Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben reformar leyes y tomar otras medidas para acabar con el miedo, el aislamiento y el clima de sospecha en el que viven millones de personas debido a la delincuencia, demandó la Cepal en México.
Entre los años 80 y mediados de los 90 las tasas de homicidios aumentaron en todas las regiones de América Latina y en algunos países llegó a niveles críticos, lo que se reflejó en las "pautas básicas de sociabilidad", dijo la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
En un informe difundido en el 28 período de sesiones de esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas, que se desarrolla en México desde el lunes y hasta este viernes, se indicó que los países más golpeados por la delincuencia son los del área andina, en especial Colombia.
La cuestión, antes ajena a organismos como la Cepal, toma ahora importancia pues golpea como nunca a los latinoamericanos y no se puede cerrar los ojos, señaló Esteban Zero, de la organización no gubernamental México Unido contra la Delincuencia.
Las tasas más altas de homicidios de los últimos años se registraron en el área andina, en la que incluyó a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y dejó fuera a Bolivia. Otros lugares afectados fueron Brasil y México, mientras los sitios más seguros fueron los países del Caribe inglés y el Cono Sur.
"Lo grave (de la delincuencia) es que sus consecuencias se extienden más allá de las percepciones y condicionan los estilos de vida", apuntó la Cepal.
"El sentimiento difundido de inseguridad lleva a las personas a restringir su circulación en espacios públicos, evitar salir de noche o visitar ciertos barrios, recluirse puertas adentro y buscar el esparcimiento en espacios privados", observó la agencia.
Con la delincuencia y el miedo "se reduce la interacción con personas de diferente origen social y se desalienta la sociabilidad espontánea (…), los grupos y las clases sociales se aíslan con sus propios pares y se generaliza un sentimiento de sospecha hacia los demás o hacia los 'distintos"', advirtió.
Cepal presenta en la cita México de la recomendación de promover la equidad y la participación ciudadana como claves para disminuir las injusticias sociales legadas de los años 80 y 90.
Para la agencia, "ciudadanía, igualdad y cohesión social" son "una ecuación pendiente" en América Latina.
Entre 1984 y 1994, la frecuencia de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó en la región de 17,5 a 21,1, siendo los hombres los más afectados en una proporción aproximada de una mujer por cada 10 hombres.
A mediados de los 90, la tasa de homicidios llegó a 51,9 por cada 100.000 habitantes en el área andina. En tanto, en el Cono Sur fue de 6,2 por cada 100.000 personas y en el Caribe de habla inglesa, 8,7.
Entre los factores que alientan la delincuencia figuran la pobreza en las ciudades, fenómeno que tiene mayor incidencia en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, y el elevado desempleo, importantes en Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay y Venezuela, precisó Cepal.
También influye el número de jóvenes urbanos de entre 13 y 17 años que no trabajan ni estudian, problema que se presenta especialmente en Honduras y Uruguay, y el déficit educacional (niños urbanos de 14 y 15 años que no han completado seis años de estudio), que golpea más a Brasil y Honduras.
América Latina es la región más violenta del mundo, con 140.000 homicidios por año, dijo en julio Jorge Nieto, representante de Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México.
Nieto afirmó, en base a datos de diversas fuentes, que en América Latina 24 familias sufren cada minuto algún atentado a su patrimonio familiar
"En la última década se han adoptado leyes para prevenir y sancionar los delitos en casi todos los países de la región. Sin embargo, existen problemas para su cabal aplicación derivados de la falta de capacitación de funcionarios y de los escasos recursos destinados a proteger a las víctimas", dijo Cepal.
"Son indispensables reformas judiciales destinadas a reducir la impunidad de gran parte de los delitos, fortalecer la capacidad del sistema en el control y sanción de los delitos y generar entre la población mayor seguridad y confianza en la institucionalidad vigente", agregó.
Además, es necesario evitar que la permanencia de los detenidos en las cárceles implique, por las deterioradas condiciones penitenciarias, una mayor socialización de la violencia y exposición a la misma.
Por esas vías, concluyó Cepal, las reformas judiciales fortalecerán los derechos de los ciudadanos. Pero eso no será suficiente, pues también es necesario "promover programas de justicia alternativa, cercana a la ciudadanía, basados en la resolución pacífica de los conflictos". (FIN/IPS/dc/mj/ip/00
