La propuesta de crear una policía antidrogas de América Central provocó un intenso debate en una reunión de dos días que concluyó hoy en la capital de Costa Rica, ante el temor de que afecte la soberanía de los países de la región.
La controversia entre la lucha conjunta contra el narcotráfico y el resguardo de la soberanía de los estados ocupó buena parte de esta "Primera Reunión Regional contra la Narcoactividad y la Corrupción".
"En América Central crece la idea de que debemos integrarnos en esta lucha, y una manera de ganar esta batalla es creando nuevos instrumentos de ataque", dijo a IPS el ministro de Seguridad de Costa Rica, Rogelio Ramos.
Al encuentro, organizado por el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica (Foprel), asistieron delegados de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
El debate se desató ante la propuesta de crear una policía centroamericana especializada para combatir la actividad de las organizaciones criminales y decomisar cargamentos de droga en cualquiera de los países del istmo.
Acorde con esta iniciativa, el presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, sugirió disminuir los recursos destinados a las fuerzas armadas y destinarlos a la lucha antidrogas.
"Lo difícil es cómo conjugar los esfuerzos antinarcotraficantes sin violar las soberanías", sostuvo el presidente del parlamento de El Salvador, Juan Duch.
Todas las propuestas coinciden en la necesidad de aumentar la cooperación, pero difieren en su implementación. Unos entienden que debe hacerse creando un cuerpo policial único de la región, otros proponen especializar las fuerzas de cada país, y hay quienes piden la ayuda directa de Estados Unidos.
Washington, invitado especial a la reunión de San José, informó que continuará apoyando a la región en su lucha contra las drogas con entrenamiento, recursos y apoyo moral.
"Nosotros queremos seguir manteniendo acuerdos antidrogas, pero somos claros en que respetamos la soberanía de los países", dijo a IPS la subsecretaria del Departamento (ministerio) de Defensa de Estados Unidos, Ana María Salazar.
La salida de las fuerzas militares estadounidenses del canal de Panamá hizo que comenzáramos a negociar con algunos países de la zona para que permitan a los aviones de ese país utilizar aeropuertos locales para abastecimiento, señaló Salazar.
Agregó que mediante un convenio con Aruba y Curacao se habían instalado en estas islas del Caribe plataformas y radares.
Por su parte, el subcomandante en jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, mayor general Alfred Valenzuela, aseguró que solo "buscan lugares para aterrizar y abastecernos, pero nunca para volver a instalar bases como las que tuvimos en Panamá".
El interés estadounidense se sustenta en que ingresan por año a su territorio unas 300 toneladas de cocaína, de las cuales cerca de la mitad pasan por el corredor que forman los países del istmo.
Los parlamentarios de América Central indican que una de las principales trabas que enfrentarán en los próximos meses las voluntades de cooperación antidrogas será la poca uniformidad de políticas antinarcóticos en la región.
"Pero, independientemente del debate por la soberanía, está claro que es necesario comenzar a elaborar instrumentos jurídicos internacionales que penen al tráfico de drogas", dijo a IPS Belisario Solano, parlamentario de Costa Rica. (FIN/IPS/nms/dm/ip/00)
