El juicio iniciado esta semana en Chile sobre la inmunidad legislativa del general retirado y senador vitalicio Augusto Pinochet señalará la "hora de la verdad" para el ex dictador y también para el cuestionado Poder Judicial y la inconclusa transición a la democracia.
Los 21 magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago tienen en sus manos la decisión sobre la posibilidad de juzgar al ex gobernante de 84 años por el secuestro y desaparición forzada de 19 prisioneros políticos, víctimas en 1973 de la llamada "caravana de la muerte".
Los jueces darán a conocer su veredicto al término de los alegatos, que podrían prolongarse un mes y que se desarrollarán en las estrechas instalaciones de la primera sala del Palacio de los Tribunales, cuya seguridad fue reforzada por una dotación extra de la policía de Carabineros.
El juicio se abrió el miércoles con la relación de la causa a las 13:00 horas (17:00 gmt). El gobierno autorizó concentraciones en los alrededores del tribunal tanto de los detractores como partidarios de Pinochet, pero en distintas calles.
Se reproducirá así el escenario que rodeó las alternativas procesales del caso Pinochet en Londres durante los 503 días de arresto en Gran Bretaña del ex dictador, quien regresó el 3 de marzo a Chile, favorecido por razones humanitarias que impidieron su extradición a España.
Sólo 26 personas, entre ellas apenas cuatro periodistas, pueden asistir a las sesiones, como consecuencia de las limitaciones que impuso la Corte Suprema al acoger los recursos presentados por la defensa de Pinochet.
El máximo tribunal revocó la autorización inicial para televisar en directo las presentaciones de los abogados querellantes, el Consejo de Defensa del Estado y el equipo de juristas del ex dictador, que gobernó desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.
Pinochet no comparecerá ante el pleno de magistrados y en cambio están presentes sus acusadoras. Se trata de la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Viviana Díaz, y Patricia Silva, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Marín presentó en enero de 1998 la primera querella criminal por los crímenes de la "caravana de la muerte" contra el entonces comandante en jefe del Ejército. Pinochet dejó el servicio activo el 11 de marzo de ese mismo año y juró como senador vitalicio.
Desde entonces se multiplicaron las demandas contra Pinochet, que llegaron a 88 el martes, con 28 de ellas presentadas tras su polémico regreso a Chile desde Gran Bretaña.
Todas las demandas son investigadas por el juez Juan Guzmán quien, sin embargo, invocó sólo la primera querella para pedir el 6 de marzo el desafuero o suspensión de la inmunidad legislativa del ex dictador, para juzgarlo como instigador de los crímenes de la "caravana de la muerte".
La caravana fue una misión militar encabezada por el general Sergio Arellano, como delegado personal de Pinochet, cuya misión fue "agilizar" en varias ciudades de Chile los procesos en tribunales castrenses a izquierdistas detenidos tras el golpe de Estado de 1973.
Arellano y sus colaboradores ordenaron el fusilamiento de 72 prisioneros políticos, pero en 19 casos jamás se entregaron los restos de las víctimas a sus familiares, por lo cual los delitos son juzgados como secuestro calificado.
Con esa tipificación penal, Guzmán eludió la ley de amnistía que Pinochet promulgó por decreto en marzo de 1978 y que obligaba a cerrar el proceso si los casos hubieran sido rotulados como homicidio.
La defensa de Arellano y de los demás militares implicados busca precisamente esa tipificación de las 19 desapariciones. Pero en lo que respecta a Pinochet, lo que está planteado por ahora es determinar si existen fundadas presunciones sobre su responsabilidad en esos crímenes para autorizar su juzgamiento.
El destino del ex dictador está así en manos de un Poder Judicial que durante el régimen militar fue considerado un servidor del poder y por tanto virtual cómplice de unos 3.000 crímenes contra los derechos humanos.
Tras la restauración de la democracia, en marzo de 1990, los tribunales mantuvieron por algún tiempo su sujeción a los llamados "poderes fácticos" heredados de la dictadura, sobre todo a través de la aplicación de la ley de amnistía de 1978.
El paulatino proceso de renovación de la Corte Suprema y de las instancias intermedias de la justicia posibilitó un cambio en los últimos años, alentado también por la detención en Londres de Pinochet, cuya imagen de "intocable" quedó así deteriorada.
Desde junio de 1999, Guzmán y otros dos jueces han sometido a proceso a varios oficiales retirados, incluyendo a seis generales. Los más connotados son Humberto Gordon y Hugo Salas Wenzel, ex jefes de la Central Nacional de Informaciones, aparato represivo de la dictadura, y Carlos Forestier, ex vicecomandante del Ejército.
El gobierno de Ricardo Lagos garantizó, a través del ministro de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Huepe, la independencia del Poder Judicial, y dijo que hará respetar el veredicto de la corte, sea favorable o adverso a Pinochet.
Pero más allá de este discurso y del proclamado respeto a la autonomía de la justicia, tanto el gobierno como los partidos políticos y las propias Fuerzas Armadas saben que el proceso a Pinochet será también una prueba de fuego para la democracia chilena.
Para muchos, la transición democrática será un proceso no concluido mientras el principal protagonista de la dictadura siga protegido por un manto de impunidad y no se cierre la herida abierta por las masivas violaciones de los derechos humanos.
Los seguidores de Pinochet, en cambio, advierten que la eventual condena del ex dictador será un factor de desestabilización del proceso político y esperan que Pinochet sea eximido de un juicio y que se abra paso a una ley de "punto final", para cerrar todos los procesos pendientes por crímenes represivos. (FIN/IPS/ggr/ff/ip hd/00
