólo del nuevo organismo creado por la Fiscalía, sino de las autoridades policiales frente al imperio del delito" en Chiapas, sostuvo Tinajero.
Tras los acontecimientos de Acteal, el ejército "invadió Chenalhó para resguardar la seguridad en las comunidades indígeneas, según aseguró el gobierno" y, sin embargo, "ahora ocurre esto", dijo el abogado.
El ataque a indígenas "es en especial preocupante, pues añade un elemento más de desasosiego al clima político actual, determinado por el cambio de obispo y las elecciones para gobernador" este mismo año en el estado, dijo Tinajero.
Arizmendi sucedió al obispo Samuel Ruiz, quien ejerció el obispado durante 40 años y adhirió a la Teología de la Liberación, lo que le valió críticas del gobierno mexicano y de la propia Iglesia Católica.
"La situación en Chiapas no tiende a mejorar. Por el contrario, se suceden episodios que cada vez escapan más al control del gobierno", advirtió Tinajero.
La matanza en Acteal fue precedida de una serie de agresiones contra simpatizantes zapatistas. La situación obligó a miles de indígenas a abandonar sus hogares desde entonces. (FIN/IPS/pf/mj/hd ip/00
