Dos senadores colombianos, encargados de considerar las objeciones del presidente Andrés Pastrana al proyecto que tipifica delitos contra los derechos humanos, rechazaron hoy los argumentos del mandatario, que cree ver en el texto limitaciones a la lucha contrainsurgente.
El informe de los dos legisladores sobre las objeciones de Pastrana al proyecto que tipifica los delitos de desaparición forzada, genocidio, desplazamiento de comunidades y tortura, será debatido por el Congreso, que este jueves comenzó su último periodo de sesiones ordinarias.
Pastrana afirmó que el proyecto de ley, ya aprobado el año pasado por el Senado, es inconveniente e inconstitucional en apartados del capítulo relativo al delito de genocidio.
Pero los senadores encargados de evaluar las objeciones consideran que los argumentos de Pastrana para negarse a promulgar la iniciativa no tienen solidez.
El senador Germán Vargas afirmó que no comparte las alegaciones de inconveniencia e inconstitucionalidad que expuso Pastrana, mientras que su compañero en la comisión que rindió el informe, Francisco Murgueitio, les negó sustento jurídico.
También el presidente del Senado, Miguel Pinedo, rechazó las objeciones del presidente y propuso la ratificación del proyecto en la forma en que ya fue votado por la cámara alta.
"Voy a hacer los esfuerzos que estén a mi alance para evitar que el Congreso acepte las objeciones presidenciales", dijo Pinedo a IPS.
Pastrana objetó el proyecto en diciembre señalando que la Convención sobre el crimen de genocidio votada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) excluyó a los grupos políticos, por cuanto no son fácilmente identificables y su inclusión podría causar interferencias internacionales en los asuntos internos de los Estados.
Según el gobierno, la inclusión de los grupos políticos "o colectividades con identidad propia fundada en motivos políticos (guerrilleros)" como sujetos pasivos (víctimas), limitaría "el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Fuerza Pública".
Pastrana objetó también los artículos del proyecto en que se utiliza el término "combatiente" para designar a todas aquellas personas que participan en el conflicto armado, por considerar que "combatientes" son sólo los miembros de las Fuerzas Armadas.
El presidente intenta evitar con su cuestionamiento del proyecto que las Fuerzas Armadas sean eventualmente acusadas de genocidio si en combate dan muerte a guerrilleros cuya organización tenga reconocimiento político.
Un experto que pidió el anonimato por razones de seguridad, dijo a IPS que la objeción del gobierno va en la misma dirección que "el afán de los militares de quitar cualquier apelativo de legitimidad a los guerrilleros".
Las Fuerzas Armadas consideran a los insurgentes "simplemente como delincuentes o bandidos", señaló la fuente.
El ministro del Interior, Néstor Martínez, reiteró este jueves la negativa del gobierno a aceptar la mención en el proyecto de ley del genocidio cometido contra grupos políticos o colectividades con identidad propia.
La tipificación del delito de genocidio busca en esencia sancionar los actos orientados a la eliminación de un grupo como tal, y "en el caso objetado se afectaría una identidad (guerrilleros) transitoria", dijo Martínez.
No obstante, la mayoría de los miembros del Congreso sostienen que la noción de genocidio no hace diferencia entre entidades permanentes o transitorias.
Como ejemplo, los legisladores destacan que la convención intenacional contra el genocidio penaliza la eliminación de grupos religiosos, y las opiniones religiosas de individuos o colectivos también pueden cambiar, como la pertenencia a alguna organización guerrillera.
Mientras, algunos parlamentarios puntualizaron que los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen estándares mínimos de protección que no excluyen normas más rigurosas en las legislaciones internas.
Anders Kompass, de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comentó que las objeciones de Pastrana al proyecto de ley sobre desaparición forzada y genocidio no parecen coincidir con la voluntad manifestada por el gobierno a la comunidad internacional de conceder a los asuntos de derechos humanos "el lugar que les corresponde".
Kompass discrepó públicamente de la propuesta de Pastrana de identificar como combatientes sólo a los militares.
Si bien el término "combatiente" no aparece en las normas del derecho internacional humanitario, es utilizado por organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que engloba en esa denominación a todo aquel que participa en un conflicto armado, dijo el funcionario internacional.
Las objeciones del gobierno al proyecto de ley son "de hecho una nueva dificultad para el logro de una legislación que responda satisfactoriamente a las recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y derecho intenacional humanitario", agregó.
En cuanto a la propuesta de tipificación del delito de desaparición forzada, fue presentada por la Fiscalía y aprobada por el Congreso después de más de 10 años de debates, un periodo en que Colombia fue cuestionado por la ausencia de normas para castigar hechos condenados universalmente.
En Colombia hay un desaparecido cada día y entre octubre de 1998 y septiembre de 1999 se produjeron 289 masacres (asesinato de más de cuatro personas en un mismo sitio y tiempo), que dejaron 1.357 víctimas, de acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos.
El diario El Tiempo, de Bogotá, consideró un error político del gobierno haber objetado la ley sobre desaparición forzada, dado que se produjo cuando la situación de derechos humanos de Colombia es discutida en el Congreso de Estados Unidos en el marco del debate sobre una ayuda de 1.600 millones de dólares para este país.
Así mismo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU analizará la semana próxima en Ginebra la situación colombiana que, en opinión de Kompass, es extremadamente crítica. (FIN/IPS/yf/hr
