La Comisión de Arbitraje Médico (Conamed) busca a través de la conciliación de las partes evitar que se instaure en México la cultura del litigio judicial para resolver controversias por actos médicos, como ocurre en Estados Unidos, sostiene funcionario.
Pero la Conamed, única de carácter estatal en el mundo, requiere de autonomía para erigirse en "ombudsman" (defensor del pueblo) especializado y consolidar así su tarea de elevar los estándares de calidad en los centros de salud del país.
El organismo, creado en junio de 1996 por el presidente Ernesto Zedillo, opera para resolver conflictos sobre la base de la confianza entre el paciente y el profesional, dijo a IPS el subcomisionado Agustín Ramírez.
El funcionario agregó que se busca descartar que los médicos del país ejerzan su profesión bajo los parámetros del miedo, como sucede con sus colegas estadounidenses.
Los médicos en Estados Unidos "ejercen con la presión de saber que pueden ser demandados y las medidas para prevenir esa circunstancia terminan por encarecer en forma desmesurada el servicio", además de ser un gran negocio para aseguradoras y abogados", añadió.
La Conamed enfrentó este mes la mayor crisis de su corta existencia cuando, en un lapso menor de 24 horas, dos bebés, una joven embarazada y dos ancianos perdieron la vida debido a que se les suministró bióxido de carbono en vez de oxígeno.
Los hechos sucedieron el día 12 en un hospital del famoso balneario de Puerto Vallarta, en la costa del océano Pacífico, donde una empresa, Infra, entregó por error un tanque del letal gas que, en una sucesión de fallas de controles, fue recibido y conectado a los pacientes por personal del centro de salud.
Tras la investigación del caso, que conmocionó a la opinión pública mexicana, la Conamed determinó que no hubo negligencia o impericia en la actuación de médicos y enfermeras que atendieron a las víctimas.
La compañía Infra cometió el error de proveer de manera equivocada bióxido de carbono, mientras empleados administrativos del hospital actuaron con negligencia al conectar el tanque a la red general de suministro de oxígeno, determinó la comisión.
Los decesos ocurrieron en horarios y salas de atención distintas. Cuatro de los fallecidos padecían graves males de tipo respiratorio o cardiovascular y los cinco requerían terapia con oxígeno, sostuvo el informe oficial.
El dictamen de Conamed, sin embargo, desató una ola de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y abogados particulares, que cuestionaron la imparcialidad de la comisión y señalaron su fracaso en la batalla contra la negligencia médica.
Ante las protestas contra la "exoneración" por parte de la comisión en el caso de Puerto Vallarta, Ramírez respondió que los responsables fueron señalados y que corresponde ahora a las autoridades judiciales determinar las penas.
El día 20 fueron detenidos tres empleados del hospital y uno de la firma Infra, en calidad de presuntos responsables de homicidio por imprudencia.
Desde su creación, en momentos en que 20 por ciento de las denuncias que recibía la Comisión Nacional de Derechos Humanos era de carácter médico, la Conamed ha atendido 16.702 quejas referidas a la prestación de servicios de salud en centros públicos y privados.
Cerca de 8.000 reclamos requirieron algún tipo de asesoría y el resto fue objeto de "recomendaciones" por parte del organismo, que carece de facultades para actuar como procuraduría. El dictamen de la Conamed es usado por los jueces como parte de las eventuales causas penales.
En 42 por ciento de los asuntos que merecieron recomendaciones se señaló negligencia, impericia, maltrato o dolo por parte del médico.
El estatal Instituto Mexicano del Seguro Social, en respuesta a las opiniones técnicas de la Conamed, sancionó a 51 funcionarios públicos, destituyó a 10 médicos, inhabilitó en forma temporal a 13 más e impuso otras tantas amonestaciones administrativas.
Sin embargo, el caso de los cinco decesos en Puerto Vallarta desnudó las limitaciones del organismo en sus funciones de conciliación y buena fe, por lo cual "un paso necesario es lograr mayor autonomía para convertirlo en ombudsman especializado", subrayó Ramírez.
Hacer de la designación del comisionado nacional una atribución del parlamento y dotar a la Conamed de facultades más amplias en la revisión de quejas, son aspectos que deberán estar en el centro de un futuro estudio, afirmó el funcionario.
La lección que arrojan los hechos de Puerto Vallarta refuerza la necesidad de crear en México una cultura de corresponsabilidad entre médicos, autoridades y pacientes, para desterrar riesgos de error en la prestación de servicios de salud, agregó.
Algo similar ha ocurrido en otros países en los últimos dos años, como la creación en Perú de la Superintendencia Prestadora de Servicios de Salud y en Colombia la oficina de Asuntos de Etica Médica, ésta última dedicada sólo a buscar la reparación del daño en los casos de un mal servicio.
En tanto, en España, la institución llamada Mediación y Arbitraje Médico, que opera en el colegio de profesionales españoles, y el tribunal de Arbitraje Médico de Vizcaya, constituyen otros antecedentes de la Conamed, refirió Ramírez.
En todos los casos, "se busca el mismo objetivo que es mejorar la calidad de la atención médica y preservar el derecho a la protección de la salud de todas las personas". (FIN/IPS/pf/dm/he/00
