La probable adhesión de Cuba al convenio sucesor de Lomé IV permitirá a este país consolidar sus relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea (UE) y sortear la falta de un acuerdo marco con ese bloque.
Sin embargo, medios diplomáticos alertaron que ese paso implica condiciones en materia de derechos humanos respecto de las cuales La Habana ha sido tradicionalmente poco receptiva.
Cuba participa desde 1998, en carácter de observador, en las negociaciones para reemplazar al Convenio de Lome IV, y su adhesión debe ser aprobada por el Consejo de Ministros del grupo de Países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP) y la UE.
Fuentes de la cancillería cubana confirmaron que el gobierno de Fidel Castro hizo saber a la presidencia del Consejo de Ministros su interés en firmar el nuevo acuerdo "aun cuando no han concluido las negociaciones y a reserva de hacer una revisión del texto definitivo".
A juicio de medios diplomáticos consultados, esa salvedad implica que no todo está dicho en cuanto a la decisión cubana de ingresar a ese mecanismo que involucra a la UE y a 71 ex colonias europeas.
El grupo ACP respalda de manera unánime la adhesión de Cuba al nuevo acuerdo, cuya última ronda negociadora concluyó en Bruselas la semana pasada y debe ser ratificado el 31 de mayo en islas Fiji.
Ese convenio sustituirá al acuerdo no recíproco de cooperación financiera y técnica, ayuda de emergencia y preferencias de comercio de la UE hacia el grupo de países ACP, vigente desde hace 25 años.
La futura convención garantiza condiciones de preferencias de acceso al mercado europeo para ACP durante un período transitorio de ocho años. A partir del 2004 comenzarían negociaciones para tratados de libre comercio con grupos regionales.
Cuba es el único país de América Latina que carece de un acuerdo marco de cooperación con la UE, que en diciembre de 1996 decidió endurecer sus presiones para promover reformas internas en la isla.
Aunque sujeta a revisiones cada seis meses, esa "posición común" de los 15 miembros de la UE no ha variado desde entonces, como tampoco la negativa tajante del gobierno cubano a realizar cambios en su sistema político.
El ingreso de la isla, de régimen socialista, a una nueva versión de Lomé institucionalizaría por esa vía sus relaciones con la UE, a falta de un acuerdo marco de cooperación similar a los vigentes entre Bruselas y el resto de América Latina.
Además, fuentes diplomáticas dijeron a IPS que Cuba y la UE negocian en estos momentos una posible visita a La Habana en abril de la troika, los tres países que dirigen el bloque europeo, encabezada por Portugal, para realizar conversaciones bilaterales.
Al margen de diferencias políticas, 35 por ciento del intercambio comercial de la isla se realiza con Europa, de donde proceden alrededor de la mitad de los turistas y concentra además el mayor volumen de inversión extranjera.
Datos oficiales indican que, de 345 asociaciones con capital extranjero que operaban en Cuba en 1998, un total de 70 provenían de España, 52 de Italia, 15 de Inglaterra y 14 de Francia.
Países caribeños, en tanto, concentran la cuarta parte del comercio global de La Habana, miembro pleno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) junto a las naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), del Grupo de los Tres (México, Venezuela y Colombia) y Surinam.
La inclusión en el esquema ACP-UE facilitaría a Cuba el acceso a un determinado volumen de recursos para proyectos de desarrollo y potenciaría sus intercambios con Europa y las naciones caribeñas y de Africa.
La economía cubana cayó en fuerte depresión a principios de los años 90, luego de la pérdida de sus principales socios económicos y comerciales del hoy desaparecido campo socialista.
El gobierno de Castro acusa a Estados Unidos de agravar sus dificultades con el reforzamiento del bloqueo impuesto desde principios de los años 60.
En 1999, el crecimiento del producto interno bruto fue de 6,2 por ciento, frente a un descenso de 34,8 por ciento entre 1990 y 1993. (FIN/IPS/pg/dm/if ip/00
