Augusto Pinochet partió para Chile y no será sometido a juicio en España por los abusos cometidos durante su dictadura militar (1973-1990), pero activistas estadounidenses exigen que Washington pida su extradición por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier.
John Cavanagh, director del Instituto de Estudios de Política, un centro de investigación de Washington, pretende que Estados Unidos procese a Pinochet por el asesinato en la capital estadounidense de Letelier y de su secretaria, Ronni Moffitt.
Ambos, empleados del Instituto, murieron en 1976 cuando una bomba destruyó el automóvil en que viajaban a un kilómetro de la Casa Blanca, la sede del Poder Ejecutivo.
La investigación y posterior juicio revelaron que la policía secreta de Pinochet, la DINA, había ordenado el atentado. El entonces director del organismo estatal chileno, Manuel Contreras, fue encarcelado en Chile por su responsabilidad en el caso.
El Instituto y activistas de derechos humanos exhortan a Washington a reabrir el caso Letelier y pedir la extradición de Pinochet por su presunta participación en ese asesinato.
El Departamento de Justicia envió el año pasado a España a dos abogados, que se reunieron con el juez Baltasar Garzón, quien en octubre de 1998 había determinado la detención de Pinochet en Gran Bretaña.
Pinochet fue liberado este jueves y emprendió el regreso a Chile tras permanecer 503 días detenido en Londres. El ministro del Interior de Gran Bretaña entendió que no está en condiciones físicas ni mentales para ser sometido a juicio en España.
Pero la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos avanza a paso de mula y, este jueves, el abogado que representa a las familias Letelier y Moffitt, Sam Buffone, solicitó al presidente electo chileno Ricardo Lagos, quien asume el día 11, que coopere con los investigadores estadounidenses.
"El gobierno chileno debe permitir que los funcionarios estadounidenses reciban el testimonio de testigos clave en Chile, y debe brindar a los investigadores del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) los documentos relativos al caso", dijo.
El Departamento de Justicia no hizo comentarios sobre el caso este jueves.
Bajo presión del movimiento de derechos humanos, el presidente estadounidense Bill Clinton ordenó en diciembre que se publicaran los documentos secretos del gobierno correspondientes a las violaciones contra los derechos humanos cometidos por la dictadura de Pinochet.
Pero el Departamento de Justicia retuvo documentos correspondientes a los asesinatos de Letelier y Moffitt.
Así mismo, activistas e historiadores acusan a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y al Pentágono (Ministerio de Defensa) de retener documentos que podrían aclarar la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado que llevó a Pinochet al poder el 11 de septiembre de 1973.
El Departamento de Estado (cancillería) reiteró este jueves la postura ambivalente que lo caracteriza desde que Pinochet fuera detenido en Londres en octubre de 1998. Entonces, Washington expresó la inquietud de que el arresto y posible extradición a España podría polarizar a la sociedad chilena y aun provocar otro golpe militar.
"Respetamos el resultado del proceso judicial británico", dijo una portavoz de la cancillería a IPS. Por un lado, "Washington siempre apoyó el principio de justicia y de responder por las violaciones de los derechos humanos", aseguró.
Por otro, "siempre hemos buscado apoyar a países como Chile que han hecho un auténtico esfuerzo para restablecer la normativa democrática y el imperio de la ley", dijo.
No obstante, la portavoz agregó que cuando "Pinochet retorne a Chile, volverá a un país diferente del que partió hace 16 meses".
"El pueblo chileno demostró su voluntad y capacidad para enfrentar temas difíciles surgidos de la época de Pinochet. Es nuestro deseo y esperanza de que continúe el proceso actual en Chile" de revisión de los derechos humanos, declaró.
Pero la mayoría de los grupos defensores de los derechos humanos dudan de que Pinochet sea procesado en Chile, a pesar de los avances que experimentó el país contra la impunidad en los últimos dos años.
Las dudas responden a que las autoridades británicas consideraron que Pinochet no está mentalmente apto para someterse a juicio y a las gestiones en curso en Chile para garantizar su inmunidad penal.
A la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, le preocupa una reforma constitucional propuesta por el gobierno saliente de Eduardo Frei que concedería inmunidad permanente a los ex jefes de Estado chilenos. El Parlamento está discutiendo la iniciativa y podría aprobarla este mes.
"Esa ley sentaría un precedente terrible. No sólo sería más difícil someter a Pinochet a la justicia, también debilitaría las instituciones democráticas en Chile", dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/hd/00
