Organizaciones ambientalistas acusaron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de perder de vista su mandato sobre desarrollo y apoyar proyectos comerciales nocivos para el ambiente y la sociedad.
Durante una conferencia del BID que duró una semana y terminó este miércoles en la ciudad sudoriental estadounidense de Nueva Orléans, activistas de 12 países protestaron en conferencias de prensa, manifestaciones, informes y reuniones con funcionarios del banco contra las políticas de privatización impulsadas por la institución.
Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social, con sede en Uruguay, una de las 25 organizaciones no gubernamentales (ONG) que se reunieron con funcionarios del BID, afirmó que muchos proyectos apoyados por el banco no son compatibles con los objetivos sociales y ambientales que declara.
"El BID debería decidir si se propone ser un banco comercial o un auténtico banco de desarrollo", comentó.
Los activistas arguyen que fueron excluidos del proceso de consultas y toma de decisiones del BID, a causa del viraje del banco hacia el sector privado.
En 1994, el BID se propuso aumentar el involucramiento de la sociedad civil en sus decisiones, y uno de sus últimos pasos en ese proceso fue un documento sobre principios y líneas de acción para consultar y dar participación a organizaciones de la sociedad civil en sus préstamos para inversión.
Kari Hamerschlag, del Centro de Información Bancaria, una ONG con sede en Wahington, comentó que en ese documento no se indica el uso de ningún procedimiento específico para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
"Establecer principios generales es vital, pero esos principios deben estar acompañados de un profundo cambio de actitud de los equipos encargados de proyectos y de los ministerios nacionales responsables de diseñar y llevar a cabo operaciones apoyadas por el banco", apuntó.
K. Burke Dillon, vicepresidenta ejecutiva del BID, se reunió con representantes de ONG la semana pasada en Nueva Orléans y se comprometió a realizar encuentros semestrales con esos grupos, pero aún no se ha definido cómo se financiarán esos encuentros.
Dillon aseguró que haría pública más información sobre las actividades del banco, y garantizó que comisiones asesoras de organizaciones de la sociedad civil de cada país actuarían para facilitar un mayor involucramiento de las ONG en el proceso de toma de decisiones.
También señaló que los directores del BID discuten la posibilidad de permitir el acceso del público a documentos sobre programas nacionales, que a menudo ni siquiera pueden ser consultados por legisladores elegidos en forma democrática de los países en cuestión.
Sin embargo, agregó que era pesimista respecto de las perspectivas de mayor participación de las ONG en el proceso de elaboración de programas en cada país.
Los activistas expresaron su satisfacción por la voluntad de Dillon de aumentar el involucramiento de las ONG en las actividades del banco, pero reiteraron su demanda de que esas organizaciones sean incluidas en el proceso de toma de decisiones.
"Insistimos en que debemos tener mayor participación en la decisión de políticas de reforma macroeconómicas y sectoriales", explicó Margarita Flores, de Red de Bancos, una organización que coordina las actividades de ONG de América Latina.
Los activistas también piden que el BID realice una evaluación formal de los impactos indirectos y acumulativos de proyectos que consideran nocivos para el ambiente, como el gasoducto entre Bolivia y Brasil y la privatización de la compañía petrolera boliviana.
Atossa Soltani, directora de Amazon Watch, una ONG de Estados Unidos con sede en el estado sudoccidental de California, aseguró que esos proyectos han causado un incremento de ramales del gasoducto, plantas de energía y explotaciones de gas y petróleo, en perjuicio de ecosistemas y comunidades locales.
"El banco debe asumir mayor responsabilidad por las consecuencias de largo plazo de sus decisiones", subrayó.
Soltani demandó que el BID apoye proyectos de delimitación de parcelas y otorgamiento de títulos de propiedad a comunidades indígenas y agricultores pobres, antes de implementar los proyectos, para evitar desplazamientos forzosos.
Los activistas critican al BID por considerar la posibilidad de financiar a Transredes, un consorcio formado por la firma estadounidense Enron y la angloholandesa Royal Dutch Shell, para que construya el gasoducto Yacuiaba, entre Argentina y el gasoducto que une Bolivia y Brasil.
"El BID no debería financiar a firmas irresponsables como Enron y Shell, responsables de numerosos actos de negligencia en Bolivia", opinó Patricia Molina, una representante de la ONG Foro Boliviano para el Ambiente y el Desarrollo.
En septiembre del año pasado, tres ejecutivos de Transredes fueron llevados a juicio por contaminación ambiental causada por derrames de petróleo y combustible diesel en instalaciones ubicadas en el departamento oriental boliviano de Santa Cruz, apuntó Molina.
Grupos ambientalistas nacionales e internacionales han denunciado a Enron y Shell por estar involucradas en la construcción de un ramal del gasoducto entre Bolivia y Brasil, hacia la ciudad centrooccidental brasileña de Cuiabá.
El ramal proyectado, de 630 kilómeros, atravesará Chiquitano, una de las áreas de selva tropical seca más extensas del mundo, calificada por la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) como uno de los 200 ecosistemas más importantes del planeta.
Unas 100 especies de mamíferos, aves y reptiles, entre ellos el guacamayo jacinto y el ocelote, que habitan en Chiquitano, están protegidas por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies en peligro, señalaron los activistas.
Amazon Watch, Amigos de la Tierra y el WWF acusaron a Enron, que encabeza el consorcio constructor del ramal, de controlar en forma deficiente la erosión del suelo, la contaminación del agua y el aire, la caza ilegal y el acceso no autorizado a la carretera paralela al gasoducto.
"Aun más grave es que que Enron planea construir nuevas carreteras de acceso a través de selvas tropicales vírgenes", afirmó Soltani.
Esas carreteras abrirán el área a nuevos depredadores, entre ellos firmas forestales y mineras, agricultores y otros colonos, explicó.
Los ambientalistas piden también que el BID aumente su apoyo a programas para el uso eficiente de energía y el desarrollo de fuentes de energía alternativas, en vez de financiar proyectos que implican en su mayoría el uso de petróleo, gas natural y carbón.
El empleo de esos combustibles fósiles causa la emisión de gases que producen el efecto invernadero, cuyo aumento muchos científicos consideran responsable del recalentamiento global.
"El BID ha dado prioridad al apoyo a firmas transnacionales que lucran con fuentes contaminantes de energía, inaccesibles para los pobres y los habitantes de áreas rurales", enfatizó Hildebrando Vélez, de la ONG ambientalista CENSAT Agua Viva, con sede en Bogotá.
Entre 1995 y 1998, casi 83 por ciento del financiamiento del BID a proyectos de generación de electricidad se destinó al empleo de combustibles fósiles, y la inversión en proyectos de uso eficiente de energía fue sólo 1,5 por ciento del total, indicó un informe de esa ONG.
Es poco probable que los proyectos respaldados por el BID ayuden a 75 millones de latinoamericanos sin acceso a la energía eléctrica, en especial en zonas rurales y áreas urbanas marginales, que "no representan un mercado atractivo para las firmas que reciben apoyo del banco", indicó Vélez. (FIN/IPS/ra- eng/dk/da/mp/en if/00
