El fin del estado de sitio en Bolivia no parece garantizar la paz social definitiva en un país cuya población acumula 15 años de descontento con el modelo de economía de mercado.
Cuatro civiles y un militar muertos, 88 heridos, 21 dirigentes sindicales detenidos y confinados, y varias derrotas gubernamentales es el saldo de 13 días de estado de sitio, levantado el jueves por el presidente Hugo Banzer, pese a que en un principio se anunció para 90 días.
Y aunque toda expresión de protesta estuvo prohibida, durante esos 13 días calles y carreteras fueron ocupadas por manifestantes.
El decreto del estado de sitio fue la peor derrota de Banzer en sus dos años y ocho meses de gobierno, ya que no sólo fue incapaz de contener las protestas sino que agravó los conflictos existentes y provocó un generalizado desacato.
La medida de fuerza sólo contribuyó a que los sectores en conflicto lograran sus demandas, por lo que mereció una crítica generalizada en el país, incluso de varios de los aliados políticos del gobierno.
El gobierno levantó el estado de sitio ante la presión de la Iglesia Católica y los sindicatos, y el riesgo de ver postergado un programa de alivio de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, condicionado a un diálogo con la sociedad civil para definir el destino de los recursos.
En los 15 años de democracia, los tres gobiernos anteriores al de Banzer aplicaron cinco veces el estado de sitio. En todos los casos duró los tres meses que establece la Constitución, pero en ninguno hubo muertos.
Más que lecciones, los 13 días de violencia dejan advertencias. Felipe Quispe Huanca, líder de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organizadora del mayor bloqueo de rutas de las últimas dos décadas, advirtió que lo ocurrido fue "sólo un ensayo".
"El campesino se ha puesto de pie", declaró al semanario Pulso Quispe Huanca, un indígena que se hace llamar "Mallku" (cóndor, en aymara), y añadió que las jornadas de abril "son las primeras piedras para la toma del poder político".
"Aquí la cuestión del indio no es cuestión de tierras, es de poder", anunció.
Durante el estado de sitio, los campesinos le ganaron al gobierno la batalla por una polémica Ley de Aguas que les obligaba a pagar por el uso de vertientes y pozos naturales.
Los analistas interpretan el fracaso del estado de sitio y el desacato generalizado como una expresión del desencanto acumulado por los sectores sociales más pobres con una democracia meramemente electoral.
"Así como está, la democracia se acerca a sus límites", advirtió Erick Torrico, de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la Comunidad Andina de Naciones. "El contenido de las manifestaciones recientes remite a una situación que pone al descubierto las insuficiencias de la democracia".
"El ritual ha dejado de satisfacer y el 'sitio' es apenas una metáfora de la peligrosa esclerosis improductiva a que ha sido conducido", expresó Torrico.
La paciencia de la población llegó al límite, coincidió la socióloga María Teresa Segada, de la estatal Universidad Mayor de San Andrés.
Cuando en 1985 se implantó el modelo económico neoliberal, los gobernantes pidieron paciencia y sacrificio a la población, pero ahora, 15 años después, esa paciencia llegó a su límite porque el modelo no satisfizo sus expectativas, afirmó Segada.
El analista Rafael Archondo pronosticó que lo ocurrido en las dos semanas de estado de sitio sin acatamiento es la partida de defunción de las pautas de gobierno dictadas por el decreto supremo 21060, que en 1985 inició el ciclo de la economía de mercado.
Para resolver esta conflictiva situación, la democracia debería dejar de ser una dictadura electiva de cada lustro y convertirse en un auténtico proceso de cogestión social y poder, donde cada vez haya más sociedad y menos Estado, concluyó Archondo. (FIN/IPS/ac/ag/ip/00
