La Unión Europea (UE) y el grupo de países de Asia, el Caribe y el Pacífico (ACP) acordaron un nuevo pacto de cooperación quinquenal por valor de 13.500 millones de dólares en el período 2000-2005.
Los 13.500 millones prometidos por los europeos a sus 71 ex colonias resultan un tres por ciento menos, en términos reales, a las sumas concedidas en los últimos cinco años y fueron otorgados con mayores condiciones.
Los países en desarrollo pretendían un paquete más considerable y con menos ataduras pero John Horne, presidente del consejo del ACP y ministro de Comercio de San Vicente y Granadinas, expresó que los negociadores habían llegado "a una conclusión satisfactoria".
Bernard Petit, alto funcionario de la Comisión Europea, el principal órgano ejecutivo de la UE que negoció en nombre de los 15 miembros del bloque, señaló que al grupo ACP "le resulta difícil aceptar que los recursos serán aportados en el futuro no sólo en base a sus necesidades sino tambien de su desempeño".
Poul Nielson, comisario europeo para Asuntos Comunitarios y de Desarrollo, fue más directo. "Dudamos en darles a ustedes (los países de ACP) más dinero cuando no fueron capaces de gastar más rápido y mejor lo que ya obtuvieron", expresó en una reunión de prensa el día 5.
El pacto remplazará a la Convención de Lomé que data de hace 25 años y se vence este mes y que fuera el mayor acuerdo marco logrado sobre comercio y cooperación para el desarrollo entre el Norte industrial y el Sur en desarrollo.
El pacto se firmará en Suva, capital de las Islas Fiji, en una fecha a determinar que, probablemente, sea el 31 de mayo.
Ministros de ambas partes convinieron el nuervo paquete el jueves por la noche despues de dos días de negociaciones y casi 12 horas más tarde de lo anunciado.
Los últimos escollos fueron puntos de vista divergentes sobre migración, especialmente una cláusula referida a la readmisión de inmigrantes indocumentados que la UE quiso incluir en el futuro convenio. Toda la negociación duró mas de dos años.
Nielson dijo también que, por el nuevo acuerdo, "la sociedad civil ahora es bienvenida como un componente importante en nuestra cooperación".
Segun Muthoni Muriu, del Foro ACP de la Sociedad Civil, "es importante que, finalmente, haya una base legal (para su inclusión formal)", y agregó que el nuevo acuerdo no era "peor" que la Convención de Lomé a pesar de la disminución del paquete de fondos.
Sobre el tema del comercio, Philip Lowe, uno de los principales negociadores de la UE, confirmó que los dos bloques se encuentran en la vía del libre comercio. El apoyo a los ACP en su integración a la economía mundial provendrá a través de una gradual implementación de pactos bilaterales de comercio.
Durante un período de transición que durará hasta el 2007, la UE sustentará las iniciativas de integración regional en ACP "para prepararlos para los nuevos arreglos comerciales".
"Por último, durante ese período (2000-2007), la UE puede concretar Acuerdos de Asociación Económica Regional (REPA) que cubran la progresiva concreción de convenios de libre comercio con países ACP", dijo Lowe.
Esos REPA, basados en estructurass regionales existentes como SADEC-SACU en Africa Austral y CARICOM en el Caribe, entrarían en vigor luego de un período de transición que podría durar 10 años.
Señaló que esa integración regional es necesaria, por ejemplo, en Africa, donde solamente seis por ciento del comercio de sus países se verifica con otros estados del continente, "y eso significa que hay un potencial tremendo para aumentar el intercambio entre naciones africanas".
En lo que respecta a los 38 países de ACP que también pertenecen al grupo de menor desarrollo (LDC, por su sigla en inglés), "existe la garantía" de que casi todos sus productos tendrán libre acceso al mercado de la UE para el 2005.
Lowe dijo que los arreglos acordados debieron ser y son compatibles con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), "que nos pidió no discriminar entre países pobres que están en el mismo nivel de desarrollo".
Sin embargo, algunos analistas opinaron que los acuerdos comerciales no siempre beneficiarán a los países de ACP.
Según la edición de enero de la revista británica The Economist, "los países pobres a menudo sufren pérdidas económicas por sus convenios con la UE.
Los pactos bilaterales son vistos como algo que fortalece la influencia de los países europeos en el exterior" ya que ayudan a sus exportadores a arrinconar a los mercados foráneos.
Sobre el espinoso tema de la inmigración, la UE propició primero la llamada readmisión. De acuerdo con ese principio, un país estaría obligado a readmitir cualquier ciudadano de terceros países o personas apátridas que entraron ilegalmente en la UE desde su territorio.
Según una red de ONG basasa en Bruselas, la cláusula propuesta no se refiere al derecho de apelar del inmigrante, a escapar de la persecución ni otras consideraciones humanitarias.
"Significaría una obligación sin término para cada estado ACP de aceptar y lidiar con una cantidad imprecisa de personas apátridas o ciudadanos de otras naciones", escribió James Mackie, secretario general del Comité de Enlace de ONG de Desarrollo en una carta del 28 de enero a Poul Nielson.
El grupo ACP, apoyado por expertos legales en migración y algunas organizaciones de desarrollo, no aceptó la propuesta de la UE y calificó la cláusula de inaceptable y contraria a las leyes internacionales.
La cláusula aceptada en las últimas horas del debate, en realidad una transacción, expresa que los convenios sobre la suerte de los inmigrantes deben ser negociados bilateralmente entre la UE o uno de sus estados miembros y los países de ACP, por separado, "acatando las normas relevantes de la legislación internacional".
La determinación de la UE de imponer la cláusula original en el acuerdo emana de un compromiso europeo formulado en una cumbre reciente en Tampere, Finlandia, para adoptar ese tipo de disposición como una regla fija en todos los acuerdos del bloque con terceros países. (FIN/IPS/tra-en/ns/cr/ego/aq/dv-if/00
