Las autoridades del Caribe carecen de recursos para atender una creciente ola de deportados desde Estados Unidos, muchos de los cuales se ven así obligados a regresar a los países que dejaron cuando eran infantes.
En los últimos cuatro años, el gobierno estadounidense llevó a sus países de origen a más de 4.000 naturales de la Comunidad del Caribe (Caricom), muchos de ellos luego de recibir condenas penales. A estos miles se suman numerosos deportados desde Canadá.
Las autoridades caribeñas temen que los deportados no puedan restaurar sus vínculos con sociedades que, aunque los vieron nacer, son extrañas para ellos. Este es el caso de los muchos que emigraron cuando eran incluso bebés y no tienen ni siquiera familia en sus países.
Además, las autoridades carecen de instalaciones, equipos y material adecuado para identificarlos y controlarlos.
El aumento constante de la criminalidad registrado en los últimos años en Guyana es atribuido al flujo de deportados. "Son personas desesperadas diestras para cometer crímenes violentos, y eso puede desestabilizar la sociedad", dijo el cientista político Freddie Kissoon.
La mayoría de los deportados son jamaiquinos. En 1999, Estados Unidos expulsó a 1.533, y en 1998, a 1.480. Guyana recibe un promedio de 100 deportados al año, y las cifras en otros países de la región son aun menores.
Owen Dale Campbell dejó Jamaica cuando tenía 17 meses de edad, y fue enviado de regreso a la isla en 1996, cuando tenía 18 años y 31 acusaciones penales en Canadá. No tenía ningún familiar en Jamaica.
Las autoridades canadienses consideran que ya tuvieron suficiente de Campbell, pero las jamaiquinas lo ven como un residente más de su ya superpoblado sistema carcelario: poco después de llegar al país volvió a delinquir.
Errol Strong, agregado de seguridad en la Embajada de Jamaica en Estados Unidos, afirmó que uno de cada 10 deportados cometieron delitos relacionados con las drogas, pero otros perpetraron actos más graves como posesión de armas, asesinato, masacre, rapiña, violación y fraude.
Los países del Caribe han manifestado reiteradas quejas a Washington porque carecen de instalaciones modernas para acoger a los deportados de regreso.
"Los deportados no tienen vínculos, familiares o amigos, y con frecuencia cometen delitos para conseguir dinero con el objetivo de regresar a Estados Unidos", dijo un funcionario de la región que reclamó reserva sobre su identidad.
Jamaica ha intentado introducir un sistema de registro periódico de deportados en estaciones de policía y de llevar un control detallado de sus movimientos.
En Guyana, los funcionarios de seguridad pidieron al Poder Judicial autorización para intervenir los teléfonos de los deportados para controlar sus actividades.
Cuando los jefes de gobierno de Caricom se reunieron con el presidente estadounidense Bill Clinton en mayo de 1997, lo convencieron de implementar un sistema de notificación a las autoridades de la región sobre los deportados y los delitos de los que eran acusados.
También acordaron consultas bilaterales que permitieran a los deportados el acceso a sus bienes en Estados Unidos, así como asistencia técnica en materia de libertad bajo palabra y sistemas de control.
Los gobiernos caribeños afirmaron que ninguno de esos planes se concretó, y que las deportaciones continúan por los canales tradicionales.
Los funcionarios caribeños aspiran a que Estados Unidos reforme su política de deportaciones, la cual, afirman, debe considerar los vínculos familiares de los afectados y permitir el regreso al país norteamericano de los que cometan delitos no violentos.
Además, estas leyes no solo perjudican a los países del Caribe, sino también a Washington, pues un deportado puede ser el sostén de una familia que deberá ser mantenida por los servicios sociales estadounidenses, agregan.
La situación empeoró en 1996, cuando Clinton aprobó la Ley de Prevención de Terrorismo, que establece la deportación a los países de origen de condenados por delitos relacionados con las drogas luego de cumplir con sus penas.
Ahora, los duros criminales son deportados del país más rico del mundo a sus pobres naciones de origen, donde reanudan sus carreras delictivas con las fuerzas de seguridad en desventaja, advirtió el comisionado de Policía de Jamaica, Francis Forbes. (FIN/IPS/cb/ks/mj/ip hd/00
