Una ley de Japón que castiga con la cárcel la permanencia de extranjeros más allá de lo permitido por sus visas entrará en vigor el día 18, pese a las protestas de abogados y activistas de los derechos humanos.
La ley, que prevé hasta tres años de prisión para los extranjeros indocumentados, parece estar destinada principalmente a los trabajadores ilegales, pero también puede afectar a los solicitantes de asilo, que tienen muchas dificultades para obtener la aprobación de Tokio, advirtieron activistas.
"Es casi imposible que un extranjero obtenga el estatuto de refugiado en Japón", afirmó el abogado Satoshi Murata, quien actualmente representa a un ciudadano de Birmania que solicitó asilo arguyendo persecución política.
"Esto se debe a la inexistencia de un enfoque humanitario para la aceptación de refugiados políticos", agregó.
En 1999, Japón aceptó apenas 11 refugiados, frente a 16 en 1998. El gobierno recibe anualmente unas 200 solicitudes, y los aspirantes en general deben esperar un año para que las autoridades decidan sobre su caso.
"No tenemos una política básica que estipule condiciones claras para la concesión del asilo. Este estatuto se otorga luego de una consideración cuidadosa de cada caso", explicó a IPS un funcionario del departamento de solicitud de refugio del Ministerio de Justicia.
"La mayoría de los extranjeros que piden asilo llegan con pasaportes falsos o de polizones en barcos", agregó.
Japón ratificó el año pasado la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual establece que los países signatarios no deben enviar a una persona a un país donde pueda ser objeto de persecución.
Pero los activistas sostienen que Tokio es renuente a aceptar extranjeros y rechaza solicitudes sin brindar explicaciones.
"Sospecho que Japón no quiere extranjeros, en la creencia de que ayudarlos no beneficia al país", expresó Murata.
"Fundamentalmente, el gobierno sospecha de los extranjeros porque cree que actúan y piensan diferente de los japoneses y por lo tanto pueden provocar trastornos sociales", y "este punto de vista hace muy difícil que un inmigrante obtenga la residencia en Japón", explicó.
En diciembre, un grupo de 34 separatistas kurdos de Turquía a punto de ser deportados visitaron la Oficina Regional de Inmigración, en Tokio, en un intento por dar publicidad a su situación desesperante.
Los kurdos declararon a la prensa que sus solicitudes de asilo, presentadas en 1996, fueron rechazadas pese a sus afirmaciones de que en Turquía serán encarcelados.
Tokio "actuó contra las convenciones internacionales sobre refugiados" al rechazar las solicitudes de los kurdos, afirmó el abogado Takeshi Ohashi.
Uno de los clientes de Ohashi, un solicitante de asilo iraní, fue deportado hace tres meses en medio de una huelga de hambre que realizaba en un centro de detención.
El ciudadano iraní estaba demasiado débil para caminar cuando las autoridades lo embarcaron en un avión.
Según Ohashi, las autoridades rechazaron la solicitud del iraní de reunirse con funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y por eso decidió iniciar una huelga de hambre.
Otro caso que conmovió a la opinión pública fue el de un eritreo-etíope deportado en agosto. El solicitante de asilo tenía cicatrices de quemaduras graves en su cuerpo, que según él fueron producidas por torturas en Etiopía.
Las autoridades no se dejaron impresionar por las cicatrices y lo deportaron, pero cuando el avión hizo escala en Bangkok el ciudadano eritreo-etíope se negó a continuar el viaje.
El solicitante declaró a activistas que fue anestesiado antes de abordar el avión hacia Bangkok. El Ministerio de Justicia negó esta acusación, pero el abogado del etíope, Shogo Watanabe, anunció que ambos planean iniciar un juicio contra el gobierno este mes.
Sin embargo, los propios abogados admiten que uno de los problemas es la ausencia de normas claras para determinar quién puede ser refugiado.
"Las leyes de inmigración no establecen claramente los criterios para la concesión del estatuto de refugiados", y "hay poco que podamos hacer para detener esta violación flagrante de los derechos humanos", dijo Ohashi.
Mientras, los extranjeros que permanecen en Japón más allá del plazo permitido se agolpan en las oficinas de inmigración desde septiembre, en un esfuerzo por poner sus papeles en orden antes que comience a aplicarse la nueva ley que penaliza a los inmigrantes ilegales, el día 18.
En la última década, Japón recibió una ola de inmigrantes procedentes en general de otros países asiáticos, como China, en busca de los trabajos que la mayoría de los japoneses no quieren debido a las largas jornadas o a condiciones peligrosas.
Actualmente hay en este país unos 270.000 trabajadores extranjeros que permanecen más allá del período permitido en sus visas, estimó el Ministerio de Justicia. (FIN/IPS/tra-en/sk/ccb/js/mlm/pr-hd/00
