El presidente de Colombia, Andrés Pastrana presentó hoy al Congreso la propuesta de convocar un plebiscito para reformar el sistema político y enfrentar un escándalo de corrupción que costó su puesto a miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes.
El ministro del Interior, Néstor Martínez, aseguró que el proyecto "permitirá crear instrumentos para la lucha contra la corrupción" en el Congreso, que le cuesta a los colombianos unos tres millones de dólares.
Martínez dijo que a los legisladores sólo les corresponderá "la decisión de aprobar o rechazar la apelación al pueblo para que tome la conducción de la nación, mediante una reforma constitucional" que elimine costumbres corruptas que han hecho carrera en algunos sectores políticos.
Pese a que el ministro mantuvo reserva sobre los 10 puntos de la propuesta, una fuente gubernamental dijo a IPS que en ella se incluyen la revocatoria del mandato de congresistas involucrados en casos de corrupción y controles de las campañas electorales.
El proyecto fue presentado este martes, dos semanas después que estallara un escándalo por irregularidades en contratos del Congreso con particulares, que suman cerca de tres millones de dólares, descubiertas por organismos de control estatal.
Las denuncias provocaron la renuncia del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Armando Pomarico, y de los vicepresidentes Octavio Carmona y Luis Guerra, responsables del manejo del presupuesto legislativo.
Los contratos fueron adjudicados a particulares por el director administrativo de la Cámara, Saíd Castro, quien cobraba altas comisiones por el pago de trabajos que en su mayoría no fueron realizados, según dijo a la Fiscalía del Estado un testigo oculto que participó en las negociaciones.
La cifra gastada en esos contratos irregulares equivaldría a unos 23.000 salarios mínimos nacionales, que es el ingreso que recibe cerca de 70 por ciento de los trabajadores en este país, explicaron analistas políticos.
El gobierno de Pastrana explicó el alcance de la propuesta plebiscitaria a los distintos sectores políticos, que manifestaron estar de acuerdo con la convocatoria, aunque señalaron algunos matices discordantes.
Enrique Gómez, presidente del gobernante Partido Conservador (PC), indicó que el plebiscito debe propiciar restricciones que eviten la actual "proliferación de partidos, que algunos parecen microempresas políticas", y más requisitos para inhabilitar a los congresistas.
La candidata presidencial del PC para las elecciones de 1998, Nohemí Sanín, apoyó la iniciativa gubernamental, pero advirtió que no debe conducir sólo a la creación de una nueva ley.
Por su parte, el senador independiente Rafael Orduz dijo a IPS que el plebiscito debe conducir a eliminar "la relación perversa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo", que propicia prácticas de corrupción.
Opinó que "en Colombia hay medios y leyes para evitar la corrupción", pero fallan los mecanismos de control" estatal, por lo cual se debe rescatar el papel de la ciudadanía para ejercer ese control.
Orduz integran un grupo de legisladores que propone un frente amplio de empresarios, sindicalistas y ciudadanos que ejerzan la contraloría del plebiscito, con el fin de contribuir a depurar la actividad política.
Según los impulsores de este frente, la consulta debe lograr erradicar la relación clientelista existente entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo, como el pago de favores a congresistas con cargos en el gobierno, entre otros problemas.
Expertos consideran también que el problema no es la convocatoria del plebiscito en sí sino los temas que se incluirán, y si la consulta debe ser sólo para reformar el Congreso o si debe abarcar aspectos institucionales más amplios.
Raúl Reyes, portavoz de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afirmó que "el Congreso es inepto y que sus miembros han hecho de la política un negocio para robarse el país", aunque no precisó si apoya el proyecto gubernamental.
Las FARC llevan a cabo desde el 25 de agosto un proceso de negociación de paz con el gobierno, en el que, según Reyes, "uno de los temas más importantes es buscar mecanismos de lucha contra la corrupción, que afecta directamente a las inversiones a realizarse para el desarrollo social".
Para el fiscal Alfonso Gómez, el tema de la corrupción "debe ser sacado del debate de coyuntura" y mirarlo desde un ángulo más general pues, aunque hay una parte que tiene que ver con lo penal, hay otra que está relacionada con el sistema político.
Colombia ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor corrupción en el mundo y el segundo en América Latina, después de Paraguay, según el último informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
