Los cónyuges que no ayudan económicamente a sus hijos ingresan a partir de hoy en la capital argentina en un registro público y quedan inhabilitados para obtener créditos y tramitar la licencia de conducir, y no podrán desempeñarse como jueces o funcionarios ni ser proveedores del gobierno municipal
Organizaciones no gubernamentales y abogados consideran que la medida es un paso adelante, aunque señalaron que para que sea realmente eficaz debería extenderse a todo el país, un proyecto que el Congreso ha comenzado a discutir.
El Registro de Deudores de Cuotas Alimentarias se estrenó con la inclusión de seis padres que deben más de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. El subsecretario de Justicia de la ciudad, Hugo Germano, advirtió que si todos los jueces de familia envían datos de los morosos, habrá "varios miles" de morosos en el registro.
Para que se haga efectiva la inclusión en el registro, el juez de familia debe enviar al gobierno municipal los datos del deudor, que no podría entonces realizar trámites relacionados con las instituciones públicas comunales. Se prevé que en tres meses, los bancos y empresas privadas también podrán consultar el registro para sus decisiones.
En los últimos seis años se iniciaron en Buenos Aires 17.000 causas por este tema, según estadísticas judiciales, y se calcula que 70 por ciento de los hombres separados no cumplen con la cuota estipulada, lo hacen tarde, o en forma incompleta.
La gran mayoría de deudores son hombres, ya que los hijos menores de edad viven con su madre, salvo contadas excepciones.
La medida no tiene antecedentes en América Latina, aunque en Estados Unidos y en la Unión Europea se aplica un sistema semejante. En Francia, el Estado paga un subsidio mensual a la mujer con hijos que no recibe la cuota y luego carga la deuda al padre en la forma de impuestos y descuentos de pagos.
En Argentina, la desatención a los hijos de matrimonios o uniones de hecho que derivaron en divorcio o separación está muy difundido por razones que expertos de diversos campos consideran no solo económicas o de empleo, sino también culturales.
Además, el número de hogares encabezados por mujeres creció en Buenos Aires de nueve a 25 por ciento del total en los últimos 10 años. En promedio, los ingresos de esos hogares son 30 por ciento inferiores a los del resto.
Ochenta y siete por ciento de las mujeres consultadas por el Sindicato de Amas de Casa apoyan el registro de padres morosos. Esa organización promovió el proyecto, junto a legisladoras de diversos partidos políticos.
Por lo general, el compromiso los hombres con la vida doméstica y su participación en la crianza de los hijos es inferior al de la mujer, y desatienden a éstos con más frecuencia una vez que abandonan la casa familiar, señaló a IPS Monique Altschul, presidenta de la organización Mujeres en Igualdad.
De acuerdo con los comentarios de una abogada acostumbrada a llevar este tipo de casos, hay jueces hombres menos proclives a sancionar a los incumplidores, y juezas mujeres que llegan al extremo de orientar al hombre acerca de cómo podría hacer para conseguir el dinero que dice no tener.
Así, de cada 10 litigios por alimentos -iniciados en su mayoría por mujeres de clase media o alta- siete registran incumplimiento, y algunos casos dan lugar a proceso penal por "insolvencia fraudulenta" de los padres, dijo a IPS la abogada de familia Carmen González.
Pero las madres pobres separadas difícilmente presentan demandas, pues dan por descontado que el padre no tendrá dinero para responder al compromiso que fije el juez.
La insolvencia por fraude se produce cuando el padre requerido cambia la titularidad de sus bienes y de su negocio, si lo tiene, y se declara sin ingresos ante el juez que le exige el pago de la cuota alimentaria para el sostén de los hijos menores de edad que viven con la madre.
"Yo tuve una clienta que me decía que el ex marido, que no pagaba la cuota, iba a visitar a los hijos manejando un (automóvil) Mercedes Benz, y le decía que era del secretario de su empresa que, según le aseguraba a ella, estaba en bancarrota", comentó la letrada.
Altschul aseguró que no se trata necesariamente de hombres violentos, ni tampoco de hombres sin empleo, sino simplemente de "padres ausentes", que no asumen su papel, tan importante para la educación y el sostén de los hijos.
Para González, el problema de fondo es cultural y el derecho avala esta injusticia que se comete en perjuicio de los niños y adolescentes. "El hombre argentino no es tan mal pagador, el tema es que paga donde no debe pagar, porque tiende a sostener a los hijos de la mujer con la que vive", explicó.
O sea, un hombre se vuelve a casar -o se une de hecho a otra mujer- y puede ser un excelente padre con los hijos de su nueva pareja, o con los que tiene con ella. Pero se desentiende de los que tuvo con su primera mujer.
"Es común entre mis clientas escuchar, por ejemplo, que pasan penurias económicas y tienen que mandar a sus hijos a escuelas públicas, mientras que los niños que el ex marido tiene con su nueva esposa viajan a Disneylandia", dijo.
Este criterio lleva también a muchos hombres a creer que una vez que la mujer se vuelve a casar -y más aún si el nuevo marido tiene una situación económica holgada- ya ellos, como padres, están relevados de su responsabilidad de mantener a sus hijos.
González señaló además que el derecho es "androcéntrico" y no contempla situaciones perjudiciales para la mujer. "En los casos de separación, por ejemplo, se abre un vacío para la condición en la que quedan niños y mujeres", comentó.
Es común que los hombres eviten las sanciones judiciales mostrando "voluntad de pago" ante el juez. "Si la cuota estipulada es de dos mil pesos (igual dólares) mensuales, y el hombre dice que no tiene esa cantidad, pero que lleva 50 en el bolsillo y está dispuesto a darlos, entonces zafa", advirtió la abogada.
Por todo esto, González cree que el registro de padres morosos habilitado en la ciudad de Buenos Aires debería extenderse en el futuro a todo el país, para que sea eficaz.
También considera que la ley debería exigir al hombre que pretenda volver a casarse una suerte de certificación de "libre de deuda", que pondría en evidencia los compromisos incumplidos.
"Si el hombre busca el paraguas de la ley para casarse, se le debe exigir por las leyes que no cumplió en su unión anterior", dijo la abogada, en alusión a los padres morosos, que no obstante su falta, pueden volver a casarse.
El Estado debería sancionar a estos hombres, pues la Convención de Derechos del Niño obliga a contemplar el derecho de los menores de edad a contar con el sostén de sus padres para tener una buena calidad de vida, sostuvo la abogada. (FIN/IPS/mv/ff/hd/00
